Carlos «Bocacha» Orellano, de 23 años, aprovechó el feriado de carnaval para salir a bailar al boliche River Ming en la Fluvial. Era el domingo 23 de febrero pasado, ya para la madrugada del lunes fue sacado por personal de seguridad mixto del local –entre los civiles había dos policías de adicionales– y su cuerpo fue hallado el miércoles 26 de ese mes en las aguas del río Paraná casi a la altura del balcón terraza del boliche que da al muelle III.
La investigación quedó a cargo del fiscal Patricio Saldutti y en su lucha para saber qué pasó con Bocacha su familia se presentó como querellante. En la investigación tomaron declaraciones a los patovicas, a la pareja de policías y a los testigos presenciales. La autopsia se realizó bajo el protocolo de Minnesota –para garantizar transparencia cuando hay presunción de que están implicados actores del Estado en una muerte violenta– y también se realizaron pruebas para determinar la presencia de sangre en el boliche. También, la Fiscalía ordenó que las pericias estén a cargo de personal de Asuntos Internos y de la Policía Federal, luego de una serie de irregularidades que implicó la inacción del personal de la comisaría 2ª y porque hay personal de la Policía de Santa Fe involucrado.
Todo esto pasó hasta principios de marzo, y luego, con el dictamen del aislamiento obligatorio en el marco de la pandemia del covid -19, su familia volvió a aparecer ante los medios de comunicación para denunciar que el expediente estaba paralizado.
Sus allegados y amigos siguieron con su reclamo de justicia haciendo viral su lucha en las redes sociales y también organizando un locro para el cumpleaños de Bocacha, el 5 de mayo, pasado para hacer realidad su deseo de tener un comedor en Empalme.
El viernes pasado, los abogados querellantes Salvador Vera e Irina Picard presentaron ante la Fiscalía una serie de medidas que incluyen pedidos de toma de declaraciones y la imputación a los implicados hasta el momento.
En la presentación que tuvo acceso este diario, los querellantes hicieron un pormenorizado análisis de las declaraciones tomadas a estas personas, a los testigos de esa noche y también de las pruebas recolectadas hasta el momento y solicitaron «que el fiscal disponga las detenciones de las personas aquí referenciadas y la imputación del delito de homicidio agravado por la participación de dos o más personas».
En la solicitud de Vera y Picard hay tres puntos: el primero tiene que ver con medidas informativas para obtener el listado completo del personal que trabaja en relación de dependencia para Guillermo W. tanto en River Ming como en su local de Costello. También pidieron al área de Control Urbano de la Municipalidad de Rosario si de poseer un área donde están registrados los nombres del personal de seguridad que trabaja cada noche en los locales nocturnos entregue el detalle correspondiente a Ming y Costello referente a la noche del domingo 23 de febrero pasado.
Otra cuestión presentada ante el fiscal fue la toma de declaración testimonial de un joven, «quien fue víctima de una agresión muy violenta y significativa en el predio de la fluvial a manos de agentes de seguridad del boliche, los cuales lo habría golpeado fuertemente hasta la inconsciencia, para luego arrojarlo a las aguas del río Paraná», describieron desde la querella en el petitorio.
Y cómo último punto, los abogados en representación de la familia solicitaron la realización de la audiencia imputativa para la uniformada Karina Laura Gómez y su pareja el policía Gabriel Nicolossi, quienes estaba de adicional en River Ming; para el dueño del local Guillermo W.; el jefe del personal de seguridad, Fabián M. junto a los patovicas Emiliano L. y Graciela A. G.
Para la querella, el resultado preliminar de la autopsia de la que participó la perito forense Virginia Creimer en representación de la familia arrojó que la «muestra del pulmón no contenía agua y hubo alrededor de 20 muestras de infiltraciones hemáticas, las que se relevaron en zonas del cuerpo indicativas de sujeción, como lo son las de zona de cuello y hombros, así como también lo son, las que corresponden a la zona posterior de ambas rodillas».
Dentro de las medidas solicitadas por la querella también incluyeron el pedido de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la sala de espera que la Fiscalía posee en el Centro de Justicia Penal por calle Sarmiento al 2800 debido a que el policía que estaba esa noche de adicional, sostuvo que el 25 de febrero y mientras esperaba entrar a declarar ante el fiscal, primero salió un hombre con su abogado y luego el encargado de la seguridad del boliche y le hicieron una sugerente advertencia sobre lo que había dicho su pareja y lo que él diría.
Nicolossi indicó que “cuando estábamos en el pasillo, y yo estaba esperando afuera, sale un hombre, me da la mano, me dice su apellido, pero ahora no me acuerdo y me dice «tu señora esta medio nerviosa (en referencia a Gómez), y está haciendo cualquiera, espero que ahora cuando pases vos, no», me dijo eso y se fue. Esto paso en el pasillo donde están los asientos antes de pasar a la Fiscalía. Incluso después de eso salió Fabián, el encargado del seguridad de Ming, junto con su abogado. En ese momento Fabián me dice, «Mirá que están las cámaras, decí las cosas que pasaron». El abogado me dijo «mirá que están las cámaras». Ellos me dicen eso y siguieron caminando», cerró el policía, quien pidió ampliar su declaración y contó que hubo patovicas cerca de Carlos. Además, dijo que no lo hizo en la primera declaraciones porque estaban los abogados de River Ming, de acuerdo al escrito de la querella.
Ahora el fiscal Saldutti deberá resolver la solicitud de la querella y determinar la medidas a seguir para desentrañar qué pasó con Carlos «Bocacha» Orellano la noche del 23 y la madrugada del 24 de febrero en el boliche River Ming.
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