La decisión de la Cámara de Senadores de Santa Fe de crear una comisión de estudio, seguimiento y evaluación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue rechazada por la Junta de Fiscales debido a que la consideran «un avasallamiento no solo al MPA sino al Poder Judicial en su conjunto». A la vez, los legisladores defendieron su iniciativa: cargaron contra quienes “distorsionan públicamente la información” y recordaron que el control es parte “de la división de poderes del sistema republicano”. Y por si quedaran dudas remataron sobre la finalidad el nuevo órgano: “Sumar al mejoramiento de un organismo muy cuestionado que en enorme cantidad de casos se comprobó corrupto”, en referencia a los fiscales. Entretanto, desde el gobierno provincial también golpearon la decisión de la Cámara alta.
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Mediante un comunicado difundido este lunes, las autoridades del MPA indicaron que «se trata de una decisión de la Cámara alta que denota una gravedad institucional inusitada y que es una clara intromisión en el MPA y en las investigaciones penales en curso».
La creación de la comisión se enmarca en un enfrentamiento entre un sector del Senado, liderado por el peronista Armando Traferri, con los fiscales y también con el gobierno provincial.
De hecho, Traferri, quien es investigado por dos fiscales de Rosario en una causa sobre juego ilegal, celebró otra resolución tomada ese mismo día por el Senado, en la que faculta a la vicegobernadora Alejandra Rodenas a pedir el archivo de las actuaciones en su calidad de presidenta del Senado: «Reafirma que no se puede avanzar en el proceso judicial instaurado contra mi persona, porque ese proceso es inconstitucional».
En la vereda de enfrente, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, dijo que, con esa resolución, «quieren controlar investigaciones que comprometen a los factores de poder protegidos por algunos senadores» y opinó que «viola la división de poderes».
Los fiscales ponen grito en el cielo
«Permitir que se cree una comisión legislativa para auditar al Ministerio Público de la Acusación sería otorgarle funciones al poder legislativo que, en un sistema republicano, no le corresponde. Va en contra de la división de poderes», añadió el funcionario.
En tanto, el comunicado del MPA sostiene que la comisión creada en el Senado «está fuera de todo marco convencional, constitucional y legal, y contradice los artículos 5, 6 y 29 de la Constitución Nacional, y los artículos 1, 2, 9 y 46 de la Constitución Provincial».
El texto señala que la resolución que creó esa comisión el jueves pasado «fue aprobada por la Cámara alta de forma irreflexiva», ya que «habrían pasado apenas 24 horas desde la presentación del proyecto» y sostiene que «se fundamenta en afirmaciones falaces e imprecisas, referidas a diversas investigaciones judiciales que han sido llevadas a cabo en el ámbito del MPA».
El comunicado de los fiscales alude a leyes que establecen «que el MPA tiene sus propios sistemas de control» y advierte que la comisión puede incurrir en delitos «de ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo» y «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
El MPA advierte que esa comisión podría convertirse «en una especie de organismo judicial paralelo» y señala que «no existe ley que permita a los legisladores provinciales ‘requerir’ a los ciudadanos que concurran a prestar declaración testimonial en el marco de investigaciones de naturaleza penal».
El MPA envió el texto al gobernador Omar Perotti, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincia; a las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación; además de a los órganos de procuradores, fiscales, magistrados y funcionarios judiciales, y a autoridades universitarias, informó.
Los senadores contraatacan
Los senadores provinciales integrantes del Bloque Juan Domingo Perón que lidera Traferri volvieron a sacar un comunicado, donde señalaron: “La creación de esta Comisión (de Seguimiento al Ministerio Público de la Acusación) es una herramienta más que válida para sumar al mejoramiento de un organismo muy cuestionado en su proceder, que con su mal accionar pone en riesgo la seguridad e integridad de los santafesinos y afecta el normal desenvolvimiento del sistema democrático, republicano y representativo de gobierno”.
Los legisladores señalaron además que “la imagen y credibilidad del Ministerio Público de la Acusación se ha visto deteriorada en este último tiempo de manera acelerada producto de un accionar, que muchas veces se presume y en enorme cantidad de casos se comprobó corrupto”.
En ese sentido, aseguraron que “el dato concreto muestra a una cantidad creciente de profesionales que se desempeñan como fiscales involucrados en actos de corrupción y otros tantos siguen siendo investigados por hechos del mismo tenor”.
Los senadores también explicaron que “pesa sobre el organismo la sospecha permanente, exacerbada este último año, de ser, muchos de sus integrantes, partícipes necesarios de un entramado político judicial para perseguir o proteger el desarrollo de la actividad política y de políticos según convenga al poder ejecutivo de turno”.
