Candela Ramírez
Este martes se viralizó una foto que muestra a los seis diputados de La Libertad Avanza posando junto a los trece genocidas que visitaron en el penal de Ezeiza el pasado 11 de julio. Sobre todos los presos pesan condenas perpetuas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura: secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones de personas.
Uno de los más conocidos es Alfredo Astiz, porque fue el oficial de la Armada que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y permitió el secuestro, tortura y asesinato en los vuelos de la muerte de Azucena Villaflor, y las monjas francesas Leoni Duquet y Alice Domon, entre varias más.
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Pero en la foto también se ve a uno que es conocido por sus crímenes en Rosario: Mario “el Cura” Marcote. Fue oficial de la Policía de Santa Fe y formó parte de la patota liderada por el jefe de Policía de ese momento, Agustín Feced, que operó en el Servicio de Informaciones, ubicado en la esquina de Dorrego y San Lorenzo.
Esa esquina, entre 1976 y 1979, se convirtió en el centro clandestino de detención más grande de la Provincia de Santa Fe por la cantidad de víctimas que pasaron por ahí, se estima que más de dos mil. Marcote además de secuestrar, torturar y matar, violaba a las mujeres secuestradas: de hecho la primera condena que tuvo la ciudad por este tipo de delitos fue contra él y Rubén “el Ciego” Lo Fiego en mayo de 2020.
Fue un hito. Fue gracias al testimonio de sobrevivientes que lo denuncian desde su liberación y el regreso a la democracia en los ochenta. Lo denunciaron ante la Conadep (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) y luego desde que se reanudaron las causas en 2006. Pero había una traba jurídica: hasta ese momento las denuncias por violaciones y abusos sexuales se tomaban como una forma más de tortura, no se distinguían como otro tipo de delito.
Fue a partir de 2010 por una condena en Mar del Plata, que la Justicia empezó a acoger esos testimonios y hacerse cargo de la demanda colectiva: desde entonces se consideran a los delitos sexuales como autónomos de otro tipo de tormentos. Los Tribunales Federales de Rosario lo hicieron por primera vez en la tercera y cuarta elevación de la megacausa Feced en mayo de 2020.
Lo que se expone en los juicios de todo el país es que este tipo de crímenes no eran aislados, sino una práctica sistemática en todos los centros clandestinos de detención. Y, además, un tipo de violencia específica contra las mujeres secuestradas.
En Rosario, los testigos que declararon en Feced coincidieron en que Marcote era el “encargado” de las violaciones en el ex SI y, además, lo recordaron como un fanático religioso.
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“El Cura” nunca admitió los crímenes, de hecho declaró cosas como esta: “La violencia que se ve en el programa Policías en acción nunca la vi en el Servicio de Informaciones, nunca forzamos una puerta sino que sólo se intimidaba la salida de las casas, por medio de un megáfono”.
Estas son las condenas que pesan sobre el represor rosarino que recibió la visita de los legisladores libertarios: en 2022 a 17 años de prisión en el juicio Folch; en 2012 a 25 años de prisión en 2012 en el juicio Feced; y en 2020 a prisión perpetua en las últimas elevaciones de la causa Feced.
Los demás represores que recibieron la visita de legisladores
La lista de genocidas que recibieron la visita de los diputados nacionales de La Libertad Avanza se completa de esta manera, tal como publicaron Mauro Federico e Ivy Cángaro en Data Clave este lunes.
Raúl Antonio Guglielminetti: su alias era “Mayor Gustavino”. Exagente de inteligencia y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, parte del Plan Cóndor. Condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE). Integró la denominada “Banda de Aníbal Gordon”, por lo que fue relacionado con el secuestro y asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en 1985. Ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas.
Carlos Guillermo Suárez Mason (h): tiene como alias “el hijo de Sam” y fue condenado a prisión perpetua por treinta y cuatro delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Su padre fue el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason, alias “Pajarito”.
Gerardo Arráez: integraba la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue condenado a 25 años de prisión por 352 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos en el circuito represivo ABO (Centros Clandestinos Atlético, Banco y Olimpo).
Julio César Argüello: integró la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro del Circuito Camps. Condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por más de 80 casos de homicidio, secuestro, tortura, entre ellos el de Claudia Falcone de La Noche de los lápices, Emilce Moler y Adriana Calvo.
Manuel Juan Cordero Piacentini: fue condenado a 25 años de prisión por los secuestros de once ciudadanos uruguayos durante el denominado Plan Cóndor.
Alfredo Astiz: infiltrado bajo el nombre de Gustavo Niño entre las madres de la Iglesia de la Santa Cruz, es el responsable del secuestro, tortura y asesinato en los vuelos de la muerte de Azucena Villaflor, y las monjas francesas Leoni Duquet y Alice Domon, entre varias más. Es el responsable del crimen de la quinceañera Dagmar Hagelin. Fue condenado a dos prisiones perpetuas, nunca se arrepintió.
Adolfo Donda: fue condenado a quince años por el secuestro de su sobrina, Victoria Donda, luego del asesinato de su hermano y su cuñada en la ESMA, donde era jefe de operaciones del Grupo de tareas 3.3.2.
Miguel Britos: integraba la Policía de la Superintendencia de Seguridad Federal. Condenado a perpetua por el homicidio calificado de Eduardo Edelmiro Ruival y la privación ilegal de la libertad agravada de Adriana Claudia Marandet, en el circuito ABO.
Juan Agustín Oyarzabal: fue condenado a prisión perpetua por homicidio simple y privación ilegítima de la libertad mientras se desempeñó como segundo jefe del D2 de Mendoza. Se encuentra imputado en las causas referidas a Francisco “Paco” Urondo, Héctor Brizuela, Alberto Molina y Marta Agüero.
Honorio Carlos Martínez Ruiz: tenía como alias “Pájaro” y fue compañero de Guglielminetti en Automotores Orletti. Resultó condenado a prisión perpetua por el secuestro y los tormentos que sufrieron dos niños, que fueron llevados a ese lugar con su madre después del asesinato de su padre y luego trasladados a Uruguay, para ser posteriormente abandonados en una plaza de Chile.
Además, está Antonio Pernías: fue capitán de navío. Integró los sectores Operaciones e Inteligencia en el Grupo de Tareas de la ESMA entre 1976 y 1980. Participó en operativos de secuestro, robo de vehículos y saqueo de viviendas, así como en interrogatorios bajo tortura y en el control de los detenidos-desaparecidos. Durante 1977 estuvo a cargo de los cautivos obligados a realizar trabajo esclavo en el sector Pecera. Después de 1980 estuvo destinado al Centro Piloto de París. Recibió las condenas a prisión perpetua en 2011 y 2017 por la megacausa Esma en ciudad de Buenos Aires.
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