Una mujer resultó condenada a cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por facilitamiento y explotación de la prostitución. El caso, que se tramitó en un juicio abreviado en Rafaela, tuvo una característica inédita para la ciudad del centro-oeste santafesino y probablemente para toda la provincia: la sentencia incluyó el decomiso de bienes obtenidos a través de las ganancias ilícitas, que serán destinados a la reparación económica de las víctimas y también a la Secretaría de Acción Social del municipio. “Así el dinero obtenido en forma ilegal volverá al pueblo de Rafaela”, marcó el secretario regional del Ministerio Público de la Acusación, Mario Miretti.
El fiscal que investigó el caso, Diego Vigo, y la defensa de la mujer acordaron la sentencia en un procedimiento que fue homologado por la jueza Cristina Fortunato. La condenada es Silvia Alejandra Ibarra Sánchez, de 45 años, quien durante un largo lapso de tiempo que la Fiscalía mensuró en “años”, explotó económicamente el ejercicio de la prostitución de mujeres y hombres, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad de las víctimas.
El fiscal Vigo, explicó que se trata de facilitamiento y explotación calificadas, precisamente “por mediar abuso de la situación” de las víctimas.
Ibarra Sánchez tenía una condena dictada en mayo de este año por facilitamiento de la prostitución ajena, pena que estaba cumpliendo bajo el régimen de prisión domiciliaria. En esa situación el fiscal Vigo solicitó la unificación de las dos condenas, y se definió que la pena unificada sea de cinco años y seis meses de prisión efectiva.
Pero además de la condena a prisión, a Ibarra Sánchez se le decomisaron bienes que obtuvo producto de las ganancias de su actividad delictiva, los que, a través de la Secretaría de Acción Social rafaelina, serán distribuidos en entidades intermedias que designará el municipio.
Entre los bienes secuestrados constan electrodomésticos, computadoras, mobiliario, y centenares de prendas de vestir, ya que la mujer utilizaba como “tapadera” una tienda de ropa y un bar.
Según explicaron desde la Fiscalía a El Ciudadano, la consideración de esos bienes como parte de la renta obtenida por actividades ilegales no respondió a la estimación de un trabajo contable sino a una investigación de entre seis y siete meses que incluyó seguimientos, escuchas, filmaciones y fotografías, junto a otros elementos de prueba.
Al considerarse abundante y concluyente la evidencia recolectada, se dispusieron allanamientos al local que funcionaba con fachada de tienda, a otro que funcionaba como bar, y a dos viviendas, que se hicieron en simultáneo y de los que participó un centenar de policías.
Allí se secuestraron los elementos mencionados, que quedaron bajo custodia policial y no contaban con facturas ni habían sido obtenidos con ingresos demostrables, por lo que se dispuso su decomiso y destino definitivos.
También se secuestró dinero en efectivo, que según se acordó en el juicio será distribuido en partes iguales, a título de reparación voluntaria del daño a tres víctimas, dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad.
La paciencia hace la evidencia
La investigación del fiscal Vigo se inició a fines de febrero de este año y contó con el apoyo de la Subsecretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad. Durante los meses siguientes se fueron develando los mecanismos y características de la situación.
“Durante años, la mujer condenada explotó económicamente el ejercicio de la prostitución de mujeres. Y lo hacía aprovechando la situación de las víctimas, porque tenía pleno conocimiento de la vulnerabilidad”, detalló el fiscal Vigo.
“Para esta actividad delictiva –agregó– utilizaba una vivienda ubicada en calle Ramón y Cajal 126 de la ciudad de Rafaela, donde imponía las condiciones de trabajo; la modalidad de cobro del dinero; y una tarifa diaria para ejercer la prostitución en el lugar. Además las actividades se desarrollaban cotidianamente y durante toda la jornada”.
Según se desprende del legajo de investigación, el 30 de mayo de este año, personal de la delegación Rafaela de Trata de Personas de la Policía provincial, allanó simultáneamente dos viviendas de Rafaela. En una de ellas fueron encontradas dos mujeres y un hombre, y se detuvo a Ibarra Sánchez. En la otra vivienda se secuestraron otros elementos considerados de interés para la investigación. Y en el mismo operativo se allanaron tres negocios linderos a la casa en la que vivía la imputada, en los que se secuestraron bienes y la documentación que permitió pasar a la investigación de escritorio.
