Bianca Concatti **
La cuestión de los derechos humanos en el Sudeste Asiático históricamente fue un asunto interno de cada uno de los Estados, hasta que en septiembre 2009 se creó la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asean.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés) es una organización gubernamental de cooperación regional, que fue constituida en 1967 por cinco Estados con el propósito inicial de acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional.
Hoy en día cuenta con diez países miembros (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya) y tanto sus funciones como objetivos se han visto ampliados, al igual que en otros procesos de integración regional del mundo.
Uno de estos aspectos tiene que ver justamente con los derechos humanos. En junio de 1993 tuvo lugar en Viena la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional renovó su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos.
A partir de entonces, los países del Sudeste Asiático comenzaron a trabajar para desarrollar un mecanismo regional de protección de dichas facultades.
Fue así como luego de años de trabajo conjunto entre los gobiernos y otros actores claves de la sociedad civil, se logró establecer en 2009 una comisión de derechos humanos en el marco de la Asean, que constituyó el primer organismo de su clase en la región.
En efecto, la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos tiene como principal tarea promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos que conforman la asociación, así como impulsar la cooperación regional en esta temática.
Declaración de Phnom Penh
En septiembre de 2019 el organismo cumplió 10 años desde su creación, pero los avances en la materia tienen un sabor agridulce. Si bien por un lado hay que destacar importantes progresiones, por el otro lado todavía resta mucho por trabajar.
Dentro de los aspectos positivos cabe resaltar, en primer lugar, que con la creación de la Comisión el sistema de derechos humanos del Sudeste Asiático ha ido más allá de un régimen puramente declarativo.
En este marco, los gobiernos de la Asean han implementado medidas y acciones prácticas encaminadas a orientar a todos los Estados, incluidos los más reluctantes, a realizar reformas en sus legislaciones nacionales y en sus sistemas judiciales para la correcta garantía y respeto de los derechos humanos.
En segundo lugar, la Comisión sirve de foro de discusión para posteriormente acudir a los mecanismos universales de derechos humanos con posiciones consensuadas.
En relación con ello, los países de la Asean han declarado su apoyo a las normas internacionales y defienden la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
A su vez, han adoptado varios documentos claves; pero el paso más importante lo dieron en 2012, cuando en la 21ª Cumbre de la Asean celebrada en Camboya se promulgó la Declaración de los Derechos Humanos de la organización, más conocida como la Declaración de Phnom Penh, que contempla los derechos fundamentales de los individuos de la región.
Funciones muy modestas y efecto paralizador
El otro logro relevante es que a partir de 2012, debido a las fuertes presiones de las organizaciones civiles de derechos humanos, las comunicaciones y quejas sobre violaciones de derechos humanos se pueden enviar a la Comisión a través de la Secretaría de la Asean.
No obstante, hasta el momento el organismo aún no ha tomado ninguna acción pública para responder a las situaciones presentadas, por lo que ha demostrado ser débil e ineficaz en el tratamiento estas cuestiones.
De ello se desprenden algunos puntos endebles que en estos diez años la organización no ha podido remediar. El primero tiene que ver con el Estatuto de la Comisión, cuyas funciones son muy modestas si se compara con los mecanismos existentes en otras regiones.
De hecho, en la Cumbre inaugural de 2009 el Primer Ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, dejó bien en claro que la función de la Comisión no sería investigar los abusos ni perseguir a sus responsables, sino fomentar el respeto de los derechos humanos y educar sobre su significado.
Por otra parte, la Comisión asiática ha estado inactiva y restringida ya que todas las decisiones requieren que se tomen por consenso, lo que significa que cada Estado puede rechazar, mediante veto, las críticas a su propio historial de derechos humanos.
Esto ha producido un efecto paralizador en sus acciones, sumado a que el Estatuto no prevé que los representantes de la Comisión tenga la posibilidad de realizar visitas oficiales a los Estados miembros, salvo que cuente con la previa invitación por parte de éstos.
Asimismo, el hecho de que el órgano presente sus informes ante la Reunión Ministerial de la Asean revela que no es independiente y que funciona más bien como un organismo auxiliar.
En este sentido, la falta de requisitos vinculantes de independencia y competencia para sus miembros, y el énfasis en las “particularidades regionales” y la “no injerencia en los asuntos internos”, dan cuenta de la ausencia de un mandato claro de protección de los derechos humanos.
Falta de voluntad política
Finalmente, algunas ONGs defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han criticado abiertamente la falta de protección de los derechos de las personas de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) y de los pueblos indígenas, que no han sido incorporados al texto de la Declaración de los Derechos Humanos de la Asean.
Desde su perspectiva, esta situación podría minar el respeto por las normas universales de derechos humanos. Cabe destacar entonces la intención de progresar en la institucionalización de un organismo regional de tutela de los derechos humanos en el Sudeste Asiático, pero no se pueden desconocer las dificultades que hasta el momento viene atravesando.
En efecto, la falta de voluntad política de los gobernantes para avanzar en el desarrollo de investigaciones y en la persecución de los responsables de los abusos contra los derechos humanos, da cuenta de las debilidades de la Comisión para garantizar su efectivo cumplimiento.
Esto tiene su correlato en que una parte considerable de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales son cometidas por la propia estructura estatal. Como resultado, la cuestión de los derechos humanos en esta región de Asia debe ser un aspecto a reforzar.
** Escuela de Ciencia Política (UNR)
