En otra polémica sanción enmarcada en el conflicto institucional que involucra a actores de los tres poderes, con los votos de 12 de los 19 senadores y la oposición de los 4 integrantes del bloque Lealtad que responden al gobierno provincial, la Cámara alta de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves una resolución en la que crea una comisión de estudio, investigación, seguimiento y evaluación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con el debate siempre vigente, tanto al interior de los poderes como entre ellos, de quién controla a los que controlan.
La resolución no es más que otro capítulo de una disputa que comenzó cuando dos fiscales de Rosario quisieron avanzar sobre los gastos reservados de los senadores en el segundo semestre de 2017 y eso detonó un inmediato cambio en el sistema de control vigente desde 2014: la Legislatura se quedó con la potestad de remover a los fiscales.
Para algunos legisladores fue aquella decisión legislativa la que motivó durante 2020 una nueva ofensiva del MPA, esta vez sobre el senador Armando Traferri y en el marco de la causa de juego clandestino, con el jefe (ahora en uso de licencia) del Organismo de Investigaciones (la policía judicial que depende de los fiscales) Marcelo Sain hoy en el Ministerio de Seguridad como ariete de un tercer actor en esta pelea, el Ejecutivo, contra las dos cámaras de la Legislatura, de signo político diferente pero aunadas en la oposición al gobierno.
Este choque reconoce un reciente capítulo en la decisión de la Legislatura de votar un control sobre los gastos del Ministerio de Seguridad y a la vez una norma de incompatibilidad a la medida de Sain entre los cargos del MPA y el Ejecutivo: las famosas leyes anti-Sain que resultaron vetadas por el gobernador Omar Perotti.
En este contexto, los senadores que este jueves votaron en contra del proyecto del senador Rubén Pirola (NES) consideraron que la resolución es una grave intromisión en el MPA y en consecuencia un avasallamiento del Poder Legislativo al Poder Judicial en su conjunto. Desde el bloque mayoritario que conduce Traferri, cuyo pedido de desafuero en el caso de las apuestas ilegales no prosperó en el Senado, dijeron que buscaban “solamente controlar las conductas lesivas a la ley”.
Desde ese mismo espacio del peronismo, el senador Raúl Gramajo aclaró en relación con la comisión creada: “No es una caza de brujas. Que no se interprete que los legisladores queremos digitar las acciones de los fiscales del MPA. Solamente controlar las conductas lesivas a la ley que se constituyen en delitos y en algunos casos delitos graves. Porque quienes tienen que investigar no pueden estar ligados con el narcotráfico, con los capitalistas del juego. Y hay pruebas, pruebas contundentes, porque cuando me tocó investigar al fiscal (de Venado Tuerto Mauro) Blanco llevé todo, porque había elementos de sobra”.
“No se constituye la Legislatura en una caza de brujas ni se persigue. Simplemente el control de los poderes hace al respecto irrestricto de la división de los mismos y fundamentalmente a los principios republicanos”, insistió.
La postura del perottismo
En tanto, el Bloque Lealtad, conformado por los legisladores Alcides Calvo (departamento Castellanos), Marcelo Lewandowski (Rosario), Marcos Castelló (La Capital) y Ricardo Kaufmann (Garay), consideró en un comunicado que «el MPA cuenta con sus propios sistemas de control, que fueron modificados en diversas oportunidades. De ello se desprende por un lado las facultades de control que tiene asignada la Comisión de Acuerdos mediante la Ley Nº 13.865. Y por otro que aún está pendiente la resolución de nuestra Corte Suprema de Justicia provincial respecto a la constitucionalidad de dicha norma”.
Y también objetaron que se faculte «a la Comisión a recibir pruebas y denuncias ante hechos que son objeto de investigación, convirtiendo a dicha Comisión en una especie de organismo judicial paralelo, algo inédito en la historia argentina. Y en el tercer inciso se agrega la posibilidad de recibir declaración testimonial».
«A todo ese esquema que hoy se encuentra cuestionado por otro Poder, en cuanto a su constitucionalidad y convencionalidad, el inciso f) suma esta nueva Comisión para interpelar y solicitar informes a quienes ejercen controles tanto internos como externos. Es decir, lejos de aclarar y mejorar el sistema de pesos y contrapesos de los poderes se lo estaría avasallando», finalizaron.
“Una obscenidad»
De manera crítica también se expresó la presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gisela Paolicelli, quien calificó de “obscena” la sanción de la resolución. “Con todo el respeto que me merece el Senado como institución, no me cabe otra palabra para describir lo que pasó que obscenidad”, aseveró Paolicelli en diálogo con Radio 2.
La comisión creada este jueves es para «estudio, investigación, seguimiento y evaluación» de funcionarios y habilita a los legisladores conocer el estado de causas, requerir o recibir testimoniales e incluso avanzar en denuncias penales «si se advirtiera infracciones o delitos».
“Se está instalando un proceso judicial paralelo llevado adelante por otro órgano del Estado que ni siquiera es judicial, esto es desde todo punto de vista anticonstitucional y antirrepublicano”, explicó la fiscal y de inmediato agregó: “Atenta directamente contra la independencia del fiscal”.
