Esteban Guida / Especial para El Ciudadano
Fundación Pueblos del Sur (*)
La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Cuando un gobierno oculta información, tergiversa los hechos o cambia el sentido de las cosas, está yendo en contra del pueblo y de la verdadera democracia. Esto también ocurre cuando a espaldas del pueblo se toman decisiones que van en contra de los intereses nacionales.
La relación entre la Argentina y el Club de París tiene mucho que ver con esta práctica de resolver los asuntos importantes siguiendo un interés ajeno al del pueblo. Y cuando el ocultamiento ya no es posible, aparecen las estrategias ideológicas y discursivas que impiden al pueblo aplicar el más simple y práctico sentido común para juzgar los actos de gobierno; sin información (o con la información cambiada) se hace muy difícil entender qué está pasando, y para qué lado patea cada jugador…
A propósito de las recientes negociaciones por el pago de la deuda con el denominado Club de París, sirve indagar un poco más para no quedarnos con la superficialidad del discurso que nos llega sobre de este tema.
En primer lugar hay que decir que el Club de París no es un club como todos suponemos, mucho menos un organismo internacional de crédito, como algunos siguen creyendo y afirmando. Un club tiene personería jurídica, un estatuto y hasta reglamento interno; un organismo internacional también, pues cumple con un funcionamiento establecido formalmente, tiene autoridades visibles y está sujeto a una legislación vigente. Este atípico club, es tan sólo un “grupo informal de acreedores” como se comunica desde su sede en París, del que forman parte oficialmente 22 países (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza).
En segundo lugar, la deuda que tiene Argentina no es con el Club de París, sino con algunos de los 22 países que integran este grupo informal, que opera como un lobby político sobre los países deudores. Está claro que no es lo mismo negociar bilateralmente una deuda comercial, que en el peor de los casos (con Alemania) es de aproximadamente 400 millones de dólares sin intereses ni punitorios, que tener que desembolsar 2.400 millones de dólares de contado para no caer en la desgracia mundial de un default. La Argentina no tiene por qué viajar a Francia para resolver los asuntos comerciales que tiene con cada uno de los países que integran el Club de París; sin embargo, se acepta cuando se trata de la deuda externa…
En tercer lugar, tampoco es cierto que los países acreedores reunidos informalmente en este club le hayan prestado a la Argentina el dinero que reclaman; los países no se dedican a prestar dinero a otros países, salvo algunas excepciones que siempre tienen por detrás un objetivo político. El origen de esta deuda, que han accedido a refinanciar todos los gobiernos argentinos desde Aramburu (de facto) hasta la actualidad, son los saldos comerciales que nuestro país tenía al año 1956 producto de sus vínculos comerciales con algunos de estos países. Posteriormente su sumaron otros compromisos (como por ejemplo con Gran Bretaña, por la compra de dos helicópteros que hizo el último gobierno militar, aunque el país nunca los haya recibido); pero el grueso de la deuda corresponde a intereses por moras y punitorios de saldos comerciales; es decir, deuda sobre deuda.
En cuarto lugar, es fundamental conocer los antecedentes para poder entender cómo es que, siendo informal, este club tiene la importancia que se le otorga. Durante las dos presidencias de Juan Perón (1946-1955) la Argentina se había mantenido al margen de las imposiciones económicas y monetarias de Estados Unidos, realizando acuerdos comerciales bilaterales con numerosos países, que le permitían importar y exportar por fuera del área Dólar. De esta forma, el país pudo sostener una política de desarrollo e industrialización, evitando la subordinación a las dos potencias dominantes del momento (USA y URSS) a pesar de las dificultades que implicaba mantener su tercera posición soberana. La conducta de Argentina era una abierta y franca oposición al régimen imperial, que ocupaba geopolíticamente mediante la expansión del área Dólar, exigiendo un multilateralismo controlado (financiado) por el FMI. Esto explica la participación norteamericana en el golpe militar de 1955 y la primera reunión del Club de París que se organizó exclusivamente por la Argentina, un mes después de que nuestro país aceptara las condiciones de Bretton Woods, adhiriendo al Fondo Monetario Internacional. Con el abandono del modelo peronista de protección a la industria nacional y de control de capitales, se terminaron las relaciones comerciales bilaterales y se accedió al esquema impuesto por Estados Unidos, recurriendo al endeudamiento externo para financiar los saldos deficitarios del Balance de Pagos.
De ahí el vínculo estrecho entre el Club de París y el FMI; no sólo porque los países acreedores utilizan la institucionalidad del organismo internacional para presionar sobre los deudores, sino que responde además a la División Internacional del Trabajo, en la cual Argentina no puede, ni debe, aspirar a ser soberana e independiente. Mantener al país en una situación de dependencia crónica del endeudamiento externo, resulta una efectiva herramienta de subordinación política y económica (sobre todo para países que han intentado –con éxito– enfrentar el sistema imperial de dominación).
En este sentido, vale destacar un último punto, que refiere al desempeño de la dirigencia argentina responsable de estas negociaciones. El acuerdo celebrado en 2014, bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y su ministro Axel Kicillof, validó la gravosa carga de intereses sobre intereses, más punitorios y costes, aceptando un arreglo por el doble de lo que se debía en 2001, cuando el país entró en cesación de pagos. Una de las cláusulas que Kicillof aceptó establecía que si no se cancelaba en término la última cuota del programa de pagos, la tasa que aplicaba a toda la renegociación ascendía al 9%. Justamente, la última cuota de aquel arreglo, por valor de 1.800 millones de dólares, vencía durante el cipayo gobierno de Mauricio Macri, quien la dejó sin pagar (lo mismo hizo Alberto Fernández en 2020) a pesar de haber permitido y financiado con deuda pública una fuga de más de 80.000 millones de dólares.
¿Cómo se llega a los 2.400 millones de dólares, de una última cuota por valor de 1.800 millones de dólares que venció en 2019? ¿Cómo es que los dirigentes que conocen esta situación no denuncian abiertamente lo que ha ocurrido y plantean el callejón sin salida en el que nos han metido? Ni Kicillof, ni Guzmán, ni Cristina, ni Alberto han explicado la verdad de esta situación: una nueva estafa contra el pueblo argentino de la que todavía sabemos muy poco.
Vale destacar que el planteo no es simplemente “no pagar”, como infantilmente plantea un sector político, puesto que de esa manera los gobiernos cómplices del sistema de dependencia y usura internacional cuentan con una propuesta inviable para enfrentar.
El punto es que la dirigencia, si es que realmente tiene el patriotismo, el coraje y la voluntad de representar a los argentinos, tiene que encarar cualquier negociación de frente al pueblo, diciendo la verdad y defendiendo los intereses de la Patria. Es hora de que el pueblo sepa todo y juzgue si quienes dirigen tan importante empresa están a la altura de los deseos y aspiraciones de los hijos de esta Patria.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
