Efectivos de la Policía Federal solicitaron este jueves a Jefatura de Gabinete copias de expedientes, por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la causa que investiga la contratación supuestamente irregular de empresas publicitarias ligadas a Cambiemos durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
El procedimiento, dispuesto por Martínez de Giorgi a instancias del fiscal Jorge Di Lello, fue cumplido este jueves por la policía en la sede de Jefatura de Gabinete, en el ex edificio de Somisa, ubicado en el cruce de las avenidas Diagonal Sur y Belgrano, del centro porteño.
Diez días atrás, Di Lello había requerido que se reuniera toda la información posible para avanzar en el expediente en el que se encuentran imputados el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el ex secretario de Comunicación Pública del gobierno de Macri, Jorge Grecco, entre otros.
La policía presentó este jueves la orden a través de la cual el juzgado reclamó todos los expedientes vinculados con las contrataciones supuestamente irregulares, en una causa en la que también se investigan posibles desmanejos en la administración de la publicidad oficial.
Al impulsar la investigación, Di Lello sostuvo que los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de un decreto firmado por Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a Cambiemos para que produjeran material publicitario.
Los hechos denunciados «demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del legítimo abono en contrataciones de forma habitual, eludiendo normativas administrativas y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales, como era la realización de campañas publicitarias oficiales».
La denuncia había sido presentada por la procuraduría especializada en investigar hechos de corrupción, la PIA, que solicitó que «se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.»
Las empresas beneficiadas «serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral» que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación, en el año 2015, según se había detallado en la denuncia.
Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de, cuanto menos, 291.000.000 pesos provenientes del erario público, según el cálculo de la propia Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