“Como representantes de los intereses de los santafesinos, los senadores tenemos la obligación de generar condiciones óptimas para garantizar el mejor funcionamiento de cada una de las instituciones que hacen al sistema democrático, republicano y representativo de gobierno”, insistieron los legisladores de este bloque mayoritario en la Cámara alta.
Respecto de las atribuciones de la Cámara de Senadores en este tema, remarcaron que “la potestad de investigar ha sido una práctica históricamente consustancial al sistema parlamentario”. Y sentenciaron: “Este procedimiento surge como un mecanismo de control que tiene su nacimiento y fundamento en el principio de la división de poderes del sistema republicano de gobierno, que crea una técnica armónica de frenos y contrafrenos entre los diferentes poderes de un Estado. Dicha potestad se encuentra prevista en nuestro derecho doméstico, en el artículo 46 de nuestra Constitución provincial y en el artículo 76 del Reglamento de esta Cámara de Senadores”.
Los senadores justicialistas también evaluaron que “es al menos raro que, para atacar los argumentos de esta iniciativa, se soslaye la necesidad casi natural de que quienes tienen como trabajo observar, investigar para obtener un registro cierto de la realidad, no puedan ser observados, para poner luz en su accionar y que la verdad se sepa”. “Esgrimir este argumento es al menos contradictorio”, criticaron.
Finalmente, recordaron que “una comisión de similares características existe ya, en la Cámara de Diputados, lo que da por tierra cualquier intento de argumentar con intención de distorsionar el entendimiento del verdadero objetivo de la iniciativa sancionada por la mayoría de la Cámara de Senadores, que se da naturalmente en representación de los intereses de los santafesinos que reclaman más y mejor seguridad”.
El gobierno, con el MPA
En declaraciones a LT8, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia indicó: “En primer lugar es una comisión de facto, creada por una de las cámaras legislativas sin soporte legal para inmiscuirse dentro de la actividad de otro poder del Estado. Me parece algo reprochable desde el punto de vista del Derecho”. Y de inmediato añadió: “Si bien cada uno debe asumir las consecuencias de su accionar, me parece también que quienes abonaron a esa comisión no están de acuerdo con que determinadas investigaciones se produzcan”.
“Que el poder legislativo le solicite al poder judicial el cierre de ciertas investigaciones –remarcó– donde están en curso la autoría y la consumación de delitos como el juego clandestino, lesiones al orden público y que se correlacionan actividades vinculadas al quehacer de la drogadicción, no se puede aceptar”.
“Los legisladores deberían estar a la altura de lo que está haciendo el poder judicial y tratar que las situaciones se aclaren. La conformación de la comisión de seguimiento del trabajo de los fiscales es una resolución inconveniente para el sistema democrático, rompe uno de los principios republicanos. Acá estamos en una cinchada a ver quién tiene más fuerzas. Unos para investigar y otros para que no se investigue. Flaco favor se le hace a la ciudadanía, que espera que la comunidad política esté a la altura de la legislación vigente“.
Los jueces bancan a los fiscales
«El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe hace saber su preocupación frente a la decisión adoptada en el Senado de la Provincia con el objeto de crear una Comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación», indicó ese gremio, cuyos titulares son Gustavo Salvador y Roberto Dallamonica.
«Este Colegio, desde luego, reconoce la importancia del pleno ejercicio de las funciones que la Constitución provincial asigna al Poder Legislativo tratando de evitar que funcionen invalidando esferas de actuación del Poder Judicial en su cometido de investigar y juzgar delitos y aplicar la ley, y las normas constitucionales y supraconstitucionales», sostuvo.
«Los cometidos y las atribuciones que se asignan a la citada comisión generan, en su ejercicio, una superposición de competencias con otros órganos encargados de ejercer el control institucional sobre el desempeño de quienes integran otro de los Poderes del Estado, posibilitando eventuales interferencias o intromisiones en la tramitación y avance de investigaciones que le corresponden constitucionalmente, con el consiguiente riesgo que ello genera para el necesario equilibrio que demanda el sostenimiento de las Instituciones de nuestra democracia republicana», añadió.
«Es por ello que se insta a que no se adopten decisiones que sean susceptibles de producir un menoscabo a la independencia del Poder Judicial, en tanto corresponde, en este caso, al Ministerio Público de la Acusación el ejercicio de la persecución penal en nombre del Estado, de manera objetiva, autónoma e independiente, con estricto apego a la ley como corresponde en un Estado de Derecho», concluyó.
