Si algo confirma el informe «8 de marzo en perspectiva económica» del Cepa (Centro de Economía Política Argentina) es que el mercado laboral argentino profundiza el sesgo de género. Al tercer trimestre de 2025, la tasa de desocupación femenina alcanzó el 7,4 por ciento, contra el 5,9 por ciento de los varones, una brecha que se amplió respecto a 2023. Pero el dato más preocupante está en la informalidad: el 38 por ciento de las mujeres ocupadas no tiene descuento jubilatorio, frente al 35,5 por ciento de los varones. Y cuando se trata de trabajo informal, la diferencia salarial es abismal: ellas ganan un 40 por ciento menos, siendo que la formalidad del empleo garantiza no solo el acceso a la seguridad social, sino también mejores ingresos y menor desigualdad.
El 64,2 por ciento de las personas más pobres son mujeres. La cifra creció respecto al año anterior y marca una tendencia que el gobierno no hace más que agravar. En contrapartida, entre el diez por ciento de la población con mayores ingresos, apenas el 37 por ciento son mujeres.
Esta desigualdad tiene una traducción directa en los impuestos. Solo el 32,4 por ciento de quienes pagan Bienes Personales son mujeres, y sus bienes valen menos de la mitad que los de los varones. En Ganancias, la participación femenina apenas supera el 29 por ciento del total de declaraciones juradas. El gobierno, lejos de corregir esta asimetría, la profundiza: la reforma impositiva de la Ley Bases reduce a su mínima expresión el Impuesto a los Bienes Personales, beneficiando a un selecto grupo de contribuyentes, mayoritariamente varones.
El gobierno nacional eliminó la etiqueta de Presupuesto con Perspectiva de Género que permitía monitorear las políticas destinadas a reducir brechas. Pero no solo eso: desfinanció o directamente eliminó 14 de cada 19 programas clave. La moratoria previsional cayó un 41,7 por ciento en términos reales, y el veto de Milei a su extensión implica que nueve de cada diez mujeres no podrán acceder a una jubilación en el futuro.
Programas como Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven fueron virtualmente eliminados, mientras que las asistencias a víctimas de violencia de género a través de la Línea 144 cayeron un 90 por ciento. La Educación Sexual Integral fue desmantelada con una caída del 98 por ciento en su presupuesto, y no se proyecta construir un solo jardín de infantes para 2026. Sólo la Asignación Universal por Hijo mostró un crecimiento real, lo que el informe interpreta como una estrategia de contención social en medio del ajuste.
El empleo en casas particulares, donde el 98,8 por ciento son mujeres, perdió 22.436 puestos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Además, sus salarios cayeron un 35,2 por ciento en términos reales. La reforma laboral recientemente aprobada agrava aún más su situación: extiende el período de prueba de quince días a seis meses, durante los cuales pueden ser despedidas sin indemnización. La llamada modernización laboral aprobada en febrero de 2026 es, para el Cepa, un retroceso histórico con sesgo de género. En casos de despido por embarazo ya no se puede exigir la reincorporación, solo queda una indemnización agravada. El banco de horas permite que las horas extras se compensen con tiempo de descanso y no con dinero, lo que afecta directamente a quienes necesitan previsibilidad para organizar tareas de cuidado. Se priorizan los convenios por empresa sobre los de actividad, poniendo en riesgo derechos como licencias extendidas por maternidad o paternidad, y se deroga la Ley de Teletrabajo, desapareciendo la única norma que reconocía explícitamente las tareas de cuidado en el ámbito laboral.
Para el Cepa, el modelo económico de Milei no solo no es neutral, sino que profundiza las desigualdades estructurales. Las mujeres son las primeras en perder el empleo, las que más sufren la caída del salario real, las que quedan fuera del sistema previsional, las que sostienen con trabajo no remunerado el vacío que deja el Estado.
