La investigación que hace diez días puso bajo la lupa a una organización acusada de conformar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos violentos, entre ellos tres homicidios, pasó a una segunda etapa este miércoles luego de que 28 personas fueran imputadas como miembros con distintos roles dentro de la banda, cuyo liderazgo le atribuyen a Lucho, uno de los nietos del fundador de Los Monos Ariel Máximo “Viejo” Cantero. La quinta jornada de la audiencia imputativa terminó con prisión preventiva por el plazo de dos años para la mayoría de los acusados, con excepción de tres que acordaron medidas cautelares que no superan los tres meses.
La investigación la comenzó hace un año la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro tras ordenar una serie de escuchas telefónicas para esclarecer un asesinato. Pero durante el transcurso de esa pesquisa surgieron indicios de otros delitos cometidos por una organización que tenía a varios de sus integrantes detenidos por causas distintas. Según la fiscal, se trata de una banda criminal liderada por la nueva generación del clan Cantero dedicada a cometer hechos de homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas además de portación y tenencia ilegal de armas de fuego.
Hace diez días, más de 80 allanamientos en la zona sudoeste, en particular en los barrios Plata, La Granada, Las Flores, Las Delicias y 17 de Agosto sacaron a la luz la causa que terminó con la imputación de 28 personas, de las cuales la mitad ya se encontraba detenida en cárceles provinciales y federales.
Durante la audiencia, que comenzó el 29 de septiembre y finalizó este miércoles, la fiscal acusó a los 28 detenidos de integrar una asociación ilícita. Tres de ellos fueron acusados en calidad de jefes. Se trata de Uriel Luciano “Lucho” Cantero, de 18 años e hijo de Claudio “Pájaro” Cantero, de uno de los jefes de Los Monos asesinado en 2013, quien se encuentra detenido en el penal federal de Marcos Paz. La misma acusación recayó sobre su novia Érica Bullón y su madre Lorena Verdún, ambas detenidas desde enero pasado por otras causas.
En tanto, a Dylan Tomás “Capocha” Baldón le achacaron el delito de organizador mientras que al resto de los acusados los imputaron como integrantes de la asociación en carácter de miembros, en los que se les asignaron roles específicos “que contribuyen al funcionamiento de la misma”.
Se trata de Daniel C., Martín M., Macarena C., María del Carmen M., Santiago A., Marcelo S., Carlos Emanuel F., Bruno C., Facundo M., Facundo D.F., Alexis L., Yamir Jose I., Alberto S., Juan Ignacio G., Guillermo A., Gastón S., Dylan Lautaro C., Lucas P., Brandon A., Fausto Santiago G., Walter A., Juan Hernán E., Ricardo Jorge V. y Tomás R. D.
Tres homicidios
La investigación que inició la pesquisa fue el asesinato de Ulises Gastón Gamarra Urquiza, perpetrado la noche del 23 de febrero pasado en San Francisco Solano y Pueyrredón. La fiscal acusó a Lucho Cantero como instigador de ese crimen y a Capucha, Marcelo Diego S. y Santiago A. por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por promesa remuneratoria en grado consumado, además de portación ilegítima de arma de fuego de guerra.
Además acusó a Capucha de un hecho perpetrado cuatro meses antes del crimen de Gamarra. Se trata de un abuso de armas agravado por la participación de un menor por disparar contra un vehículo luego de haber perseguido a los ocupantes, siendo sus acompañantes otro joven que permanece prófugo y un adolescente que era menor de edad.
Las acusaciones siguieron con una imputación a Yamir José I. por tenencia de armas y tres hechos de encubrimiento agravado por delitos cometidos el 30 de marzo en Pasaje 528 y Pasaje 507, por haber tenido en su poder una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y tres motos con pedido de secuestro activo por robo.
Otro homicidio cometido la tarde del domingo 3 de julio se sumó a la lista de imputaciones contra los miembros de la banda. Se trata de Luciano Muscio, a quien asesinaron para robarle la moto en la autopista Rosario- Buenos Aires, frente a la General Motors Company de la localidad de Alvear. Por ese hecho imputaron a Juan Ignacio G. por homicidio calificado criminis causa, robo calificado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.
