En una reunión que se extendió por espacio de tres horas, el subdirector del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Víctor Moloeznik, se entrevistó con integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura para ampliar detalles sobre la filtración de escuchas judiciales que fueron remitidas a Marcelo Sain mientras estaba al frente del Ministerio de Seguridad, investigación que el propio Moloeznik (quien reemplazó a Sain mientras éste fue funcionario del Ejecutivo) impulsó.
En el cónclave, Moloeznik ratificó un presunto uso indebido del contenido de esas escuchas, además de la transmisión de datos de manera irregular del Organismo de Investigación a Sain cuando éste era ministro de Seguridad, y por lo tanto formaba parte de otro poder público.
«Desde un principio dejé en claro a los legisladores que las escuchas ilegales, con la posibilidad de realizar intervenciones a teléfonos móviles y fijos de forma ilegal, nunca han sucedido», dijo Moloeznik sobre una denuncia pública que hicieron por ejemplo diputados opositores contra Sain.
Moloeznik aseguró que «no existe tecnología en la provincia para realizar escuchas ilegales, porque son aparatos que cuestan entre 5 y 10 millones de dólares. Realizar una compra de esas características, sobre todo de forma ilegal, es muy complejo», advirtió el subdirector del OI.
«Incluso si alguien tuviese esa valija en la provincia de Santa Fe, es muy complejo el uso porque se trata de un equipamiento de origen alemán, norteamericano o israelí que conlleva meses de entrenamiento. La persona que lo opere puede demorar entre seis meses y un año para capacitarse en su uso», aclaró Moloeznik.
El nuevo escándalo político que involucra a Sain estalló la semana pasada cuando se conoció que la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, les envió a los diputados y senadores de la Comisión Bicameral un informe de 600 páginas con transcripciones de escuchas que habrían sido remitidas a Sain por parte de la jefa de inteligencia del organismo, Débora Cotichini.
«Quedó demostrado que ha habido irregularidades, tal vez por el devenir de la investigación de la Auditoría o del mismo Ministerio Público de la Acusación. En principio no tienen que ver con la intervención ilegal de comunicaciones privadas», manifestó Moloeznik.
Presentaron documentos sobre irregularidades con escuchas que involucran a Marcelo Sain
Sain asumió a fines de 2018 como director del Organismo de Investigaciones –cargo que ganó por concurso– y un año más tarde pidió licencia para sumarse al gabinete del gobernador Omar Perotti como ministro de Seguridad. Apenas renunció, en marzo de este año, retomó sus funciones como director del Organismo de Investigaciones, pero de inmediato fue suspendido, hasta que un amparo ante la Justicia laboral le permitió regresar al puesto.
El nuevo episodio que salpica al ex ministro de Seguridad está vinculado con el informe remitido por Vranicich, quien la semana pasada fue en persona a contestar preguntas de los legisladores, a los miembros de la Bicameral. Allí figuran las transcripciones de escuchas que recibió el propio Sain, de parte de la jefa de inteligencia del organismo, Débora Cotichini, mientras se desempeñaba como funcionario del Poder Ejecutivo, dice el sumario de la Auditoría.
Al cabo de la reunión con los legisladores, Moloeznik ratificó que Cotichini vació la oficina completamente y formateó la computadora, el episodio que dio origen a la administración administrativa. «Yo ingreso y la oficina estaba vacía. No había ni un papel arriba de un escritorio. Pedí que me abrieran la oficina porque estaba cerrada con llave. En ese panorama convoco a un perito para que me acompañe y constate que esa computadora había sido formateada. Ambos firmamos un acta sobre el procedimiento que llevamos adelante», sentenció.
Una semana atrás, los diputados y senadores de la Bicameral se reunieron con Vranicich con el objetivo de conocer más detalles sobre el informe de las escuchas, lo que podría constituir un grave caso de espionaje con fines políticos, de lo que por ahora no hay indicios según la propia Vranicich y Moloeznik. En particular, la sospecha es que Sain –como miembro del Ejecutivo– podría haber utilizado en forma indebida información sensible producida bajo la órbita del Poder Judicial, algo a primera vista incompatible con sus funciones como ministro.
También acusan a Cotichini de haberle entregado a Sain información sobre «hechos resonantes» en el departamento San Lorenzo, que previo había pedido confeccionar a empleados del Organismo de Investigaciones; y también de haberle remitido una escucha a Sain con una conversación donde uno de los interlocutores es el senador por ese departamento Armando Traferri.
Igualmente, una analista denunció que se le pidió “un perfil” de una ex funcionaria del ministerio de Seguridad en la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador: Ana Viglione. Añadió que “desconocía el motivo del pedido, pero tardó poco en saberlo al ver en un canal de Buenos Aires cómo se hablaba de ésa funcionaria con información que había producido desde las bases del Organismo”. según el informe de la Auditoría.
Se reactiva la investigación por la filtración de escuchas judiciales
