Familiares y amigos de Jonatan Herrera, el joven que fue asesinado por uniformados de la Policía de Acción Táctica en enero del año pasado, volvieron a rechazar ayer un posible acuerdo entre el defensor de tres de los 4 policías imputados y el fiscal de la causa, para resolver la situación legal de los uniformados mediante un juicio abreviado. Los padres de Herrera –querellantes en la causa– solicitaron una reunión urgente con el fiscal regional Jorge Baclini y plantearon su necesitad de que todos los acusados por la muerte de Jonatan lleguen a juicio oral y público. “No queremos perder la oportunidad de presentar pruebas y formar parte de la investigación. Tenemos derecho a que se conozca la verdad y se haga justicia”, señaló María Elena, la madre del joven asesinado, en un momento en que distintos actores del sistema penal proponen modificar la regulación procesal para este tipo de acuerdos.
A Jonatan lo mataron el 4 de enero de 2015 a la tarde, en pasaje Villar y Ayacucho. El muchacho, que tenía 23 años y era empleado de Falabella, quedó en medio de un tiroteo iniciado cuando empleados policiales perseguían a un joven acusado de robar una juguetería a pocas cuadras del lugar. Herrera estaba lavando su auto cuando los cuatro policías de la PAT bajaron de un colectivo y, sin conocer la dinámica de la persecución, comenzaron a disparar a mansalva. El joven recibió un tiro mientras se guarecía detrás de un árbol y murió en el acto. Tras peritajes se comprobó que el plomo que le quitó la vida fue disparado por la pistola de uno de los acusados, quien según la acusación se ocupó de levantar las vainas servidas en la escena del crimen.
En este contexto, el fiscal Adrián Spelta imputó a Ramiro R., de 23 años, como autor de los tiros que mataron a Jonatan y a Francisco R. de 19 años, Luis S., de 22, y Alejandro G., 20, por la tentativa de homicidio del muchacho.
El juicio en contra de los uniformados está en una etapa preliminar pero, de acuerdo con lo que explicaron los Herrera y sus abogados ayer por la mañana, existe la posibilidad de que los tres acusados de tentativa de homicidio arreglen su situación legal mediante un juicio abreviado, cambiando la figura legal por la de abuso de armas.
“Si hay un principio de acuerdo, exigimos que se nos notifique y desde ya planteamos nuestra oposición. Una resolución de este tipo echaría por tierra el derecho de la víctima a la justicia y a que se conozca la verdad. Nosotros queremos participar de la investigación. Por ello pedimos una audiencia con Baclini para plantearle nuestra necesidad de ser parte de la investigación y tener la posibilidad de presentar pruebas en contra de los imputados”, explicó María Elena, madre de Jonatan. En la causa hay otra querella que representa a la esposa de Jonatan, la que se manifiesta a favor del acuerdo abreviado.
Crece consenso para una reforma
La discusión sobre la validez de un acuerdo abreviado en el caso Herrera llega justo en medio de una fuerte polémica que atraviesa la Justicia provincial. Diferentes actores del sistema penal se muestran a favor de una reforma del Código Procesal Penal –entró en vigencia el 10 de febrero de 2014– para limitar los acuerdos entre partes y, así, ponen en tela de juicio los objetivos reales del proceso. ¿Busca la máxima condena posible para los acusados o procura la transparencia judicial: que la sociedad conozca los detalles de las investigaciones realizadas por los fiscales?
Por un lado, desde el Ministerio Público de la Acusación entienden que los abreviados son un canal válido para dar respuesta a la necesidad de justicia de la sociedad, en medio de un sistema penal abarrotado de casos que hasta ahora ha tenido pocos juicios orales. Sin embargo, tanto el ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, como su par de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el titular de la defensa pública santafesina, Gabriel Ganón, plantearon la necesidad de poner límites a estos acuerdos.
“Los fiscales buscan una mayor cantidad de penas y la sociedad quiere saber qué pasó. Por ello creemos que el abreviado es un instituto importante, pero en algunas situaciones, al margen del proceso, resulta trascendental no dar una comunicación de impunidad” explicó a El Ciudadano Silberstein.
Ganón aseguró que considera un disparate la nula regulación del Código Penal para con estos acuerdos entre las partes, y planteó la necesidad de que sólo sean utilizados para hechos en los cuales la pena en expectativa es leve.
Por su parte, Pullaro fue puntual y abogó por que haya una reforma en la Legislatura para que los homicidios, los robos agravados y los delitos cometidos por funcionarios públicos sean juzgados en forma oral y pública. “Es importante, para no brindar una sensación de impunidad, que los delitos de trascendencia social tengan una resolución a la que pueda acceder cualquier ciudadano”, señaló el titular de Seguridad.
