La plaza frente a Tribunales Provinciales, Balcarce y Av. Pellegrini, se llenó de carteles y remeras con una serie de nombres propios que fueron condenados a un mismo destino: las balas de la policía. Este viernes la Multisectorial contra la Violencia Institucional marchó contra el gatillo fácil, acompañada de organizaciones sociales y políticas, por sexto año consecutivo. A nivel nacional ya lleva ocho ediciones.
La multisectorial está integrada por varias organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos así como por familiares de víctimas de la violencia policial en Rosario. Se conformó oficialmente en 2016 aunque desde 2014 diversos colectivos reunidos a partir de casos particulares fueron constituyendo un antecedente de lucha colectiva.
Este año la convocatoria a la marcha fue bajo el lema «Donde hubo fuego, luchas quedan», en alusión al ecocidio que se vive en toda la región a orillas del Paraná. «Nos interesó marcar esta asociación o hermandad de las luchas con lo que está sucediendo en los humedales y la forma en que la ciudad se vuelve invivible, donde hay plomo y humo por todos lados», especificó a El Ciudadano Marilé Di Filippo, investigadora de la universidad, docente e integrante de la Multisectorial desde su creación.
Madres de Plaza de Mayo, La Poderosa, Movimiento Evita, Ciudad Futura, Barrios de Pie, Sindicato de Cadetes, La Toma, Corriente Clasista y Combativa, Partido de Trabajadores Socialistas, Partido Obrero, Frente de Izquierda, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Amsafé, Sur, Centro de Estudiantes del Superior de Comercio, se encolumnaron detrás de la multisectorial. También estuvieron presentes organizaciones del colectivo LGBTIQ+ con banderas contra los travesticidios y la pregunta ¿Dónde está Tehuel? (el joven trans desaparecido en marzo de 2021 cuando fue a una entrevista de trabajo en provincia de Buenos Aires).
Al menos cinco cuadras repletas de manifestantes realizaron el recorrido de la marcha que fue por Boulevard Oroño hasta la Plaza San Martín frente a la sede de gobierno provincial, Dorrego y Santa Fe. Cuando pasaron frente a los Tribunales Federales se detuvieron a cantar con más fuerza contra el accionar de la policía y la negligencia de los Estados en todos sus niveles.
Al llegar a la plaza los esperaban varios stands de una feria que incluía venta de comida y artículos varios. También un escenario listo para dar lectura al documento oficial.
Di Filippo sintetizó los principales lineamientos de la convocatoria de este año: «Tenemos una especial preocupación por una situación de la ciudad que creemos muy compleja, que la vuelve bastante invivible y que tiene que ver no solo con la violencia institucional que es nuestro principal reclamo sino también con la escena de violencia urbana que estamos atravesando todos y que tiene principalmente a los victimarios y las victimas, sobre todo ellas, en los territorios de los barrios populares. No hablo de los victimarios en términos de quienes manejan los grandes negocios, las grandes economías ilegales, sino muchas veces de los que están ahí poniendo el cuerpo en esos enfrentamientos que se llevan la vida de los jóvenes». Rosario lleva 194 asesinatos en lo que va del año.
Una deuda de la democracia
El primer punto del documento que se leyó en el acto fue para exigir al Estado «que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas».
«La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia», establecieron e indicaron que no se trata de casos aislados en la ciudad sino de una práctica que se extiende por todo el país, «violatorias de los derechos humanos», «sistemáticas y extendidas en el tiempo» y llevadas adelante por «las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional».
También subrayaron que se trata de acciones que «muchas veces resultan permitidas, avaladas, generadas y negadas por distintos gobiernos; produciéndole al Estado Argentino responsabilidad internacional».
Di Filippo también especificó de qué hablan cuando dicen gatillo fácil: «Para nosotros es una categoría discutible: la utilizamos porque de alguna manera es la forma en la que popularmente se nombra este problema pero para nosotros el gatillo fácil a veces hace alusión a la idea de una suerte de situación de pérdida de control de un agente especifico. Creemos que es efectivamente un problema estructural, que la violencia institucional tiene que ver tanto con las formas más letales, es decir, con aquellas que se llevan la vida de los pibes como con otra serie de prácticas de menor intensidad como hostigamientos, apremios ilegales, persecución, agresiones verbales y físicas de las fuerzas de seguridad».
En este sentido, puntualizó que éstas inciden excesivamente en el tránsito de muchos jóvenes por la ciudad y que generan situaciones de discriminación una y otra vez. «No a todos los ciudadanos de Rosario nos pasa lo mismo en nuestras interacciones con la policía», refirió en relación a las discriminaciones contra los habitantes de los barrios más periféricos.
En la lectura del documento también hablaron de la construcción de un proceso de Memoria, Verdad y Justicia enlazado a las luchas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo así como de HIJOS, familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y los Padres del Dolor.
Refirieron a algunas causas judiciales puntuales, como la del asesinato de Carlos “Bocacha” Orellano que el 24 de febrero del 2020 salió a bailar a La Fluvial y apareció sin vida en el río, dos días después. «Hay cuatro policías imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y sus familiares amigues han padecido un sinnúmero de irregularidades y hostigamientos a lo largo de estos 29 meses de lucha», recordaron.
