El Ciudadano
Este jueves 11 de julio se cumplen 47 años de la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Horacio Ponce De León. Sucedió en los años del Terrorismo de Estado en Argentina, cuando los militares tomaron el poder entre 1976 y 1983.
En ese tiempo, la muerte de Ponce De León, reconocido por su prédica en favor de los más humildes en línea con el Movimiento de Curas Tercermundistas de la época, se presentó como resultado de un accidente automovilístico y durante décadas la Justicia miró al costado. El hecho se dio en la Ruta 9 a la altura de Ramallo, en dirección a Buenos Aires. Ponce De León venía de denunciar en el Vaticano las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares argentinos.
En 1978 la Justicia provincial de aquella jurisdicción había dictado contra el conductor del auto que chocó una pena de 6 meses de prisión en suspenso y la inhabilitación para conducir automotores por 5 años.
En 2005 se reabrió la causa pero tuvo varias trabas; en febrero de 2023 la Cámara Federal de Rosario hizo lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal en un fallo que analiza las irregularidades de la investigación realizada en 1978 y valora las pruebas obtenidas por la Fiscalía Federal determinó entonces que la muerte de Ponce De León sería investigada como atentado político y no como un accidente automovilístico.
Quién fue
Ponce de León nació el 17 de marzo de 1914 en la localidad de Navarro, a 124 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires. Fue sacerdote desde 1939 y participó del Concilio del Vaticano II, una enorme renovación de la Iglesia que él vio con entusiasmo.
Desde el 18 de junio de 1966 pasó a ser obispo de la diócesis de San Nicolás y uno de los rasgos fundamentales de su prédica tuvo que ver con su cercanía a perseguidos políticos y familiares de presos políticos de las dictaduras de entonces (a fines de los sesenta, de Juan Carlos Onganía) y finalmente la última, iniciada el 24 de marzo de 1976.
Durante el último golpe, recibía en su despacho a familiares de desaparecidos y utilizaba todas las herramientas que tenía a mano para obtener información sobre su paradero e intentaba incidir en su posible liberación.
Fue un estorbo para las autoridades militares que veían en él un verdadero “subversivo”. Eran años de Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional localizaba enemigos internos en los países: la prédica de Ponce De León era vista por los militares como la infiltración del marxismo en la Iglesia argentina.
La persecución a curas tercermundistas tuvo su primer golpe el 11 de mayo de 1975, cuando operaba el órgano paraestatal conocido como la Triple A bajo el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón que mató al cura villero Carlos Mujica. Una vez iniciada la última dictadura, apenas una semana después, el ex-coronel Manuel Fernando Saint Amant encarceló a tres sacerdotes de San Nicolás y justamente Ponce De León fue uno de los férreos defensores de la vida y libertad de los tres.
Ahí empezaron los problemas con Saint Amant que tenía a su cargo el Área Militar 132, conformada por ciudades del noroeste de la provincia de Buenos Aires: San Nicolás, Baradero, San Pedro y Pergamino.
Aquella zona conformaba un gran polo industrial y también un gran reservorio de militantes sindicales organizados. Por ello fue uno de los grandes focos de represión estatal durante la dictadura.
El 4 de agosto de 1976 mataron al reconocido Monseñor Enrique Angelelli —también parte del Movimiento de Curas Tercermundistas— en La Rioja, en circunstancias similares a las que se darían meses más tarde con Ponce De León: también intentaron hacerlo pasar por un accidente automovilístico.
Las amenazas a Ponce De León no tardaron en llegar. También las tareas de seguimiento e inteligencia de parte del aparato represivo del Estado. El 16 de diciembre de 1976 Saint Amant redactó un informe secreto dirigido al Comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason donde daba cuenta de las actividades y el nivel de peligrosidad que representa Ponce De León para el régimen militar. Se lo consideraba un “traidor a la Iglesia”.
Fue el puntapié de un ida y vuelta de cartas e informes que terminó con lo que ahora se investiga como asesinato, sucedido la madrugada del 11 de julio de 1977.
Una de las primeras investigaciones post golpe, un libro de Emilio Mignone publicado en 1986 llamado “Iglesia y dictadura” detalló que había al menos 79 víctimas del terrorismo de Estado entre 1974 y 1983 que formaban parte de la iglesia: 62 sacerdotes, 11 seminaristas, 4 religiosos y 2 obispos. Los juicios de lesa humanidad que se retomaron en los 2000 fueron ampliando ese número de víctimas.
Investigación actual
El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, requirió este miércoles 10 de julio el llamado a declaración indagatoria de tres militares y dos civiles imputados como coautores del homicidio agravado del obispo Ponce De León y la tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Víctor Oscar Martínez el 11 de julio de 1977 en el marco de un suceso que pretendió presentarse públicamente como un incidente vial. Así lo informó el Ministerio Publico Fiscal.
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
La investigación del caso como un atentado contra Ponce de León -que al momento del hecho venía de denunciar en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos en Argentina- fue una hipótesis trabajada desde 2005 por la Fiscalía Federal de San Nicolás, que logró que el Poder Judicial validara su postura, removiera los efectos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y reabriera el proceso.
En efecto, la fiscalía recabó elementos de prueba que le permiten sostener que Ponce De León fue asesinado en un atentado planificado por diferentes órganos represivos como consecuencia de sus denuncias, que consistió en cruzar la camioneta sobre la ruta para que fuera embestida por el vehículo conducido por Ponce de León en la madrugada del 11 de julio de 1977.
El pedido de llamado a declaración indagatoria formulado por el fiscal Di Lello, que deberá resolver el juez federal subrogante Marcelo Bailaque, comprende al exjefe de Personal y Logística de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Bernardo Luis Landa; al exjefe y el exsegundo jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada y Luis Américo Muñoz, respectivamente; el conductor de la camioneta Ford F-100 ante la cual impactó el Renault 4 conducido por Ponce de León y empleado de la firma Agropolo S.A, Luis Antonio Martínez; y el titular registral de la camioneta, directivo de aquella empresa, Sergio Carlos Bottini, quien acompañaba a Martínez el día de los hechos.
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