El 26 de noviembre se cumplió el plazo de 60 días que la Comisión Bicameral de las Comunicaciones se había comprometido a respetar para designar mediante un proceso público al titular de la Defensoría del Público Audiovisual, órgano que representa los derechos de las audiencias de radio y televisión en el país.
El interventor que la Comisión designó en carácter transitorio, cuyo curriculum revela un completo desconocimiento del sistema de medios, de los usos y consumos de noticias y entretenimientos de las audiencias y de la regulación audiovisual, fue a última hora de ayer prorrogado en sus funciones administrativas hasta el 15 de marzo de 2019 por parte del presidente de la Comisión.
Es el senador Eduardo Costa. Lo transitorio va mutando en costumbre.
El lapso en que los senadores y diputados de la Bicameral establecieron el 26 de septiembre último cuando designaron el interventor “transitorio” se consumió sin que hubiese una sola reunión de la Comisión, sin que se avanzara en la normalización de la titularidad del organismo y sin que se discutieran (mucho menos consensuaran) criterios para saldar la acefalía que sufre la Defensoría del Público.
El contraste entre la pasividad con la que operó la Comisión Bicameral en estos dos meses y la urgencia con la que el oficialismo impuso entonces su candidato a interventor sin que mediara un argumento político o técnico (tanto que en la reunión no se exhibieron siquiera sus antecedentes) impide augurar una gestión atenta al cumplimiento de la nueva prórroga.
¿Qué garantiza que, ahora sí, a diferencia del compromiso inicial, se respete la regulación vigente y se permita la plena actividad del organismo?
La tutela de los derechos de las audiencias es fundamental en el marco de las llamadas “sociedades de la información” y por ello en diferentes países como el Reino Unido, Alemania, México o Suecia funcionan organismos que cumplen roles similares a los que en la Argentina, desde 2012, desempeña la Defensoría del Público Audiovisual.
Creada por la ley audiovisual 26.522 de 2009, la Defensoría recoge inquietudes del público de medios audiovisuales, realiza actividades de capacitación y promoción, y desarrolla investigaciones comparativas sobre el contenido de los medios.
Sus mediaciones fueron y son muy eficaces y respetadas por medios grandes y pequeños, comerciales, estatales, cooperativos y comunitarios.
En sus seis años de vida, la Defensoría realizó a 24 audiencias públicas en distintas provincias del país para conocer el estado de la comunicación audiovisual, lo cual es un ejercicio de escucha inédito por parte de la administración estatal y, desde una perspectiva de política pública, un espacio de atención y contención que genera insumos dignos de ser analizados.
Sin embargo, desde noviembre de 2016, la Defensoría sufre un estado de acefalía dado que el Congreso se desentendió del organismo una vez que su primera titular -Cynthia Ottaviano, designada según marca la Ley votada por el mismo Congreso y vigente en lo que concierne a la Defensoría del Público- finalizara su mandato de cuatro años.
El derecho al acceso a la cultura y a la información, y la doble faz individual y colectiva del derecho a la libertad de expresión, además del derecho de los consumidores, se hallan comprometidos cuando la institución expresamente diseñada para tutelarlos sufre el destrato de las autoridades del Poder Legislativo.
No deja de ser sintomático que la defensa de los derechos de la ciudadanía que, en diferentes ámbitos, debieran ejercer la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Defensoría del Público Audiovisual, encuentren obstáculos nada menos que en el Congreso de la Nación que, por acción u omisión, impide su normal integración y funcionamiento.
Las defensorías deben ocuparse de los derechos de la sociedad, especialmente de los sectores más vulnerables, en un panorama de regresión en su efectivo reconocimiento.
Tal vez ahí radique una de las causas por las que estos organismos se hallan acéfalos.
(*) Publicado en Lavaca.org.