También el caso de desaparición forzada de Franco Casco, ocurrido en octubre de 2014, cuyo juicio oral y público se está desarrollando, donde hay 19 policías imputados. Y el asesinato de Jonatan Herrera, donde expresaron «nos encontramos en estado de alerta, a la espera de la crucial decisión por parte del tribunal compuesto por Carolina Hernandez, Gabriela Sanso y José Luis Mascali, quienes deben dictar una nueva sentencia, ya que el fallo que rige sobre el policía Rosales, principal responsable del asesinato de Jonatan, fue considerado arbitrario por la Corte Suprema de Justicia de la provincia».
María Elena, la mamá de Jonatan, dijo a El Ciudadano que esperan que haya una condena a prisión perpetua y que sería importante que toda la sociedad se solidarice con estos reclamos: «Nos gustaría que no esperen que les maten un hijo para salir a reclamar justicia. Todo el mundo tendría que salir a reclamar. A mí me paso y creo que a todos los padres que están acá les pasó lo mismo y no queremos que pase más porque del dolor y la tristeza no se sale nunca más».
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) contabilizó en Argentina, entre 1996 y 2021, 8.172 víctimas de violencia institucional.
El resto del documento dice así:
«El Poder Ejecutivo es responsable por las prácticas abusivas y represivas de las policías, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario; y por no contar con políticas adecuadas para la detección, prevención y sanción.
Manifestamos en esta ocasión nuestra preocupación por lo que consideramos un gravísimo retroceso en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe en donde se ha designado como Ministro de Seguridad al ex comisario Rubén Rimoldi, colocando en manos policiales la conducción política de la seguridad provincial. Sostenemos que las políticas de seguridad deben ser democráticas y respetuosas de los derechos humanos y eficaces para proteger a quienes están más expuestos. El actual contexto ha puesto en evidencia, que continúan siendo recurrentes los casos de violencia institucional que incluyen hechos graves de tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones.
Las fuerzas de seguridad han profundizado sus prácticas represivas y delictivas en los barrios populares de nuestro país. Nos preocupa el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima esteaccionar punitivista del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos.
El Poder Legislativo es responsable por la sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura” y por la no creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura.
El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta de jueces y fiscales. La fiscalía, en casi todos los casos, avala el relato policial y permite que la propia policía realice las primeras actuaciones. Focaliza sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de investigar a les victimaries.
Asimismo, la mayoría de les jueces no sancionan adecuadamente estas prácticas. En una ciudad donde se producen muertes violentas casi todos los días nos movilizamos para exigir al Estado políticas de cuidado que garanticen el derecho a la vida a les jóvenes de los barrios populares. Nos manifestamos para que Rosario sea una ciudad vivible, sin humo ni plomo.
Creemos firmemente que sólo a partir del activismo y la militancia de víctimas, familiares y amigues de las víctimas, con el apoyo y el trabajo de las organizaciones podremos resistir, denunciar y revertir estas graves violaciones a los Derechos Humanos.
Marchamos para visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos “Bocacha” Orellano, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles París, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Alan Rivero, Gabriel Guzman, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo, Juan Cruz Vitali, Kevin Pacheco, les jóvenes torturades en las 4 plazas, los 7 jóvenes de la masacre sucedida en la Comisaría 1° de Pergamino: Franco Pizarro, Sergio Filiberto, Juan José Cabrera, Alan Córdoba, Federico Perrotta, Fernando Latorre y Jhon Mario Claros; exigimos justicia por Leandro Bravo asesinado por la policía chaqueña el 26 de febrero de este año y por tantos otres pibes víctimas de violencia institucional.
Reclamamos también por las múltiples formas de violencia institucional, mujeres y la comunidad LGTTTBQI+.
Repudiamos las múltiples formas de violencia contra las trabajadoras sexuales.
Seguimos exigiendo justicia por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
¡No al archivo de la causa! Justicia por Rafael Nahuel!
Denunciamos la participación de las fuerzas de seguridad y policías en mercados ilegales, como trata de personas, el de armas y municiones o drogas ilegalizadas.
Repudiamos la represión a las familias, vecines y militantes durante la toma de tierras en Magaldi.
Exigimos el acceso a viviendas dignas. No a los desalojos.
Exigimos el desarchivo de la causa que investiga los móviles políticos y autores intelectuales del asesinato del militante Cristian Aquino.
Exigimos el cierre de causas a los militantes de La Sexta Resiste y del Espacio Comunitario de La Paz y Esmeralda por defender a las familias del barrio contra los desalojos.
Exigimos el archivo de las causas penales armadas contra los familiares de Dante Fiori y militantes sociales.
Exigimos esclarecimiento de la causa por el asesinato de Alan Rivero.
Justicia por Lilian y María Carmen Villalba las dos niñas argentinas asesinadas por el estado paraguayo. Aparición con vida de Lichita. Libertad a Laura y Carmen Villalba.
Exigimos a Alberto Fernandez, Omar Perotti y a Pablo Javkin que, a través de políticas públicas adecuadas, garanticen el derecho a una ciudad que sea habitable y vivible.
Ley de Humedales ya!
Exigimos políticas de seguridad integrales. ¡No más muertes violentas en los barrios!
Exigimos a los 3 poderes que se implementen políticas adecuadas para la prevención, detección y sanción de violencia institucional.
Exigimos que se garantice el acceso a la justicia y la reparación integral de víctimas y familiares. No a la persecución de los peritos que acompañan las causas!
Exigimos el apartamiento inmediato de las fuerzas de seguridad y agentes policiales involucrados en casos de violencia institucional.
¡NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS!, ¡NI UNA BALA MÁS!
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA!
¡NO A LA MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS!
¡EL ESTADO Y LOS GOBIERNOS SON RESPONSABLES!»
