Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Es miércoles 1° de diciembre de 1976. Son las cinco de la tarde. Yolanda Ponti, estudiante de la Escuela de Servicio Social de Santa Fe y militante de la Juventud Universitaria Peronista, toma un colectivo en el barrio Barranquitas, al oeste de la capital provincial. Sube a la línea 3 con dirección al centro. Al llegar a la esquina de Lisandro de la Torre y 25 de Mayo, nota que unos autos la vienen siguiendo. Decide bajarse del transporte público. Intenta correr, pero es alcanzada por dos balazos. Su cuerpo de 18 años queda tendido en la vereda. El colectivero, también herido, se baja del micro y yace en la puerta de una casa, esperando en vano asistencia médica. Un hombre que estaba en la parada también es víctima de la balacera.
Los disparos provienen de dos autos sin identificación que cercan el colectivo. Quienes gatillan van vestidos de civil. Más tarde, por registros oficiales, se sabe: es un operativo militar, a cargo del capitán del Ejército, Alberto José Jaime. Otro represor que participó de los hechos, Oscar Alberto Cabezas, fue el cuarto muerto que se contó aquel día.
Casi cincuenta años después, se dan cita en la puerta del Tribunal Oral Federal N° 1 de Santa Fe, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia y el Espacio de Memoria de la ciudad de Rafaela, donde nació Yolanda. Los organismos cuelgan las banderas frente al tribunal y esperan, entre familiares y amigas de “Yoli”, el inicio del juicio de lesa humanidad que juzgará a Jaime por homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y con el concurso premeditado de más de dos personas en perjuicio de la joven militante.
Luis Larpin, del Foro, advierte: “Nunca un juicio es un juicio más”. Pero señala algunas características salientes de este caso. En primer lugar, que la masacre se produjo en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. En segundo, que el jefe de ese operativo, entonces capitán del Ejército, continuó su carrera militar y se retiró como teniente coronel. El ex militar estuvo prófugo entre 2015 y 2019, cuando fue detenido en Capital Federal por presentar el DNI de su hermano. Al encontrarlo y detenerlo, se retomó el proceso judicial.
En 1976, Jaime era jefe de una columna del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Larpin explica: “En Santa Fe fueron condenados muchos policías. Eran los más visibles, ya que aparecían en los registros. Los militares, que decidían qué se hacía con quién, quedaban casi siempre en el anonimato. Pero en este caso, al morir también un militar, tuvieron que hacer un registro del operativo en el que quedó escrito el nombre de Jaime y de otros que también participaron pero ya murieron”.
La investigación por el crimen de Yolanda comenzó a raíz de la causa «Elías, Nilda y otros» (05/2009), en la que se analizaron hechos con 22 víctimas de las fuerzas represivas durante la última dictadura. Así, a medida que se fueron estableciendo las imputaciones, las carátulas cambiaban por los nombres de los imputados.
En la causa “Jaime”, la querella es llevada adelante por la agrupación H.I.J.O.S., con el patrocinio de la abogada Lucía Tejera. El tribunal está conformado por los jueces Luciano Lauría (presidente), José María Escobar Cello y Elena Dilario (vocales). El fiscal es Martín Suárez Faisal. El 24 de agosto se conocerá la sentencia.
En la primera audiencia, testificaron Jaime y los hermanos de “Yoli”: Mercedes, Ibe y José. También lo hicieron quien fue su pareja, Reinaldo Benítez; su compañera de militancia, Ana Testa y su amiga Analía Merli.
Yolanda Ponti: una vida para la militancia y el servicio social
“Era muy sensible, muy mimada y muy querida por todos nosotros”. Así recuerda a Yolanda su hermana, Mercedes Ponti, en diálogo con El Ciudadano. Cuenta que era la menor de cuatro hermanos y “muy pegada a su familia”. En las palabras emerge el recuerdo y casi cinco décadas buscando memoria, verdad y justicia. “En el colegio era muy querida por sus compañeras, siempre le gustaba colaborar, ayudar. Iba a los barrios y ayudaba a los chicos y adultos a aprender a leer y a escribir. Hablaba con la gente sobre cómo tratar de mejorar el futuro del país. Tenía muchas habilidades de costura, de cocina. A pesar de la corta edad que tenía, sabía hacer de todo”, relata Mercedes.
Y agrega: “Yo la protegía mucho porque era mi hermana más chica. Estábamos muy pegadas las dos, porque tenemos poca diferencia de edad”.
Cuando Yolanda terminó los estudios secundarios, en el Colegio Nuestra Misericordia de Rafaela, se fue a vivir a Santa Fe. Primero residió en una pensión cerca de la cancha de Unión y, más tarde, se mudó con su compañero Reinaldo “Chino” Benítez a una casa en el barrio Barranquitas.
Benítez era pareja de Yolanda; ambos habían compartido sus años de escuela secundaria militando juntos en la organización Acción de Estudiantes Secundarios (AES). “Teníamos actividades vinculadas a los intereses e inquietudes de los jóvenes de aquel momento. Conseguíamos descuentos en librerías y en el boleto del colectivo”, rememora el militante. También hacían actividades de alfabetización en los barrios Güemes y Villa Podio.
