Sergio Molina García
A principios de diciembre de 2019, el presidente Emmanuel Macron presentó el proyecto de reforma del sistema de pensiones en Francia, una de sus propuestas electorales en 2017. Este cambio consistía en unificar los 42 regímenes existentes para calcular las pensiones en uno solo. De esa manera, los sectores que poseían un acceso especial, como los ferroviarios, perderían esos privilegios. Al mismo tiempo, la edad pivote de jubilación se aumentaría de los 62 a los 64 años, y la valoración de las pensiones se realizaría en base a toda la vida laboral y no a partir de los últimos 25 años trabajados.
Este proyecto generó una respuesta social inmediata en dos líneas diferentes. Por una parte, desde el 5 de diciembre hasta ahora se han convocado cinco jornadas de manifestaciones y de huelgas en todo el país.
En algunos de esos días se han contabilizado más de un millón de manifestantes. Todo ello ha recordado, y superado en algunos aspectos a las movilizaciones de 1995 contra el Plan Juppé. Por otra parte, el transporte ferroviario se ha paralizado en gran parte de Francia. La estatal SNCF ha llegado a cancelar hasta el 90% de trenes de larga y media distancia. Y en Paris la red multimodal RATP lleva casi cuarenta días de interrupciones, lo que ha afectado gravemente a la vida diaria de sus habitantes.
Se trata del segundo año consecutivo en el que el ejecutivo de Macron tiene que hacer frente a grandes protestas. Desde octubre de 2019, los chalecos amarillos (Mouvement des gilets jaunes), durante más de nueve meses denunciaron la pérdida del nivel adquisitivo de las clases medias y del aumento de los precios de los combustibles. Se trataron de acciones articuladas desde las redes sociales, pero sin una estructura vertical que dirigiera el programa político ni sus acciones.
Los sindicatos quedaron al margen del liderazgo. De hecho, tanto la CGT como la CFDT, las dos principales centrales sindicales del país, en un primer momento se desvincularos de los chalecos amarillos y acusaron a la extrema derecha de estar tras ellos.
Las protestas de este año presentan una morfología muy distinta en todos los aspectos. Quizás, el rasgo distintivo que más llama la atención es la posición de los sindicatos en las protestas contra la reforma de las pensiones. La CGT y la CFDT, junto con otros minoritarios, están liderando la organización de todas las acciones. Una prueba de ello es la profesionalización de las manifestaciones y las demandas. De hecho, la mesa de negociación está compuesta por el gobierno, la patronal y los sindicatos. Y son estos últimos los que están exigiendo a Macron el cambio de la propuesta de reforma.
El pasado sábado 11 de enero el primer ministro, Edouard Philippe, anunció que la edad de jubilación continuará siendo 62 años. La renuncia parcial de los cambios anunciados por el Elíseo a principios de diciembre ha contentado a parte del sindicalismo. La CFDT ha visto cumplidos sus objetivos, pues desde el principio se mostraron a favor de la unificación de los 42 sistemas de pensiones. La CGT, al contrario, continuará las protestas en busca de la derogación completa del proyecto.
Sin embargo, más allá de que la CGT y otros como FO (Fuerza Obrera, la tercera central sindical), FSU (Federación Sindical Unitaria, que agrupa a gremios de la educación), Solidaires (que agrupa a los sindicatos antiglobalización), CFE-CGC (federación sindical que agrupa a profesionales y personal de dirección) puedan conseguir sus metas, las estructuras sindicales ya son las grandes vencedoras del combate. Hace un año estaban tratando de defenderse ante las argumentaciones que hablaban de la “muerte del sindicalismo” y hoy son los líderes del movimiento que ha colapsado Francia.
Desde el 5 de diciembre le están mostrando al gobierno que los sindicatos son los “guardianes” del Estado social francés.
Seminario de Estudios del franquismo y de la transición/Universidad de Castilla La Mancha
