Varias movilizaciones populares se sucedieron en Ecuador desde el 8 de diciembre último exigiendo la aparición con vida de los cuatro niños que ese día fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de la ciudad costera de Guayaquil. Este martes, poco antes de la última medianoche de 2024, se confirmó el hallazgo de los cuerpos incinerados de Steven Medina, de 11 años, Nehemías Arboleda, de 15, y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14). Miles de personas y grupos de derechos humanos reaccionaron con mayor indignación luego de que la Fiscalía confirmara el hecho al finalizar una audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares que participaron en la detención de los menores y que fueron acusados del delito de «desaparición forzada».
Los chicos fueron vistos por última vez cuando eran apresados y golpeados en la parte trasera de una camioneta llena de militares. Todo quedó grabado por cámaras de videovigilancia, que fueron la evidencia para que el Gobierno del presidente Daniel Noboa reconozca la participación de los soldados que había negado durante varios días.
El 24 de diciembre, ya calificado el hecho como desaparición forzada, la policía ecuatoriana siguió una pista en la remota localidad de Taura, un pueblo situado a 46 kilómetros de Guayaquil marcado por la pobreza, la ausencia estatal y el auge del crimen organizado que se desenvuelve sin interferencias al lado de una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Secuestro, ¿liberación? y asesinatos atroces
Según la versión de los militares, los niños fueron apresados por un presunto delito del que no hay ningún indicio y trasladados hasta el pueblo de Taura, donde –señala el Ejército, fueron liberados. No obstante, no no hubo comunicación con las autoridades competentes ni seguimiento de los procedimientos legales establecidos, como la entrega a la policía especializada en menores. Un testigo clave dio otros detalles: un hombre al que lugo se nombró como “el samaritano” fue el único dispuesto a abrir la puerta a los menores. Golpeados, desnudos y aterrados, los niños llegaron hasta él, quien les prestó su teléfono celular para que uno de ellos pudiera llamar a su padre. Eran las 22.59 del 8 de diciembre cuando los chicos tocaron la puerta de su casa.
El “samaritano” les dio agua y unos boxers para que pudieran vestirse. En su testimonio anticipado ante la Fiscalía, detalló que los ayudó pero les pidió que no entraran a su casa. En cambio, les sugirió que se escondieran mientras esperaban ser rescatados por sus padres. Sin embargo, antes de que una patrulla policial pudiera llegar, un par de hombres encapuchados llegaron en motocicleta y se llevaron a los menores. Esa fue la última vez que se los vio, y la dirección hacia la que fueron llevados parecía clara, hacia un río. Allí, en una zona de pantanal, encontraron los cuerpos quemados.
Dolor, rabia y reclamos de justicia
El sepelio de los chicos fue rodeado de manifestaciones populares. Los cuatro féretros salieron de sus hogares del barrio Las Malvinas de Guayaquil, un conglomerado de casas humildes, sin árboles ni parques, marginal y marcado por la pobreza con familias que luchan por sobrevivir en el comercio informal o con trabajos precarios.
En el cortejo fúnebre, familiares y vecinos marcharon con flores en las manos y pancartas con las imágenes de los rostros de los niños, a la par que se escucharon reclamos de justicia. Un grupo de músicos acompañó con instrumentos como bombos, cununos y el guasás, tambores de la herencia afrodescendiente. “El pueblo afrodescendiente está con mucho dolor, han matado a sus niños”, fue una de las consignas.
“Expresamos nuestro profundo dolor y solidaridad con las familias de Saúl, Steven, Ismale y Josué, niños ejecutados luego de ser detenidos de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, el 8 de diciembre de 2024, y en la posterior desaparición por una patrulla de miembros de la Fuerza Aérea de Ecuador”, señala un comunicado de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador. El texto afirma que el caso se “inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Desde el organismo de derechos humanos agregaron que no sólo hay responsabilidad de la patrulla militar directamente involucrada, sino de su cadena de mando y de autoridades del Ejecutivo por acción u omisión. “Señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzada y el asesinato de los niños”, agrega el comunicado, que también señala a medios de comunicación por intentar estigmatizar a los menores desaparecidos y a sus familias.
