El juez penal de primera instancia Héctor Núñez Cartelle homologó la condena a cinco años de prisión efectiva a una mujer que estafó a centenares de personas a las que prometía viviendas sociales en el Programa Habitacional Rosario Norte, también conocido como Zona Cero, ubicado en el extremo norte de la ciudad, en el límite con Ibarlucea; en tanto, para su pareja quedaron firmes tres años de prisión condicional en carácter de coautor por los mismos delitos. El juez homologó un procedimiento abreviado llevado adelante por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación, y la defensa de los acusados.
Lidia Rosa Grecco, de 73 años, fue encontrada autora penalmente responsable de estafar a 460 personas y pasará 5 años en la cárcel. En tanto, Ricardo Modesto Ugarte, considerado cómplice, cumplirá tres años de prisión pero no será de cumplimiento efectivo.
A casi dos meses de la denuncia, que tuvo gran repercusión mediática, y en virtud de las tareas investigativas de la Fiscalía en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia, la Policía de Investigaciones y las agencias de análisis del Ministerio de Gobierno, del Banco Central y de la Afip, se logró una rápida y contundente respuesta jurídica.
El 29 de mayo pasado, alrededor de 250 personas denunciaron ante la Fiscalía Regional N° 2 haber sido víctimas de una estafa al intentar acceder a viviendas sociales en la Zona Cero. Los fiscales Sebastián Narvaja y Fernando Sosa quedaron a cargo de la investigación y lograron el martes 2 de junio la detención de los sospechosos. En líneas generales, las víctimas dijeron que Grecco y Ugarte ofrecían desde 2009, aproximadamente, ser adjudicatario de una vivienda social de la Dirección Provincial de Vivienda para adquirir en cuotas, por lo cual recibían dinero de los adquirentes para supuestamente usar sus contactos políticos que evitarían todos los pasos legales y administrativos necesarios para acceder a una casa: a cambio entregaban un recibo; además, para el momento de la adjudicación de la vivienda, requerían la entrega de recibos de sueldo.
“Estas personas pedían dinero, ya que se presentaban como que tenían cierta capacidad de influir sobre altos funcionarios del gobierno tanto provincial como municipal y aseguraban que eran capaces de conseguir, digamos un atajo, para ello. Hay que recordar que para conseguir una vivienda social hay registros públicos donde las personas tienen que inscribirse, llenar una ficha, ingresar en una especie de padrón y todo eso conforma una reglamentación bastante específica. Luego se procede al otorgamiento de viviendas a aquellos que se encuentran en una determinada regularidad, lo que se hace por sorteo”, indicó Narvaja. Lo que los damnificados denunciaron fue que habían entregado dinero y que nunca consiguieron nada a cambio. “Frente a esto también se investigó si algunos de los acusados tenía relación con alguna área de Vivienda o si habían pertenecido en algún momento. Los datos que obtuvimos fueron que nunca habían pertenecido a ninguna área del Estado”, explicó Narvaja.
Cómo se desarrolla un juicio abreviado
El procedimiento abreviado es un mecanismo que permite que un imputado debidamente asesorado por su defensor, acuerde monto y modalidad de su condena con el representante del Ministerio Público de la Acusación, respetando siempre las garantías constitucionales vinculadas a la defensa técnica, al consentimiento del acuerdo y a la posibilidad de su retractación hasta el momento de la sentencia, la incoercibilidad moral del imputado y el estado de inocencia, la carga de la prueba por parte del Estado y el respeto del acuerdo como límite máximo por parte del Tribunal.
