Una mamá de 22 años con tres menores a su cargo quedó detenida en una cárcel común luego de que una jueza le negara la prisión domiciliaria. La joven está acusada de encubrir a dos de los seis sospechosos del robo en el que fue asesinado el empresario Hugo Oldani perpetrado en febrero de 2020 dentro de una cueva financiera de la ciudad de Santa Fe.
La medida cautelar fue solicitada por los fiscales Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria e impuesta por la jueza Sandra Valenti en una audiencia llevada a cabo este martes por la mañana en los tribunales de la capital provincial.
Durante la imputación los fiscales acusaron a Florencia P., una trabajadora sexual de 22 años, del delito de “encubrimiento agravado” tras considerar que ayudó a Cristian Bruno Figueroa y a Agustina G., menor de edad, a esconderse de la Justicia cuando ambos eran buscados como sospechosos del homicidio del agente turístico.
“La ayuda brindada al hombre imputado consistió en haberlo ocultado en su casa a pesar de que sabía que estaba siendo buscado por autoridades policiales y judiciales”, explicaron los fiscales tras recordar que en esa misma vivienda se concretó la detención del sospechoso durante un allanamiento.
Los policías dijeron que cuando irrumpieron en el domicilio, la joven se encontraba allí y atinó a decir: “No tengo nada que ver”, a lo que Figueroa, a quien se llevaron preso, le respondió: “Flor no hables”.
También la acusaron de encubrir a una adolescente sospechosa del participar en el crimen de Oldani. Los fiscales dijeron que la ayuda que brindó Florencia consistió en “haber trasladado a la menor por calles internas de diversos barrios de la ciudad para intentar evitar que fuera detenida, objetivo que finalmente no logró”.
Por último, los fiscales le atribuyeron a Florencia conducir un auto robado, procedencia que la joven aseguró desconocer al afirmar que se lo había regalado un cliente, y que los fiscales descreyeron al asegurar “que sabía que había sido sustraído ilegítimamente a su propietario”.
Según la acusación, la mujer fue detenida al volante de un Citroën Picasso en un procedimiento de la Policía Comunitaria que se percató que utilizaba una tarjeta de identificación apócrifa. “La documentación que la mujer tenía en su poder y que exhibió al personal policial era de otro vehículo Citroën Picasso cuyo dominio es diferente del que conducía”, señalaron.
Al finalizar la audiencia, la joven quedó imputada de los delitos de encubrimiento agravado reiterado en dos oportunidades, en relación a la ayuda que brindó a dos sospechosos del crimen, y por encubrimiento y uso de documento falso por haber transitado en el vehículo robado y utilizar documentación apócrifa.
Al momento de dictar la medida cautelar, los fiscales solicitaron que sea efectiva, mientras que el abogado de la joven solicitó que la cumpliera de forma domiciliaria ya que tiene dos hijos pequeños, además de una hermana menor a su cargo. Pero la jueza fue estricta y ordenó que quede detenida en una cárcel común.
“Acá hay tres menores que permanecen en estado de vulnerabilidad”, replicó el defensor de la trabajadora sexual, sin lograr revertir la situación.
La jueza Valenti sostuvo que a su entender quedó “acreditado que la joven cooperó” con los dos sospechosos para que permanezcan evadidos de la Justicia.
En relación al auto robado que conducía la acusada, quien refirió que se lo había regalado un cliente y desconocía su origen ilícito, la jueza descreyó de su argumento: “No es una persona que carece de capacidad intelectual para saber la procedencia del vehículo”. Además, esgrimió que “si un cliente le puede regalar un auto, también le puede ofrecer los medios para fugarse” y ordenó que su detención sea en una prisión común.
El crimen
El operador turístico y cambista Hugo Ernesto César Oldani fue asesinado hace poco más de un año en el microcentro de Santa Fe. Por el crimen hay seis personas acusadas. Uno es el empresario farmacéutico Alfredo Manuel Sadonio, de 59 años, y el otro es Andrés Kaipl, de 29, un relacionista público de boliches tildado como “hombre de la noche”. Ambos están señalados de haber ordenado y organizado un robo millonario en una cueva financiera, que se presume lavaba dinero de las cajas negras de la Policía provincial, asalto que terminó con la muerte de Oldani de un tiro en el abdomen.
Según la Fiscalía, Alfredo fue quien apuntó el dato de la cueva de Oldani y su debilidad, y Andrés el que reclutó a los asaltantes, quienes terminaron actuando como sicarios ya que lo mataron de un tiro. Uno de ellos, de 22 años, declaró como arrepentido y brindó detalles que permitieron esclarecer el crimen perpetrado el 11 de febrero de 2020 en pleno centro de la capital provincial.
La lista de acusados la completan Juan Manuel Ruffino, presunto conductor del auto en el que se desplazaban; Cristian Bruno Figueroa, acusado de ser quien gatilló al agenciero en el abdomen, y una adolescente de 17 años, quien forcejeó con la víctima para quitarle un morral y por su edad quedó a disposición de la Justicia de Menores.
El arrepentido contó que Alfredo les dijo que Oldani se “iba a cagar” por lo que no era necesario que llevaran armas. También que les brindó una descripción de la galería donde funcionaba la cueva financiera y que al momento de “apretar” a Oldani, había que decirle que iban de parte del Mono, quien siembre va a cambiar dólares: “Díganle que quieren cambiar 12 millones de pesos”, les dijo, además de que tenían que ir después de las 16 cuando ya no estuvieran su hija ni su empleada.
Durante el robo ocurrió una situación de forcejeo entre Oldani, quien no quería entregar un morral, con la adolescente y Figueroa, quien –según el arrepentido– le disparó.
Fiscal encubridora
La primera etapa de la investigación estuvo a cargo de la fiscal Cristina Ferraro, quien más tarde fue acusada de encubrimiento por no seguir la pista financiera como móvil del crimen. Es que minutos después del asesinato, en el lugar había una montaña de dinero, suma millonaria de dólares y pesos, que llegó a ser fotografiada por peritos pero luego desapareció. El monto preciso nunca pudo ser peritado.
La actividad del empresario asesinado motivó una investigación en la Justicia Federal a cargo del fiscal Walter Rodríguez por los presuntos delitos económicos, financieros, cambiarios y de administración tributaria de la agencia Oldani.
En el marco de esa causa, el fiscal Rodríguez denunció a la fiscal Ferraro por encubrimiento “en la modalidad de hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del ilícito, agravado por tratarse de una figura penal especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública”.
El juez federal Marcelo Bailaque aceptó el pedido de indagatoria de diez sospechosos de intermediación financiera ilegal en el marco de la causa que se desprendió del crimen de Oldani y ordenó la inhibición de sus bienes. Entre ellos figura Virginia, la hija de Oldani, además de María José Calle, Carina Amelia Chelmo (al momento de los hechos presidenta de “Mediterránea” Sociedad de Bolsa S.A.), Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas, Eugenio Francisco Alonso y los rosarinos Carlos Nicolás Ciochetto y Carnos Aníbal Bacigaluppo operadores del Grupo Carey SA.
La semana pasada, la Fiscalía pidió el procesamiento de ocho de ellos, incluida la hija del empresario asesinado.
Quedaron presos por ordenar un robo millonario que terminó en muerte