“El barrio Güemes de Rafaela tenía como particularidad que era un barrio que estaba salida de Rafaela, distante de la ruta. De manera que otra de las actividades que hicimos, de la que Yolanda también participó junto con la gente del barrio, fue construir una vereda para que los vecinos pudieran caminar sin pisar el barro para ir a la escuela o a la capilla”, relata.
Las y los estudiantes de la AES también imprimían la revista Qué Hacer: una publicación que informaba sobre las actividades que los estudiantes de Rafaela realizaban en sus escuelas.
En 1974, Yolanda llegó a Santa Fe para estudiar Servicio Social. “Era una carrera con la que se sentía plenamente identificada, porque tenía que ver con su sensibilidad social y con su sensibilidad por las causas populares, las de los más humildes, de los más rezagados de la sociedad. Ella se veía a futuro desarrollando una profesión donde pudiese canalizar sus inquietudes sociales y políticas”, dice Benítez.
Además de destacarse como estudiante, la joven rafaelina también empezó a militar en el centro de estudiantes de la Escuela de Servicio Social, ligado a la Juventud Universitaria Peronista.
Su compañero, que fue apresado por razones políticas en 1975 y liberado unos años más tarde, relata: “Eran momentos con mucha represión contra los jóvenes que teníamos actividad política. Yolanda sufrió una persecución que terminó con su muerte”. A fines de 1975, la casa de la familia Ponti en Rafaela fue allanada. Se llevaron detenida a una de las hermanas, para averiguar datos sobre Yolanda, y fotos de la joven.
Mercedes recuerda: “En el último tiempo habían empezado a ocurrir cosas feas y ella tenía miedo. No me lo dijo explícitamente, pero ella veía que empezaban a pasar cosas raras con sus compañeros. La vimos en octubre del 76 y después ya no la vimos más”.
El 3 de diciembre, dos días después de la masacre, una vecina le llevó el diario a Mercedes y le mostró la noticia. Decía lo que había ocurrido, y aunque no figuraba el nombre de Yolanda, sí aparecía su apellido. Por ese dato, José Ponti (padre de Yolanda) fue a la comisaría de Rafaela. Lo derivaron al Hospital Cullen y recién allí pudieron confirmar lo que temían.
“Nos entregaron el cuerpo y pudimos despedirla a puertas cerradas, con la familia y los amigos. Después la llevamos al cementerio, que estaba lleno de policías, de autos Falcon con gente vestida de civil”, dice su hermana.
El Chino Benítez asegura: “Para nosotros es muy importante recordarla como la recordamos todos lo que lo conocimos: como una persona con mucha sensibilidad por la vida de los otros. Tenía facilidad para hacer amigos, era alguien con mucho humor e ironía para expresar lecturas de la realidad”.
Y agrega: “Pienso que es necesario valorar las construcciones colectivas, la sensibilidad con el otro. Eso va a permitir un mundo no sólo más justo y solidario sino también menos violento y menos negacionista de la verdad”.
Juicios por la verdad y por la memoria
Del operativo que mató a Yolanda Ponti también participaron el suboficial Nicolás «Tío» Correa; un oficial del D2 de Inteligencia de la Policía santafesina agregado a la Inteligencia militar, Héctor «Pollo» Colombini; el teniente Julio César «Potín» Dominguez y el sargento Elodoro Jorge Hauque. Todos ellos fueron beneficiados por la impunidad biológica de un juicio demorado por un militar prófugo hallado de casualidad en un operativo de rutina.
Es necesario que estos juicios continúen con celeridad, no sólo para que los genocidas que aún viven sean juzgados, sino —en palabras de Benítez— “para que se sepa lo que verdaderamente sucedió y no la versión que construyeron los represores”
El entrevistado reflexiona: “La búsqueda de Justicia está asociada a la memoria. Es decir, tratar de rescatar todo lo que se pueda de la memoria de los compañeros y dar la batalla para llevar a juicio a los represores. Lamentablemente la Justicia se tomó su tiempo, por eso muchos represores murieron antes de ser juzgados”.
Para Mercedes, “aunque hayan pasado muchos años y esta persona ya haya vivido el 80% de su vida, por lo menos vamos a estar más tranquilos”. Y añade: “Espero que esta persona sea condenada porque no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo. Hasta el día de hoy nos parece que fue algo que no tendría que haber pasado, porque mi hermana era una nena. La forma en que la mataron es inexplicable”.
La mamá de Yolanda, Ibe, murió antes del asesinato de su hija. El papá, que hizo su duelo en plena dictadura, falleció en 1985. Ante la pregunta de si sintieron que con la democracia había una posibilidad de que se haga justicia, Mercedes responde: “Creo que todos pensamos eso, pero se demoró muchísimo”.
Este viernes, la Comisión de las Baldosas del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, colocó una baldosa de la memoria en nombre de Yolanda, en la esquina céntrica de Lisandro de la Torre y 25 de Mayo.
