Que sea ley. Lo dijeron un millón de mujeres, lesbianas, travestis y trans en las calles de los alrededores del Congreso Nacional en el invierno de 2018. Lo repitieron en los últimos dos años en cada fecha del calendario feminista, en cada charla y movilización, en los pines en las mochilas, en hashtag en las redes y stickers de whatsapp. La frase se hizo libro, película, remera. Se volvió una especie de mantra, esperanza verde, deseo que se vuelve certeza. Y este martes fue ratificada por el presidente Alberto Fernández cuando anunció el envío del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo al Congreso Nacional. Al cerrar el video en el que definió al aborto como un problema de salud pública usó las tres palabras que resumen la pelea de más de 30 años por el derecho a decidir en la Argentina. Ahora queda el trayecto de pasar el “que sea ley” a tiempo presente y que este verano el aborto sea legal, seguro y gratuito.
El envío del proyecto de ley cumple con la promesa de campaña del presidente, postergada por la pandemia de coronavirus. El proyecto de Poder Ejecutivo fue anunciado por Fernández en la apertura sesiones del Congreso el 1 de marzo de 2020 y estaba previsto que fuera presentado a mediados de ese mes, pero quedó en suspenso por la llegada del covid-19. Se trata de la primera vez en la historia del país que un presidente toma posición abiertamente a favor de la legalización del aborto e impulsa el debate con un proyecto propio.
Pañuelazos en todo el país: también hubo intervenciones en Rosario y Santa Fe por el aborto legal
Pero la llegada al Congreso Nacional es resultado de mucho más que decisión política. La pelea por la legalización del aborto en Argentina empezó en los ochenta con las primeras luchas feministas que se cristalizaron en la Comisión por el Derecho al Aborto creada en 1988. Continuó, se consolidó y volvió federal con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nacida de los debates en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ahora plurinacionales y con las disidencias). La Campaña presentó el primer proyecto en 2007 y el último en 2019, que tiene estado parlamentario y será discutido con el del ejecutivo. La lucha se potenció y ganó masividad a partir del Ni Una Menos de 2015. Y en 2018 demostró su fuerza con un millón de personas en las calles que demostraron que en Argentina la sociedad ya despenalizó el aborto.
De aprobarse este verano, los feminismos argentinos serán una vez más punta de lanza en Latinoamérica, una región particularmente desigual a la hora de hablar del acceso al derecho a decidir: el 97 por ciento de las personas gestantes vive en países donde el aborto está penalizado y sólo 6 países permiten la interrupción voluntaria sin causales.
Una multitud elevó pañuelos verdes frente al Congreso para pedir la legalización del aborto
Para la integrante de la Campaña de Rosario y de la comisión redactora, Silvia Augsburger, el envío en el Día de la Militancia fue una reivindicación: “El gobierno reivindicó el movimiento feminista como autor de este enorme paso. Hay una convicción del presidente pero el envío es producto de las fuerzas feministas. Así como la militancia peronista devolvió a Perón al país, nosotras hicimos el aborto legal en Argentina”.
Augsburger fue diputada cuando en 2008 ingresó el segundo proyecto de la Campaña con su firma. “Si vemos las fotos explican qué pasó estos años. En 2018 éramos seis o siete mujeres maduras. Y en 2018 éramos un millón, en su mayoría jóvenes”, recordó en diálogo con El Ciudadano.
Mabel Gabarra, también integrante de la Campaña y de la comisión redactora, consideró el envío como un paso más para que la ley sea una realidad. Para ella es importante poner atención a los grupos antiderechos y a las manifestaciones de violencia que se vienen dando en los últimos meses. Incluso, después del anuncio presidencial escribieron en las calles del congreso una pintada que decía “si hay aborto, hay guerra”. “Estos grupos se han vuelto antidemocracia. Vemos pensamientos que nos retrotraen a un pasado en el que las mujeres no tenían derechos. El aborto legal es un derecho que amplía, no cercena ningún otro. Es una posibilidad para todas, mientras que la restricción es para algunas. Esperamos que prime la racionalidad. Nosotras no estamos dispuestas a la guerra, peleamos por la paz de ampliar derechos y tener cada vez más democracia”, dijo Gabarra.
El proyecto
El proyecto de ley del Ejecutivo fue redactado por un equipo liderado por Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, feminista y co-autora de la ley de matrimonio igualitario. En términos generales plantea los mismos lineamientos que el de la Campaña con algunas diferencias que generan reparos.
En primer lugar, estipula el aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo inclusive. Más allá de ese plazo, será legal en casos de violación y riesgo de salud de la persona gestante, como ya ocurre desde 1921. En este último caso, se exigirá una declaración jurada de la persona gestante ante el personal de salud. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. La práctica deberá garantizarse en un plazo de 10 días, en el de la Campaña son 5.
