Daniel Kosa, el abogado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y Aduana, constituidos como querellantes, pidió al Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de Resistencia que aplique la condena más alta a los imputados Carlos Alberto Salvatore (porteño, de 58 años) y Patricio Gorosito (santafesino, de 64).
En su alegato, Kosa consideró al abogado Salvatore y al empresario arroyense Gorosito como los líderes de la organización delictiva responsable del contrabando de la cocaína, mientras que a los acusados Juan Carlos Pérez Parga (de 60 años) y Héctor Roberto (de 61) los calificó como organizadores y pidió que sean condenados a 23 años de prisión.
En tanto, el querellante requirió la pena mínima de 16 años para el quinto imputado, Rubén Esquivel (56), el encargado de la planta de carbón de la localidad chaqueña de Qutilipi.
Según Kosa, los cinco acusados son responsables de los delitos de contrabando de estupefacientes agravado en concurso real con asociación ilícita. En su alegato, el abogado querellante destacó como agravantes que la cantidad de cocaína (1.050 kilos) permitió establecer que era para comercialización, la calidad de la droga –estimada en un 80 por ciento– y la cantidad de personas involucradas. Kosa valoró como prueba fundamental la cantidad de llamadas descubiertas entre los acusados en las fechas clave del envío de la misma. En ese sentido, el letrado describió a Salvatore como el líder de la banda y a Gorosito con el mismo rol pero en Europa, donde se alojaba en hoteles de lujo, y mencionó 64 comunicaciones telefónicas entre ambos cuando “no tenían una relación de abogado-cliente”. De acuerdo con el querellante, como abogado, Salvatore facturó 67.000 pesos en 2006 y “sólo” 1.210 en 2007.
Además, para todos los acusados, Kosa reclamó la inhabilitación especial para el ejercicio del comercio según lo estipulado en el Código Aduanero.
Tras el alegato de la querella, el tribunal, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Ramón González y Aldo Alurralde, pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9, cuando expondrán sus argumentos los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad.
El alegato de la querella se extendió debido a las demoras en el inicio de la audiencia por una presentación del acusado Gorosito, quien denunció que atacaron a balazos su comercio de Arroyo Seco (ver aparte). El tribunal lo autorizó a ausentarse para concurrir a su domicilio.
Durante la pesquisa, se determinó que Salvatore tenía participación en 20 sociedades comerciales de distintos rubros y con cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, tras lo cual quedó procesado en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En ese expediente, la jueza Zunilda Niremperger dictó embargos para los procesados –entre ellos, la esposa, la hija y el suegro de Salvatore– por más de 1.600 millones de pesos.
Además, el abogado es investigado en la Justicia federal porteña por la supuesta promesa que le hizo a su esposa de asesinar a la magistrada y que se descubrió a través de una serie de escuchas telefónicas.
Sin embargo, 48 horas antes del inicio de los alegatos, Salvatore recibió una buena noticia: la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia declaró la incompetencia de la jueza Niremperger para entender en la causa abierta para investigar el lavado de activos proveniente del narcotráfico, lo que hoy será apelado por la fiscalía.
