La Justicia provincial dictó la quiebra del empresario rosarino Federico Carlos Gilli, socio de la firma Gilli Inmobiliaria SRL y director de la desarrolladora Grupo Lands SA. Lo hizo a través de un fallo del Juzgado Civil y Comercial de la 14ª Nominación, a cargo del Marcelo Carlos Mauricio Quaglia, en el cual nombró como síndico del proceso a la contadora Vanina Muro.
La resolución se da como resultado de una situación económica que desde el entorno de Gilli calificaron como «delicada» a raíz de diversas problemáticas que afectaron los negocios de la compañía (y consecuentemente el patrimonio del damnificado). Se trata de un fallo de primera instancia.
Según publicó días atrás el portal de Economía y Negocios Punto Biz (en base a información que brinda el Banco Central de la República Argentina), a la fecha Federico Carlos Gilli posee una deuda de 277.000 pesos con diferentes bancos y tarjetas de crédito, en niveles que la entidad considera como de riesgo medio y alto. El pasivo más grande está acumulado con el banco ICBC ($132.000), lo sigue el que tiene con American Express ($97.000) y en último lugar con el Nuevo Banco de Santa Fe ($48.000). Asimismo figuran dos cheques rechazadas por falta de fondos, por un
total de $33.617.
Según figura en los libros contables, Federico Andrés Gilli comparte su carácter de socio mayoritario en la firma Gilli Inmobiliaria SRL con Alejandro Gilli (ambos con mil cuotas parte). Asimismo, Federico Andrés Gilli figura como director titular de la desarrolladora Grupo Lands SA.
La delicada situación de Gilli se da luego de que la empresa tuviera varios inconvenientes en diferentes loteos de la región y fuera acusada por una parte de sus compradores de estafa.
El hecho más conflictivo en la actualidad se da con el proyecto Villa Don Carlos, en Villa Constitución.
La idea de crear un barrio abierto residencial en la periferia de esa ciudad inició con gran éxito en la comercialización en 2012. Por entonces se conformó un fideicomiso administrado por el Grupo Lands, mientras que los compradores ingresaron como inversores aportando un capital cercano a los 10.000 dólares. Ese valor alcanzaba para la adquisición de los lotes, los cuales iban a ser entregados para 2014.
Sin embargo, nada de eso sucedió y hoy el lugar sigue como al comienzo: un campo sin ningún tipo de infraestructura.
En ese marco, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó en septiembre del año pasado por unanimidad un proyecto en el que los legisladores expresaron su «preocupación» por el incumplimiento en los plazos para la entrega de lotes con servicios que ya fueron pagados.
Cerca de 60 vecinos damnificados habían llevado el reclamo a la Legislatura con la presentación de las casi 17 mil firmas recolectadas en esa localidad. “El ex intendente (Horacio) Vaquié les vendió un verso de campaña y prometió 900 lotes. El grupo Lands SA-Gilli Inmobiliaria recaudó 12 millones de dólares y los compradores fueron visiblemente estafados. Aún siguen sin saber cuándo llegará el final de obra”, lamentó por entonces el legislador Carlos Del Frade en diálogo con El Ciudadano.
“Además -consideró– es impresionante la movida de estos vecinos que llegaron a recolectar casi 17 mil firmas, en una ciudad como Villa Constitución que tiene 50 mil habitantes. Si se toma en cuenta que cada localidad necesita 10 mil pobladores para que sea declarada ciudad, entonces casi dos ciudades firmaron y adhirieron al reclamo de estas familias de clase media que dejaron los ahorros de muchos años para adquirir un lote y empezar a construir una casa propia”, indicó Del Frade.
Semanas previas a lo aprobado en la Legislatura, los compradores también habían denunciado severas irregularidades. Reclamaron la aparición de documentación que se firmó en la gestión municipal de Vaquié sobre la certificación de las obras sanitarias que se realizaron para la conexión de agua potable y cloacas. Y exigieron que la empresa desarrolladora reflote el convenio de pago caído con la Empresa Provincial de la Energía, para solicitar la factibilidad de las obras técnicas que se tienen que ejecutar para el tendido eléctrico domiciliario y de alumbrado público.
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Antes del caso sucedido en Villa Constitución la firma también había quedado en el ojo de la tormenta por la venta de otros dos emprendimientos en la región; Funes Town y Funes City, que en conjunto suman unas 2.500 parcelas y forman así el emprendimiento de ese tipo más grande de esa localidad.
La compañía fue cuestionada por comercializar los loteos sin presentar previamente carpetas ante el gobierno provincial del impacto ambiental que generaría el proyecto ni prever obras para mitigar los efectos. Eso incluyó la falta de planificación del tendido cloacal, estudios de impacto vial y tareas que restrinjan la posibilidad de inundaciones.
El hecho generó bronca también entre éstos compradores, quienes quedaron en el medio de una situación complicada ya que sin la aprobación definitiva también vieron demorado durante largo tiempo el trámite de sus escrituras.
Además cuestionaron (algo que sigue hasta el día de hoy) a Gilli por el incumplimiento en los plazos de finalización de obras de servicios, como agua potable y gas natural.
En tanto, Gilli también fue una de las 12 inmobiliarias que el municipio de Rosario clausuró temporalmente en 2016 al poner en práctica con inspecciones la nueva ordenanza que regula el corretaje inmobiliario en la ciudad. La compañía fue cerrada al no contar con ningún matriculado al frente.