A María del Carmen M. la acusaron de haber ayudado a los miembros de la banda a eludir investigaciones de la autoridad, ocultando, alterando o haciendo desaparecer pruebas de delitos contra la propiedad al inscribir a nombre de cualquiera de los miembros de la banda los vehículos robados por la banda por medio de la confección de boletos de compraventa.
Según la fiscal Fabbro, para realizar esas maniobras la mujer extorsionaba a los titulares o legítimos poseedores de buena fe o falsificaba dominios. Todo ello en su calidad de “gestora”, y con ánimo de lucro.
El crimen de Damián Gastón Gómez, perpetrado el 21 de junio de 2021 en Balcarce y Anchorena, también le fue atribuido a los integrantes de la banda. Según la acusación fue cometido por Capocha y Santiago A., por lo que fueron acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado consumado. A Lucho Cantero lo imputaron de dar la orden de matarlo.
Asociación ilícita
Según la teoría de la fiscal, la organización criminal comenzó a operar en junio de 2021 y lo hizo hasta hace diez días, cuando se produjo la detención de varios de los integrantes que se encontraban en libertad. “Esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas, como su expansión territorial”, esgrimió la Fiscalía.
Agregó que para lograr ese objetivo cometieron todo tipo de delitos como homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes, aunque las acusaciones vinculadas al comercio de estupefacientes no fueron realizadas porque le corresponden al fuero Federal.
Para Fabbro, los jefes de la organización administraban “el ejercicio de violencia y actividades ilícitas”, lo que se ve reflejado “en la autorización o reprimenda, en su caso, por el ejercicio de violencia en situaciones no aprobadas por los mismos. Imparten directivas desde su lugar de alojamiento, donde actualmente se encuentran privados de su libertad por encontrarse implicados en causas penales ligadas al narcotráfico y ejercicio de violencia desmedida”.
Para la fiscal, Lucho Cantero junto a su mamá Lorena y su pareja Érica tenían “el control de la organización criminal y gran poder de fuego” y operaban desde sus lugares de detención. Lo hacían comunicando sus intenciones a Capocha, quien se encargaba de ejecutarlas por sí o por medio de otras personas.
“La empresa delictiva de los cuales ejercen la jefatura se caracteriza por contar con gran poderío económico y de fuego, en tanto puede apreciarse que cuentan con liquidez en moneda nacional y extranjera que obtienen de actividades ilegales, como ser la venta de estupefacientes, sustracción y posterior venta de vehículos, como viviendas que van adquiriendo mediante actos intimidatorios. Sus objetivos están direccionados a incrementar su patrimonio ilegal, con bienes muebles e inmuebles, a los que buscan otorgarles un destino legal sin perjuicio de haber sido obtenidos a la inversa”, dijo la fiscal.
Para la fiscal, Cantero impartía órdenes desde su celda de la cárcel bonaerense de Marcos Paz las 24 horas del día, ordenando atentados, eligiendo a las personas que iban a cumplir cada rol, adquiriendo el uso de armas y vehículos, autorizando pagos por los «trabajos» realizados y por los «gastos» ocasionados, decidiendo dónde esconder armas y vehículos de la banda y organizando y administrando puntos de venta de estupefacientes.
Para Fabbro, su novia Érica triangulaba las extorsiones entre las llamadas que hacía su pareja Lucho y las víctimas.
Otra acusación de peso recayó sobre Daniel C., quien según la fiscal cumplía un rol “imprescindible” dentro de la banda como principal proveedor de armas de fuego y material armamentístico. “Es la persona a la que contactan para la obtención de armamento y municiones a cambio de un precio. Es quien dota a la organización criminal de gran poder de fuego, medio elegido por excelencia para el ejercicio de la violencia en procura de sus objetivos”, aseguró.
Hijos y nietos de histórico referente de Los Monos acusados por integrar empresa criminal polirrubro
