A partir de los resultados de las elecciones de medio término, se reconfigura parte del mapa político argentino. Una de las novedades es el crecimiento de votos que tuvo el partido Avanza Libertad, con referentes como Javier Milei y José Luis Espert y el ingreso, además, como diputada nacional de Victoria Villarruel conocida por su discurso negacionista acerca de la última dictadura. La abogada, de familia militar, dedicó parte de su trabajo y militancia en pos de una «memoria completa» que relativiza el accionar del terrorismo de Estado y pone el foco en las organizaciones políticas armadas.
Avanza Libertad llegó a reunir un piso del 17 por ciento en Ciudad de Buenos Aires, con un énfasis discursivo de proyección nacional. En este marco, El Ciudadano habló con referentes del campo de los derechos humanos sobre una pregunta que ya se viene discutiendo: ¿se pueden penalizar las expresiones negacionistas? ¿Es correcto? ¿Es conveniente? ¿Qué pasa cuando estos mensajes son emitidos por funcionarios públicos o legisladores?
En las elecciones del 14 de noviembre fue elegido como diputado nacional por Santa Fe el actual concejal por el Frente de Todos Eduardo Toniolli. Su papá fue secuestrado en febrero de 1977 y sigue desaparecido. En los noventa, Toniolli comenzó a formar parte de la agrupación HIJOS. Sobre el futuro, en el que compartirá el recinto con personajes como Villarruel, el diputado electo respondió: «No me genera nada particular en términos personales pero sí me parece preocupante que determinados discursos tengan de alguna manera un espacio de representación. Eso quiere decir que evidentemente hay un sector de nuestra sociedad que los considera válidos y eso me preocupa».
Sobre la conveniencia o no de penalizar discursos negacionistas, Toniolli planteó que no es un tema que tenga resuelto: «Me genera muchas dudas, he escuchado argumentos a favor y en contra pero todavía no lo tengo resuelto. Lo que sí, en Argentina hay niveles de conciencia de nuestro pueblo con respecto al repudio del genocidio. No sé si el esfuerzo tiene que estar puesto en esto, no creo que sea hoy uno de los problemas centrales a resolver. También hay un montón de frustraciones de distintos sectores sociales, situaciones conflictivas relacionadas a la crisis económica previa a la pandemia y de la propia pandemia. Algunos de los resultados electorales tienen que ver con que se buscan estas frustraciones para manifestarse. Posiblemente, muchas veces resolver estas situaciones políticas y sociales puede minimizar el impacto de estos discursos. La agenda tiene que ser en este sentido, resolver estos problemas».
A su vez, recordó las expresiones de repudio de la sociedad a intentos de retroceder como el conocido 2×1 en mayo de 2017 para genocidas. «Estas movilizaciones condicionaron a la dirigencia política. Aparentemente, ahora hay una dirigencia que hace una política abierta de esto y esa es la novedad. Hay una parte de la sociedad donde esto pregna». También consideró que Argentina tiene un recorrido de repudio a procesos dictatoriales que contrasta incluso con países de la propia región».
Por su parte, Nadia Schujman, integrante de HIJOS, respondió contundente: «No estoy de acuerdo con penalizar los discursos negacionistas. El derecho penal no puede ser la respuesta a todo. Tiene que pasar por otro lado, por poder discutir estas cuestiones, instalarlas. Todo lo que tiene que ver con la memoria es un terreno en disputa. Hay cuestiones que no son discutibles, no son opiniones, son hechos. Los juicios de lesa humanidad y sus condenas dan cuenta de lo que sucedió».
Schujman consideró que el tipo de respuesta que hay que dar frente a los discursos que niegan o relativizan lo que sucedió en Argentina entre 1976 y 1983 tiene que ser en este sentido: desde la condena social, la difusión de los juicios de lesa humanidad, el trabajo en todos los niveles educativos.
«Los discursos como los de Villarruel, en determinadas situaciones de crisis como vivimos en el mundo y el país, las discusiones sobre derechos prenden. Pero la primera respuesta no puede ser punitiva desde el Estado, no tiene que ser penalizar a alguien, detenerlo y encerrarlo o someterlo a un proceso judicial. Como pueblo tenemos un recorrido de conquistas que se reflejan en marchas del 24 de marzo que son cada año más masivas, las movilizaciones contra el 2×1 con su contundencia y masividad en la calle de todo el abanico político que hizo que la Corte tuviera que recular», explicó y subrayó la importancia de compartir con las nuevas generaciones los lazos que existen entre este pasado reciente con el presente y el futuro.
