Empresarios de San Juan, Catamarca y Mendoza, asesorados por la Secretaría de Minería, impulsan una iniciativa para modificar la ley de Glaciares ante la alarma de organizaciones ambientalistas que advierten sobre una mayor contaminación de las reservas de agua dulce. El tema salta de nuevo pero es consecuencia de una reunión mantenida a mediados de noviembre pasado en Casa Rosada que incluyó a representantes políticos y hasta sindicales. Todos argumentaron proyectos frenados por la norma, inversiones prometidas que no pueden concretarse y trabajos que no se crean.
El vicepresidente de la Cámara Argentina Empresarios Mineros (Caem), Jaime Bergé, argumentó que la modificación debe permitir la preservación de los glaciares «importantes y los vinculados al paisaje». El empresario siguió con la justificación de este nuevo avaance: «Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia».
El Senado nacional aprobó en septiembre de 2010 la ley de Preservación de Glaciares y en febrero de 2011 se inició un inventario de todos los glaciares existentes en el país con el fin de avanzar en la reglamentación de la ley.
Varias organizaciones ambientalistas sostienen que la actual iniciativa empresarial pondrá en riesgo reservas de agua dulce –los glaciares son las más importantes por su volumen– y aseguran que el inventario elaborado con base en la la norma de 2010 no incluye todas las superficies que contienen agua sólida.
De acuerdo a lo que publicó este lunes el diario La Nación existen hoy 21 grandes proyectos mineros, por lo que la reforma de la ley permitiría el incremento de las exploraciones.
La iniciativa sostiene en sus considerandos que no toda la zona alrededor de los glaciares realiza un aporte significativo de agua a los ríos originados en la cordillera y que cada región debería ser analizada ante la presentación de los proyectos mineros.
Voceros de Caem manifestaron que la iniciativa de modificación cuenta con el visto bueno del presidente Mauricio Macri. Desde la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron: «Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración».
Bergman también quiere más mineras y menos épica legislativa
En noviembre del año pasado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, sostuvo en el marco de la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP 23), en Bonn, Alemania, que el gobierno considera necesario “revisar” tanto la ley de Bosques como la de Glaciares.
“Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin. Terminan siendo una épica legislativa que se hizo el lobby para que se proclame, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso natural y el territorio que queremos preservar”, aseguró el funcionario entonces.
En esos mismos días, el presidente Mauricio Macri había convocado a Eduardo Elsztain y a Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país y gestores de la reunión, junto al titular de la Caem, Marcelo Álvarez y hasta a gremios que refrendaron los argumentos corporativos. También acudieron autoridades de provincias mineras, funcionarios de Medio Ambiente y dos ministros clave: el de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el de Trabajo, Jorge Triaca.
Macri les prometió que impulsaría una reforma a la ley de protección de glaciares, una norma que en su momento también encendió fuertes debates internos en la gestión de Cristina Kirchner.
Desde el oficialismo de Cambiemos, explicaron hace dos meses que buscan una nueva forma de protección legislativa de los glaciares que haga equilibrio entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la Cordillera de los Andes. Y trascendió una fecha para tener listo el texto: febrero de 2018.
Los empresarios le plantearon a Macri que había unos 18.000 millones de dólares en inversiones potenciales en minería frenadas por la incertidumbre que genera la actual ley. Las voces cantantes fueron, entre otras, las de Eduardo Elsztain (dueño de shoppings y oficinas que participa en el sector a través de Austral Gold), Carlos Miguens (el ex propietario de Cervecería Quilmes y ahora de Patagonia Gold) y Fernando Giannoni, director ejecutivo de Barrick, entre otros.
También estuvieron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y Héctor Lapla, jefe de los trabajadores mineros reunidos en Aoma, quienes cuestionaron la ley por su celo en la protección de los glaciares y las trabas –dijeron– que le pone a los emprendimientos.
