El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó ayer los procesamientos de los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y del ex espía Rolando Barreiro, y amplió el del falso abogado Marcelo D’Alessio, por los delitos de “asociación ilícita, formación de redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de Inteligencia y realizar espionaje político, ideológico e influir a través de dichas actividades en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país, como así también en la opinión pública a través de los medios de comunicación”.
Además, el juez dispuso embargos de hasta diez millones de pesos para cada uno de los imputados.
En su resolución, de más de 340 páginas, Ramos Padilla incluyó además los delitos de “extorsión” en perjuicio del productor agropecuario Pedro Etchebest y del ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA, de los empresarios Víctor Palomina Zitta y Saturnino Costas.
El juez también notificó al Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, sobre la resolución y lo que se relaciona con el fiscal federal Carlos Stornelli. Además, le pidió a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que “de que de forma urgente dé cuenta de toda la información producida en el marco de las posibles actividades de «contrainteligencia» que pudieren existir sobre los procesados».
En su escrito, el juez hace un repaso por 15 de los casos de espionaje ilegal que investiga, pero deja claro que no son todos porque «en la gran mayoría de ellos restan pruebas por producir y, en especial, aquellas dirigidas a conocer el grado de avance y ejecución que pudieron tener los hechos u operaciones investigados». Es decir, la investigación sobre la supuesta red de espionaje ilegal es más grande de lo que se conoce hasta ahora.
