Suena a trabalenguas: el “último primer día” de clases en las escuelas secundarias, principalmente en las privadas, es conocido por traer problemas en la calle: vandalismo, ebriedad y ruidos molestos a primera hora. Algunas veces también se da en la previa de los viajes a Bariloche. Los protagonistas son estudiantes de 5º año, menores de edad y por eso pasibles de ser imputados de delitos de menos de dos años de pena. Ante esta imposibilidad de sancionarlos con más severidad, la Justicia rosarina emitió un fallo que pide a los distintos niveles del Estado y los colegios involucrados o interesados formar una mesa de diálogo. El objetivo será crear un plan para disminuir el daño que suelen generar estos “festejos” de los estudiantes. “Tratándose de un delito de baja pena, este tipo de soluciones reparadoras y conciliatorias se asemejan a lo que en materia de justicia penal juvenil se conoce como justicia restaurativa”, explicó Gabriela Sansó, al frente del Juzgado de Menores de la 2ª Nominación.
Entre privados
En marzo de este año un grupo de alumnos que empezaban el 5º año del Colegio Sagrado Corazón organizó una fiesta en un salón de Santiago al 700. Habían acordado con el dueño no tomar alcohol y un padre acercó el dinero del alquiler. La promesa no se cumplió y a mitad de la madrugada estaban en la calle, alcoholizados. El dueño los echó después de que un alumno golpeara a su mujer. Cargados con botellas de fernet y vodka, aerosoles de pintura y bombas de estruendo, salieron a pasearse por las calles.
Testigos, apoyados por lo registrado por las cámaras de videovigilancia del municipio, aseguraron que pusieron sus vidas en peligro y tiraron bombas cerca de la estación de servicio de bulevar Oroño y Córdoba. Al mediodía, el colegio Maristas, a pocos metros de la estación, tenía el frente pintado con aerosol. “SC16”, “VIRGO”, “PUTO”. “PIJON”, “CAGON”, adornaron la fachada.
Un alumno del Sagrado Corazón fue apresado. Cargaba aerosoles en la mochila y se convirtió en el único imputado en una causa por daños que se tramitó en la Justicia local. La comunidad educativa del Sagrado Corazón envió disculpas y ofreció 9 mil pesos para reparar las paredes.
La jueza Sansó convocó a representantes legales de los colegios, testigos, la unidad de explosivos de la Unidad Regional II, el dueño del local y pidió registros de las cámaras de seguridad, entre otros trámites. El fallo que emitió da cuenta de que el problema tiene fecha de inicio, modalidad y sanciones previstas. Pero como son menores a dos años y el acusado es menor de edad –lo que lo hace imputable, a partir de los 16 años– la mejor salida es convocar al Estado y los privados a prevenir, teniendo en cuenta que en poco tiempo más llegará la finalización del cursado de este año.
Sansó entendió que la ley 12967 ubica a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia como la responsable de poner la mesa y llamar a las autoridades locales y los representantes de los colegios para encontrar una solución permanente y sustentable. Se necesita un abordaje interministerial (Ministerio de Educación y de Salud), interdisciplinario (psicopedagogía, sociología, psicología, medicina, abogacía), con participación de las autoridades locales y de la sociedad civil (institutos educativos afectados o interesados). A través del diálogo y el consenso deben elaborar un plan concreto de abordaje de la problemática en un marco de paz y convivencia social.
Sobre la decisión de no procesar al menor, la magistrada opinó: “Es una tendencia mundial que se viene consolidando cada vez con más firmeza para delitos leves. Busca reparar el orden social violentado. No son instancias de castigo sino de responsabilización, de concientización y reparación del daño de instituciones intermedias como la familia y la escuela”.
Historia reciente
Desde 2003 el servicio privado de enseñanza de la provincia, siempre según el fallo de la magistrada, recibió varias denuncias sobre los últimos primeros días de clase.
Algunas habían sido cursadas en el juzgado correccional al tratarse de lesiones. Hay casos registrados desde 2008 que involucran al Maristas (Oroño 770) y al Sagrado Corazón. En 2012 ingresó una por lesiones a dos alumnos del Sagrado Corazón a manos de estudiantes de Maristas.
Del Maristas también recuerdan el caso de una alumna que le pintó la ropa a un agente de la Guardia Urbana Municipal (GUM), siempre en el marco del primer día del ciclo lectivo o durante el “banderazo” previo al viaje de egresados.
En 2014 un alumno hizo estallar una bomba de estruendo y rompió la luneta de un taxi. Los padres del responsable fueron notificados y tuvieron que resarcir al taxista.
En 2016, y ligado al caso que llevó al fallo, la comunidad educativa del Sagrado Corazón ofreció pagar 9.860 pesos para reparar el frente del colegio vandalizado, Maristas. Si bien no admitieron responsabilidad, prometieron cubrir los costos de tapar los insultos y demás referencias hechas con aerosol.
Las penas evitadas
El 1º de julio de 2003 un incendio afectó al Museo de Ciencias Naturales “Ángel Gallardo” y parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
El origen fue, siempre según el fallo, una serie de bombas de estruendo arrojadas por manifestantes durante una marcha por reclamos gremiales.
“Se dispuso una condena millonaria”, aseguró la jueza. Con este antecedente, Sansó recordó que el Código de Faltas municipal establece penas de entre 579,17 a 889,37 pesos por comercio, tenencia o uso de pirotecnia más decomiso, clausura hasta 90 días o arresto hasta 15 días.
En la vía pública la sanción va al organizador o responsable de la actividad. Sobre daños al mobiliario y vandalismo, el artículo 183 del Código Penal da entre 15 días a un año de prisión, siempre que esa destrucción no constituya un delito más severamente penado. Sin embargo, como la pena es menor a dos años y el acusado es menor de edad, Sansó dispuso declararlo imputable, según prevé la ley 22278.
