Hernán Boveri es uno de los anestesiólogos imputados en la causa que investiga el desvío de drogas críticas como propofol y fentanilo, que se usan en reuniones llamadas Propo Fest y que salieron a la luz luego de la muerte de su colega Alejandro Zalazar.
Lo que parecía una carrera académica destacada, marcada por la formación de profesionales y la promoción de técnicas de vanguardia, quedó bajo la lupa judicial tras detectarse faltantes de insumos hospitalarios y su presunta vinculación con eventos de consumo recreativo.
Del aula a la causa judicial
La carrera de Boveri en la anestesiología nacional se caracterizó por un sólido prestigio académico y un rol central en la formación de nuevos profesionales. Egresado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se consolidó como subdirector de la carrera de médicos especialistas y supervisor docente de residentes en el Hospital Italiano, cargo que ocupaba desde 2015.
Difusión de la técnica TIVA
Dentro de la comunidad médica, Boveri fue reconocido como experto en la técnica de Anestesia Total Intravenosa (TIVA), coordinando rotaciones y programas de neuromonitoreo. Su actividad científica trascendió las fronteras locales, ocupando la secretaría científica de TIVAmérica e interviniendo en programas educativos internacionales como EuroSIVA.
En este marco, la labor docente de Boveri se centraba en actualizar a los profesionales en el manejo seguro de fármacos endovenosos para optimizar la atención quirúrgica. En una convocatoria académica, Boveri presentó un evento al que describió como “sin precedentes en Latinoamérica”, invitando a participar de “tres días a pura TIVA”.
Estas jornadas abordaban el uso de sustancias como propofol y fentanilo, hoy en el centro de la investigación judicial por su presunto desvío del circuito hospitalario para su uso en reuniones conocidas como Propo Fest.
Investigación judicial en curso
La situación de Boveri se complicó tras una denuncia del Hospital Italiano por faltante de ampollas y cápsulas de anestesia detectado mediante filmaciones. El caso se aceleró tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, en cuyo domicilio se hallaron fármacos pertenecientes al circuito interno de la institución.
A raíz de estos hechos, el magistrado Javier Sánchez Sarmiento imputó a Boveri por administración fraudulenta, lo que derivó en su apartamiento preventivo de las funciones clínicas y académicas.
