Como resultado de una investigación de hace más de dos años, este martes por la mañana se realizaron nueve allanamientos en seis pensiones, un estudio jurídico y dos viviendas particulares por presunto lavado de activos por unos 70 millones de pesos, irregularidades con las personas alojadas y hurto de energía.
Los procedimientos se llevaron a cabo en Santa Fe al 4300, dos en Cochabamba y Avellaneda, Constitución al 1500, Zeballos al 3700, Benegas al 7800, Carranza al 800, Kay al 100 y Montevideo al 3700. El comisario Víctor Martínez, a cargo del operativo, dijo en conferencia de prensa que «se secuestró en las viviendas particulares 400 mil pesos, documentación, material informático y 135 mil pesos más 11 mil dólares en otro de los lugares allanados».
El fiscal que entiende en la causa, Matías Edery, indicó que «la investigación judicial data de dos años y fue iniciada por por la fiscal Verónica Caini a raíz de una denuncia de un particular sobre una serie de pensiones clandestinas que no cuentan con condiciones de salubridad, habilitación y se empieza a investigar la operatoria que lleva a varios ribetes y estudios de delitos diferentes que es lo se trata de dilucidar”.
Según las primeras informaciones, hace dos años que se realizaba una investigación por denuncias a un hombre y su entorno que tienen pensiones. Según fuentes ligadas a la investigación, se trataría de Antonio G. y su entorno quienes, siempre en base a la información preliminar brindada, solicitaban subsidios para alojar a personas en situación de calle y ese dinero lo giraban a una presunta cuenta off shore en Uruguay. Y agregaron que en algunos sitios las irregularidades también tenían que ver con el hurto de electricidad. Estaban “enganchados” a la luz por lo que también intervenía la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el objetivo de los allanamientos fue secuestrar documentación del caso y no hay personas detenidas.
En cuanto a la cuentas en Uruguay que en primer momento desde Fiscalía informaron que eran de dinero que presuntamente recibían de subsidios para alojar a personas en situación de calle, la fuente consultada por El Ciudadano aseguró: «La investigación judicial data de dos años. Se libraron oficios al país vecino y se detectó que las cuentas están a nombre de dos hijas del sospechosos, una de ellas abogada. Se trata de dinero y propiedades de los que no tendrían manera de probar su procedencia, aunque no nos informaron aún oficialmente de cuánta plata en dólares se trata».
La palabra del fiscal
«Se supone que hay un lavado de activos que rondan los 70 millones de pesos. No se sabe si todo ese dinero fue todo girado al exterior. Son diferentes delitos, este martes se allanaron pensiones a través de las que se llega por usurpaciones, también hay gente que vive allí y se le cobraba en negro. Los inmuebles eran propiedad de empresas constituidas en Uruguay», dijo Edery.
El fiscal también señaló que «hay cuestiones paralelas que se investigan, una de ellas es si se recibían subsidios del Estado y operaciones con cereales».
«Hay mucha gente involucrada debido a que en cada pensión vivían entre 35 y 45 personas. Se secuestraron también vehículos con patente de Uruguay y también de Argentina. También se incautó mucha documentación y ahora habrá que comenzar a analizarla para ver si se pueden detener a las personas involucradas», concluyó el fiscal.
El comisario Martínez confirmó que la EPE participó de los allanamientos, personal de esa empresa retiró los medidores y constató aquellos lugares en que estaban enganchados de la luz. También dijo que «las condiciones eran precarias, y que en algunas viviendas la gente vivía en estado de hacinamiento».
Denuncias de más de una década
El diputado provincial por el Partido Progreso Social (PPS) Héctor Tigre Cavallero hace casi una década que denunció al menos cuatro de las pensiones allanadas, dos de ellas ubicadas en Kay al 100 y Carranza al 800.
En 2014, cuando el legislador era concejal de Rosario solicitó la acción en conjunto de la Municipalidad – a través de la Secretaría de Gobierno, de la Justicia Provincial y la Policía santafesina con el fin de constatar si en la finca ubicada en Pitágoras 7455 se está construyendo una nueva pensión ilegal, la que estaría a cargo del ahora sospechoso «pero nunca se pudo identificar al dueño de esas pensiones», había dicho el ex edil oportunamente.
“En los sitios antes mencionados los propietarios o responsables nunca cumplieron con las sanciones que se le impusieron: rompieron las fajas de clausura, o continuaron construyendo. Casi todas continúan funcionando bajo el amparo de las autoridades y con una impunidad absoluta”, sostuvo Cavallero hace cinco años.
“En 2014 hemos recibido denuncias de vecinos que ven con preocupación que en la finca de Pitágoras 7369 se están acopiando materiales y que según ellos mismos expresan, estarían destinados a la construcción en dicha finca de una nueva pensión de las características de las antes mencionadas. Para no caer en la política del hecho consumado, como ocurrió hasta ahora, en que se actúa después que ya están realizadas las construcciones en las viviendas que funcionan como pensiones irregulares, el PPS solicitó al Ejecutivo que identifique al dueño de la propiedad y en consecuencia si han iniciado gestiones para la construcción y habilitación del espacio».
“El combate contra la inseguridad comienza por erradicar todas aquellas actividades al margen de la ley que no solo atentan contra la seguridad ciudadana sino también con la convivencia entre los vecinos”, había concluido Cavallero en 2014 en diálogo con este medio.