El fiscal jefe de la Unidad de causas por delitos de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate, se sumó a la discusión. Planteó que si bien no tiene estudiado en detalle el tema le parece pertinente que exista alguna forma de sanción. «No se puede reivindicar tan livianamente lo que pasó en la última dictadura militar, es muy doloroso para gran parte de la sociedad. Atenta contra los principios republicanos, lo que sucedió pasó durante una dictadura militar, no se puede perder de vista esto».
Además dijo: «Creo que el esfuerzo que se hace llevando adelante los juicios tiene que ver casualmente con poder al menos desde el campo jurídico tratar de que esas cosas no vuelvan a suceder o si vuelven a pasar que quede claro que tiene consecuencias. Entonces creo que de alguna forma hay que poner un límite, no poder decir cualquier cosa».
«También creo que lo que molesta es que algo que cuesta tanto como construir memoria y con la cantidad de sentencias que indican que lo que ocurrió fue un genocidio, venga alguien a decir lo contrario de alguna manera es bajarle el precio a lo que implicó el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina», explicó.
Villate también recordó las movilizaciones contra el 2×1 y señaló: «Hay un tensión permanente y creo que la pandemia limitó la posibilidad de que haya manifestaciones populares y masivas. Desarmó eso y dio un espacio a que al menos se someta a prueba cuán vigente sigue todo lo que es la política de derechos humanos. Siempre hubo momentos donde se pone a prueba esto y es la resistencia de la sociedad la que aparece y demuestra que no, que el tema sigue vigente. Hay una tensión, una pugna, en relación a los derechos, siempre pasa. Y los derechos siempre tienen que estar ahí siendo sostenidos».
Al mismo tiempo, el fiscal consideró que si justamente en Argentina existen sanciones penales para aquellos que emitan discursos racistas o clasistas, «¿por qué no penalizar aquellos que implican sostener y defender una política que implicó un genocidio?». También dijo el tema debería estar aún más instalado en la sociedad: «El genocidio tuvo la finalidad de instalar un modelo económico que no funciona sin represión. No somos tan consientes de cuánto marcó a nuestra conciencia colectiva, no sé cómo llamarle. Hay algo inmanente que tiene que ver con aquello, quedó una marca. No es algo que solo pasó hace 45 años».
Por su parte, la diputada provincial Matilde Bruera consideró: «Hace rato que creo que sí hay que criminalizar actitudes negacionistas. Sobre esto hay varios proyectos en el Congreso nacional. Pero creo esto no porque hayan ganado las elecciones personas que sostengan estas ideas. Más allá de si alguien es o no funcionario público, es un delito similar al de la apología: no se pueden negar hechos que han sido probados y condenados. No se puede negar el terrorismo de Estado como fenómeno general».
«En todo caso el debate es sobre la conveniencia política», agregó y explicó: «Creo que así como la construcción de la memoria, verdad y justicia instalaron el tema, darle entidad al negacionismo como tal como conducta punible me parece que también inscribe que no cualquiera puede decir cualquier cosa cuando el terrorismo de Estado ha sido investigado, comprobado y hay muchas condenas».
Finalmente, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -Apdh- sostuvo que la regional de Rosario «se proyectó como misión desterrar toda manifestación que públicamente pretenda legitimar los mecanismos empleados por el terrorismo de Estado a 38 años de la recuperación de la democracia y a 45 años de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico eclesiástica militar. Estos delitos fueron plenamente probados y acreditados en innumerables juicios llevados a cabo en todo el país con sentencia firme y en plena ejecución». Así lo explicó la presidenta de la agrupación, Verónica Gauseño.
En este sentido, contó que presentaron proyectos en los Concejos de Rosario, Laguna Paiva, Pérez y Villa Gobernador Gálvez -donde ya fue aprobado- que apuntan a los funcionarios públicos «en función precisamente del cargo político que ocupan porque el Estado argentino fue pionero en la lucha y en la defensa de los derechos humanos y en el juzgamiento de los genocidas asumió responsabilidades internacionales de las cuales los dichos o hechos y chicanas políticas expresadas por los funcionarios generan responsabilidades para con el Estado argentino».
Federico Pagliero integra la querella de Apdh en Rosario y la región en los juicios de lesa y puntualizó que el debate no tiene que ver con la libertad de expresión sino que a través de los años se creó una verdad oficial de los hechos de la última dictadura a partir del testimonio de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas. La historia, consideró, se escribe también a partir de las sentencias que dio Argentina en los últimos diez años.
