Las víctimas son dos hermanos que estaban detenidos de manera ilegítima en la seccional 3ª de la ciudad santafesina, ubicada en el departamento de Castellanos. Este lunes se realizó la audiencia de medida cautelar donde se resolvió la privación de la libertad de ocho uniformados
Los ocho policías que prestaban funciones en la comisaría 3ª de la ciudad de Sunchales, departamento Castellanos, quedaron en prisión preventiva sin plazos en el marco de la investigación que encabezan las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis por el delito de torturas. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, a raíz del pedido formulado por las funcionarias del MPA en las audiencias de medidas cautelares llevadas a cabo este lunes en los tribunales de la ciudad de Rafaela. Siete de los agentes están acusados de tortura y uno por el delito de encubrimiento agravado.
Las imputaciones fueron realizadas el sábado por las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis en ocho audiencias sucesivas en los tribunales de la ciudad de Rafaela. En tanto, este lunes se debatió si quedaban o no detenidos.
Los imputados como coautores del delito de torturas fueron una subinspectora de 42 años, un subcomisario de 38, un oficial de 31 y cuatro suboficiales de 38, 30, 25 y 21 años. Por su parte, el encubrimiento agravado fue atribuido a un comisario de 36 años.
“Los delitos que investigamos fueron cometidos el viernes de la semana pasada entre las 5.10 y las 6 de la mañana en la comisaría 3ª de Sunchales, ubicada en avenida Belgrano 386”, informaron las fiscales Lema y Korakis. “Las víctimas fueron dos hermanos que estaban legítimamente privados de su libertad en la sede policial, a los que le impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad”, sostuvieron.
Las funcionarias del MPA argumentaron que “los siete imputados como coautores de torturas actuaron de común acuerdo, en forma conjunta y mediante el reparto de tareas”.
De acuerdo con lo relatado por las fiscales en las audiencias, “los hermanos detenidos fueron llevados a la cocina comedor de la dependencia policial, fueron obligados a arrodillarse –uno de ellos maniatado por la espalda con precintos y el otro esposado– y luego fueron golpeados en distintas partes del cuerpo”.
Las fiscales subrayaron que “a uno de los detenidos le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente. Además, utilizaron un palo de madera para golpear a uno de los detenidos en distintas partes del cuerpo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser”. Detallaron también que “minutos más tarde, volvieron a propinarles golpes de puño y patadas a los detenidos”.
“A uno de los detenidos también le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, mientras que al otro lo empujaron contra un ventanal de vidrio, el cual atravesó con las manos esposadas, lo que le provocó graves heridas en distintas partes del cuerpo”, precisaron.
“Aproximadamente 15 minutos después, el comisario imputado llegó al lugar. Tomó conocimiento de los tormentos infligidos a los dos detenidos, insultó a uno de ellos y, con el fin de procurar la impunidad de los delitos cometidos e incumpliendo los deberes a su cargo, no comunicó debidamente a la autoridad competente lo sucedido”, remarcaron las fiscales.
“Además, ordenó al personal que limpiara el lugar y sacara los vidrios del ventanal roto. Sus subordinados realizaron lo indicado, razón por la cual alteraron la escena del hecho e hicieron desaparecer los rastros del delito cometido”, concluyeron.
Deber de investigar
Luego de la audiencia, Vigo, Korakis y Lema brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía Regional en Rafaela. “La tortura es un ilícito que deslegitima al Estado”, sostuvo Vigo. “Es deber funcional, legal y constitucional del MPA perseguir este aberrante delito que establece penas muy graves y que merece un abordaje muy claro y muy firme en la investigación”, afirmó.
El fiscal regional también dijo estar “totalmente de acuerdo con el vecino que reclama seguridad y que no quiere que haya impunidad”. No obstante advirtió: “Somos una República y no podemos permitir que cualquier circunstancia delictiva justifique que una persona salga de una comisaría en ambulancia y al borde de la muerte”.