La reacción de Sain
“Permitir que se cree una comisión legislativa para auditar al Ministerio Público de la Acusación sería otorgarle funciones al Poder Legislativo que en un sistema republicano no le corresponde, va en contra de la división de poderes», dijo el ministro de Seguridad Sain, en relación con la resolución.
«El MPA, por Ley Orgánica, ya cuenta con una auditoría interna permanente que realiza informes anuales y los eleva para su supervisión constante”, aclaró el funcionario y agregó: “A mi entender, un nuevo organismo implicaría invadir esferas de manera ilegal entre ambos poderes».
Por otro lado, advirtió que “es totalmente innecesario crear una nueva estructura burocrática porque ya existe una y que fue creada para tal fin”.
«Parecería que el objetivo de todo esto es controlar a los fiscales», resumió Sain y finalizó: “Quieren controlar investigaciones que los comprometen a los factores de poder protegidos por algunos senadores».
Las facultades
Según explicó el autor de la iniciativa, el senador Pirola, la normativa aprobada está amparada en el artículo 76 del reglamento interno de la Cámara de Senadores y se encuadra además en el artículo 46 de la Constitución Provincial, ya que “es considerado un asunto de interés público”.
Las facultades de la comisión serán las siguientes:
Conocer el estado de las causas judiciales relacionadas con los hechos investigados y requerir al Ministerio Público de la Acusación o al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal copia certificada de las mismas.
Recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que son objeto de la investigación;
Requerir y recibir declaraciones testimoniales.
Solicitar informes, antecedentes y todo otro tipo de elemento que estime útil sobre los hechos que sean objeto de investigación a cualquier organismo público o privado.
Realizar reuniones reservadas, a pedido de la mayoría de los miembros de la Comisión.
Solicitar los informes sobre los controles internos y externos practicados.
Realizar cualquier otra acción que coadyuve al avance de la investigación, siempre que se lleve adelante en el marco de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución y no correspondan de manera exclusiva al Poder Judicial.
La comisión va a estar integrada por seis senadores designados en base a propuestas de los distintos bloques parlamentarios. Tendrá un presidente, un vicepresidente y un secretario. Una vez constituida la comisión tendrá 30 días para la confección de su reglamento interno.
Si como consecuencia de la investigación, se advirtiera que se han cometido actos que pudieran considerarse infracciones o delitos, la comisión deberá formular las denuncias pertinentes ante la justicia ordinaria o a la comisión de Acuerdos de así corresponder, aportando los elementos de prueba recopilados.
Mensaje al juez
En otra resolución votoda el jueves pasado, los senadores del NES le manifestaron al juez Juan Carlos Leiva “que, de acuerdo al resultado de la votación en sesión de fecha 17/12/2020”, que rechazó el pedido de desafuero contra el senador Armando Traferri por falta de pruebas, “no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra” él. También facultó a la presidenta del cuerpo, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, “para que, con el patrocinio letrado que ella designe, proceda a interponer ante el Juzgado actuante la presente resolución, a fin de ser tenida como parte en el proceso”.
El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Raúl Gramajo explicó que, luego de que los senadores rechazaran el cese de la inmunidad de Traferri, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra deberían haber archivado la causa contra el legislador, “en virtud del artículo 51 de la Constitución y del artículo 27 del Código Procesal Penal”. Sin embargo, criticó que “ayer (por este miércoles) llegó a la Cámara una citación al senador Traferri vía Cámara”.
“En vez de cumplir con el precepto legal y constitucional, que es el archivo inmediato de la causa, continuaron tramitándola y plantearon ante el juez Leiva la inconstitucionalidad de dicho artículo”, abundó el legislador del departamento 9 de Julio.
Además de criticar la decisión de los fiscales de no archivar la causa, Gramajo también repudió el pedido de inconstitucionalidad, ya que explicó que el “artículo 27 del Código Procesal Penal es un correlato del artículo 51, la base es la Constitución provincial».
En ese sentido, indicó que para ello se “requiere una ley que defina una reforma constitucional con los dos tercios de los votos de cada Cámara y, a partir de ahí se podrá analizar el contenido de esa disposición está vigente”, y de inmediato insistió: “Si a los fiscales no les agradó lo que establece este artículo, nosotros solo cumplimos con lo que dice la constitución, nada más. No hemos salido de eso”.
Y el remate de Traferri
«Desde hace algunos meses, algunos fiscales desataron un ataque sistemático hacia mi persona, sin presentar ni una sola prueba contundente en contra, motivo por el cual la gran mayoría de mis colegas rechazaron el desafuero», posteó este viernes en redes sociales el senador Traferri.
Añadió el legislador sanlorencino: «Ayer (por este jueves), finalmente, el Senado de la provincia votó una resolución que habilita a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, presidenta de la Cámara, a pedir el cierre de las actuaciones en mi contra en la causa del juego clandestino».
«Celebro la resolución, que reafirma que no se puede avanzar en el proceso judicial instaurado contra mi persona, porque ese proceso es inconstitucional y representa un atropello a la Constitución provincial y a toda la sociedad santafecina», agregó.
Y de inmediato cerró: «Es hora de que algunos funcionarios dejen de usar la Justicia para dirimir cuestiones políticas y se pongan a trabajar en resolver las necesidades de la gente, compromiso que tomamos cuando asumimos la gestión, y por el que estoy dispuesto a trabajar hasta el último momento».
