La empresa Papel Prensa es la única proveedora en la Argentina de un insumo básico para diarios y revistas: el papel. Su propiedad la comparten el Grupo Clarín, con el 49% de las acciones, La Nación (22,49) y el Estado Nacional (el 27,46 directo más el 0,62 de la agencia oficial de noticias Télam). Lo que produce la firma, con planta en la localidad bonaerense de San Pedro, es esencial para una actividad que, además de comercial, sostiene un derecho: el de la información. Es en ese contexto que una ley de 2011 obliga a la compañía a fijar un precio único para todos sus clientes y a incrementar su producción, considerada de interés público. Una iniciativa en el Congreso apunta ahora a derogar los artículos centrales de la norma y los medios cooperativos reaccionaron con su rechazo, que incluye críticas a cómo se intenta avanzar en ese sentido.
“El papel para diarios no es una mercancía”, lleva por título el comunicado de la Federación que nuclea a los medios cooperativos de todo el país.
El texto está enfocado en la convocatoria a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados hecha –acusan– entre “gallos y medianoche” para la mañana del 14 de noviembre. Casi en secreto, el llamado fue para tratar la modificación –derogación de algunos artículos– de la ley 26.736. La norma declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Y por eso, impone que todos los medios paguen lo mismo por el papel. No es menor, siendo que Clarín y La Nación son los mayores accionistas: la prescripción intenta evitar que esos multimedios corran con ventaja sobre el resto, o que Papel Prensa los extorsione manipulando los precios de su materia prima «dura».
La sospecha es que los impulsores de la modificación busquen tratarla en la sesión de la Cámara baja de la semana próxima, a partir del dictamen de comisión exprés obtenido. El texto fue elaborado por el diputado del PJ Diego Bossio y presentado con las firmas de los líderes del bloque Cambiemos, Mario Negri y Nicolás Massot, del jefe del interbloque del PJ federal, Pablo Kosiner, y de los massistas Marco Lavagna y el santafesino Alejandro Grandinetti, entre otros.
Bossio remitió la iniciativa a un pedido formulado por la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Limitada (Coppal) y el Sindicato de la Industria del Papel de San Pedro. Argumentan, siguió el diputado, la defensa de puestos de trabajo.
Hay interpretaciones contrarias. La Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la Argentina (Fadiccra) expresó “sorpresa y desazón frente a un nuevo avance de los grupos monopólicos de la Argentina, que con apalancamiento en el Congreso buscan modificar una ley con el único objetivo de maximizar sus ganancias”.
La entidad circuló entre sus cooperativas asociadas el texto presentado por el diputado informante de Cambiemos como “Fundamentos” para la derogación de los artículos que protegen a los pequeños y medianos medios gráficos. Fadiccra insistió en que la norma “asegura que todos los medios gráficos, independientemente de su facturación, tengan las mismas condiciones de acceso para el vital papel para diarios. Con los golpes de mercado producidos bajo las condiciones económicas del gobierno de Mauricio Macri, se suma esta voluntad expresada por diputados de Cambiemos para restringir la sustentabilidad de los pequeños medios –pymes y cooperativos, como El Ciudadano– que aseguramos la multiplicidad de voces en cientos de comunidades de todo el país”.
El argumento de los firmantes de la iniciativa cuestionada es que los cambios son por “las fuentes laborales de 475 trabajadores directos, sumadas a los trabajos indirectos, la economía forestal del Delta y la población de San Pedro”. Refutan que nada se dice de «los más de cinco mil puestos de trabajo que se han perdido en los medios de comunicación desde diciembre de 2015».
La Federación agrupa a medios cooperativos de 16 provincias. El comunicado de Fadiccra señala que “la fijación del precio único de pago al contado de venta de papel para diario establecida en el artículo 20 (de la ley de 2011) es la última tabla a la que se pueden aferrar los diarios cooperativos cuyos ingresos provienen de las economías regionales». Y rescatan el escenario adverso en el que sobreviven como consecuencia de las medidas económicas de la gestión Cambiemos.
Arranque en la dictadura
Papel prensa fue fundada en 1971, y la planta de San pedro comenzó a producir el 27 de septiembre de 1978, bajo el imperio del terrorismo de Estado. Provee de papel a más de 170 diarios en la Argentina. En su historia se cuentan controvertidos pases de manos. Particularmente, el que terminó con la gestión del Grupo Graiver en plena dictadura y después de la muerte nunca aclarada de su titular, David Graiver. La compañía quedó entonces bajo el control de los entonces medios gráficos Clarín, La Nación y La Razón, de relaciones estrechas con el gobierno de facto militar.