Una de las diferencias es que el del Ejecutivo prevé penas en el Código Penal después de la semana 14, algo que el de la Campaña elimina para que no haya criminalización. Sobre este punto, Augsburger, explicó: “Nunca una mujer que aborta es una criminal. Es una cuestión conceptual pensar que una mujer es delincuente por practicarse un aborto. Este punto puede traer problemas en la aplicación porque va a hacer es que no recurra a un efector de salud y corra riesgos. Hoy por la criminalización tenemos 38 mil internaciones anuales por complicaciones por aborto, para terminar con eso no puede estar en el Código Penal”.
El proyecto establece también que la práctica será incluida en el Plan Médico Obligatorio y cubierta por el sector público, las entidades de medicina prepaga y obras sociales.
Otra de las diferencias en relación a la garantía por parte del personal de salud, es que el del Ejecutivo incluye la objeción de conciencia. Dice que las y los profesionales de la salud tendrán derecho a ejercerla, pero no podrán hacerlo en el caso de que esté en riesgo la vida de la persona gestante. Tampoco podrán objetar si tienen que atender un postaborto. En el proyecto votado en 2018 ya había sido agregada para sumar votos indecisos, pero en la nueva redacción de 2019 la Campaña no lo incluyó por considerarlo una herramienta para obstaculizar.
Gabarra dijo sobre este punto: “La objeción de conciencia no es una objeción, sino una restricción de un derecho a la conciencia de otra persona. Consideramos que es una herramienta que se utiliza para cercenar derechos. En un lugar chico donde hay un solo médico ¿cómo se hace para derivar? Es cierto que el proyecto es claro que si no puede derivar debe garantizar. Eso nos parece bueno porque debe primar la salud de la paciente”.
En este sentido, sobre la objeción el proyecto dice que el o la profesional deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión; derivar a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones; adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica; y cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. “El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda”, agrega el proyecto.
Las integrantes de la Campaña destacaron los puntos en relación a las niñas y adolescentes, que fueron redactados en sintonía con el nuevo Código Civil de 2015. En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud de IVE deberá ser efectuada mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En los casos de adolescentes de entre 13 a 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En esos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales. Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
El proyecto incluye también la referencia a la educación sexual integral (ESI). La diferencia con el de la Campaña es que no plantea incluir aborto dentro de los contenidos de ESI.
Los votos y el debate
Como adelantó Vilma Ibarra, el proyecto será tratado en sesiones extraordinarias, por lo que es probable que empiece a discutirse en diciembre. Si bien no hay fechas definidas aún, se sabe que tanto el Ejecutivo como la Campaña esperan un tratamiento rápido, ya que la ley fue ampliamente debatida en 2018 con más de 700 especialistas y referentes que opinaron a favor y en contra. De hecho, los dos proyectos recogen ese debate en la redacción.
Mucho se dice sobre el poroteo y sobre si están garantizados los votos. Tanto desde el oficialismo como desde la Campaña cuentan con que los votos estarán garantizados en ambas cámaras. Más allá del voto a voto, lo más importante serán los acuerdos políticos. El hecho de que el debate sea habilitado e impulsado por el Poder Ejecutivo es un punto a favor. Además, importante saber que ningún poroteo está dado o cerrado. Ya pasó en 2018 cuando hasta último momento en Diputados no daban los números. O en 2010 cuando el matrimonio igualitario parecía que no salía y a la madrugada el Poder Ejecutivo fue clave para dar vuelta un resultado adverso. Se suma que el debate tendrá a los presidentes de las dos cámaras al frente de la discusión y tanto Sergio Massa como Cristina Fernández apoyan la legalización.
Otro de los vientos a favor está en las comisiones. Las cuatro por las que debe pasar en Diputados tienen a cargo legisladores a favor de la legalización del aborto: Cecilia Moreau del Frente de Todos (FDT) en Legislación General; Carolina Gaillard (FDT) en Legislación Penal; Pablo Yedlin (FDT) en la de Salud; y Mónica Macha (FDT) en la de Mujeres (una de las comisiones en las que se subdividió la extinta de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia). Esta última será la comisión que presidirá la discusión parlamentaria. En 2018 estaba dividido mitad y mitad. En este sentido, un ítem positivo es que ya se conformó una mesa de trabajo en Diputados con Sergio Massa, legisladoras, legisladores y referentes de la Campaña, donde se organizará el debate legislativo.
Ya Vilma Ibarra anticipó hace unos meses en una entrevista que para ella el proyecto debía llegar con las condiciones garantizadas para su aprobación. Ahora ya llegó. Y, sin dudas, el viento sopla verde hacia un verano con aborto legal.
