Jesús Mosca es productor agropecuario, arrienda un campo en Cañada de Gómez y en noviembre del año pasado fue imputado por contaminación ambiental y a la salud. Es el primer proceso en la provincia donde se investiga la fumigación con glifosato, un agroquímico catalogado como residuo peligroso. Para la Fiscalía, el sospechoso infringió la ley 24.051, que en su artículo 55 pena con una sanción de 3 a 10 años de cárcel más una multa a quien a través de residuos “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
En este caso, una mujer y su familia que viven lindantes al campo del empresario fueron afectados por esta práctica de fumigación a través de aviones pulverizantes, según la imputación fiscal. La acusación sostuvo que la mujer y sus hijos sufren distintas afecciones a la salud y se determinó la presencia de glifosato en su sangre, en su tierra y en el agua. Mientras avanza la pesquisa la defensa del imputado pidió que la causa pase a la Justicia federal pero la petición fue rechazada. Apelaron la decisión y este martes la camarista Bibiana Alonso confirmó la resolución y la causa seguirá en la Justicia provincial.
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Norma Cabrera vive a pocos metros del campo que arrienda Jesús Mosca y desde 2015 denuncia que su vecino fumiga con agroquímicos que le produjeron un deterioro en su salud y el de su familia. Tras las fumigaciones con aviones pulverizadores sufría alergias, falta de oxígeno, erupciones, brotes además de otros problemas físicos.
El caso quedó en manos de los fiscales Darío Monti, Pablo Lanza y Matías Ocariz, quienes tras algunas medidas investigativas pidieron hacer allanamientos donde se tomaron muestras del campo y encontraron sustancias peligrosas, más precisamente glisofato, contó el fiscal en una nota con a el medio Aire de Santa Fe.
A principio de noviembre pasado, el productor fue imputado del delito de contaminación de modo peligroso para la salud y el medio ambiente. La audiencia fue presidida por el juez Álvaro Campos, quien además de tener por formalizada la audiencia dispuso una medida cautelar en la que el productor agropecuario no puede fumigar a menos de 500 metros de zonas pobladas, entre otras medidas.
Pero la defensa del imputado quería que la investigación se trasladara a la Justicia federal. Por ello presentó una petición que fue rechazada en primera instancia. Apeló y este martes la camarista Bibiana Alonso revisó el decisorio.
El abogado defensor Federico Pelagagge dijo que la decisión se aparta de los elementos reclutados en la causa y sostuvo que el caso debería pasar a la Justicia federal, planteo que fue rechazado por el fiscal Matías Ocariz. El funcionario aseguró que la competencia provincial es clara y sumó que la defensa no demostró que se haya afectado otro lugar que no sea Santa Fe. Refirió que el campo en cuestión se encuentra muy cerca de la ciudad de Cañada de Gómez.
Finalmente Alonso escuchó a la víctima y al imputado y resolvió confirmar la decisión, lo que implica que la causa continuará su trámite en la Justicia provincial, que le investiga desde un primer momento.
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