La encarnizada batalla en el Congreso en torno a un reparto del impuesto al Cheque y al pago de deuda con reservas impacta de lleno en las finanzas provinciales e incomoda en especial a los gobernadores K, quienes se ven conminados a defender las estrategias de la Casa Rosada pero sufren los rigores de la puja en sus cuentas.
En el interior, ese tironeo político entre oficialismo y oposición se traduce en millonarias retenciones en los envíos de coparticipación, que castigan a provincias propias y ajenas y que se dan de la mano de la ostensible demora por parte de Balcarce 50 de la firma de los estratégicos Programas de Asistencia Financiera (PAF), que año a año echan paños fríos a los vencimientos de deuda locales.
Según un informe de la consultora Economía & Regiones, la deuda provincial total suma 101.167 millones de pesos, y tiene al Estado nacional como principal acreedor (68 por ciento del total).
Precisamente, anualmente el Palacio de Hacienda derrama asistencia financiera para que los mandatarios más urgidos puedan hacer frente a los agobiantes vencimientos de deuda. Tradicionalmente, febrero es el mes en el que arranca el calendario de rúbricas, pero hoy todos los trámites están trabados en la frase más temida. “Falta la decisión política de la presidenta”, se repite en los despachos nacionales.
Al no cerrarse esos acuerdos, el gobierno nacional descuenta del goteo diario de la coparticipación el monto del vencimiento en cuestión. Y hace imprevisible la tarea de los ministros de Hacienda de las provincias, que contaban con esos recursos y ahora deben hacer malabares para cubrir el bache financiero.
Ello, pese a las mejoras en las remesas de coparticipación que se perciben en los últimos meses, que sin embargo ni se acercan a los niveles de crecimiento previos a la crisis de 2001.
En rigor, la instantánea que hoy sufren los gobernadores se da en línea con las advertencias –en voz alta o por lo bajo– de Cristina de Kirchner y de sus ministros respecto de que las provincias serán las más perjudicadas si a Nación le atan las manos, al no permitirle pagar deuda con reservas del Banco Central y al pretender quitarle –a favor de las provincias– la cosecha de alrededor de 7.500 millones de pesos en la percepción del impuesto al Cheque.
Es un juego de presión sobre la embestida opositora, pero que se apoya en las espaldas de los gobernadores. (Se habló incluso de la posibilidad de que desaparezcan los PAF si el kirchnerismo sufre un traspié con la ley del Cheque.)
Los alineamientos con Balcarce 50 vuelven además a incomodar a los mandatarios kirchneristas, esta vez poniéndolos en la posición límite de pedirles a sus legisladores nacionales que se opongan a que se amplíe el reparto de lo percibido por el cheque cuando, en rigor, toda lluvia de recursos adicional sería bienvenida, al menos hasta tanto se concrete la más lejana discusión en torno a una reforma integral de la ley de coparticipación federal (más allá de las promesas de Néstor Kirchner).
En línea con el intento de la Casa Rosada de frenar la discusión por el cheque, las provincias grandes que sintonizan con la presidenta argumentan que un mayor reparto de ese tributo profundizará las desigualdades de la coparticipación secundaria. Pero, por caso, según un informe de la consultora Abeceb.com, una potencial coparticipación del total de lo recaudado por ese impuesto permitiría cubrir el 45 por ciento del déficit bonaerense, con los 1.854 millones de pesos adicionales que recibiría la provincia que gobierna el justicialista Daniel Scioli.
Veamos algunas postales que grafican la honda preocupación de los caciques provinciales:
En Córdoba, por caso, el justicialista Juan Schiaretti advirtió que la demora en la firma del PAF “por la situación que se vive en el Congreso nacional” le cuesta a la provincia “100 millones de pesos mensuales”, de la mano de remesas recortadas en la coparticipación. Las arcas mediterráneas mantienen una deuda con Nación de alrededor de 1.100 millones de pesos.
En Corrientes, en paralelo, la presión pega por partida doble, a partir de las exacerbadas urgencias financieras locales y el ramillete de legisladores radicales críticos –con Eugenio Nito Artaza a la cabeza–, que se oponen a los proyectos K y que insisten en erizar la espalda del mandatario radical Ricardo Colombi.
El flamante gobernador necesita imperiosamente de una ayuda nacional extraordinaria y debe penar este mes con descuentos de coparticipación inesperados, que lo ponen al borde de la emisión de cuasi monedas. Mediante cartas documento a la Secretaría de Hacienda nacional y al Banco Nación, al menos logró que ayer se frenaran las retenciones, que él considera inexplicables.
Río Negro es otro de los distritos a los que golpea la demora en la firma del PAF. En enero, febrero y marzo, al radical K Miguel Saiz le retuvieron ya cerca de 120 millones de pesos de la coparticipación, lo que derivó en cronogramas salariales de pago diferenciados según sectores. Pero al menos, en las últimas horas recibió un adelanto de coparticipación de 40 millones, en el marco del desembarco de Cristina de Kirchner en la provincia.
En tanto, en Mendoza, distrito claramente alineado con la Casa Rosada, el gobierno del justicialista Celso Jaque le da las puntadas finales a los trámites en pos de la firma del PAF. Pero mientras tanto, el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, debió disponer para el pago de la amortización de deuda de este año alrededor de 90 millones propios durante el primer trimestre, en el marco de una deuda total con Nación de 450 millones de pesos.
