El juez federal Ariel Lijo rechazó un pedido de autorización del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou para viajar a México, donde pretendía permanecer hasta el 31 de enero próximo. El magistrado denegó la solicitud en el marco del caso Ciccone «dada la gravedad institucional» de la acusación y ante la «la necesidad de avanzar de manera rápida y efectiva hacia su juzgamiento».
Lijo consideró que «la ausencia del país por un plazo de cuarenta y seis días podría obstaculizar y demorar esos fines», teniendo en cuenta que Boudou está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Al haber perdido los fueros tras vencer su mandato como vicepresidente de la Nación, el magistrado había resuelto el pasado viernes que en caso de pretender viajar al exterior Boudou debía pedir autorización previa.
El abogado de Boudou, Eduardo Durañona, había aportado este martes los boletos electrónicos así como el lugar de estadía donde el ex vicepresidente pretendía permanecer en México DF, a partir de su salida del Gobierno.
Lijo consideró el «avanzado estado» del caso Ciccone, en el que Boudou está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de la adquisición de la imprenta por medio de terceros.
Además, recordó que él también investiga a Boudou por presunto enriquecimiento ilícito y que ya se ordenó «el análisis de su evolución patrimonial y la realización de diversas medidas procesales que actualmente se encuentran en curso».
El juez Lijo valoró la necesidad de garantizar la «comparecencia de un acusado de corrupción en el marco de un procedimiento penal» tal cual la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También destacó que hasta la semana pasada Boudou fue vicepresidente de la Nación, «lo que implica que le sea exigible un mayor compromiso para sujetarse al presente proceso penal, y en ese contexto, en el que debe analizarse su solicitud».
«Dada la gravedad institucional» de las investigaciones que pesan sobre Boudou y «la necesidad de avanzar de manera rápida y efectiva hacia su juzgamiento» es que el juez consideró que «la ausencia del país por un plazo de cuarenta y seis días podría obstaculizar y demorar esos fines».
Por lo que, de viajar, según evaluó el juez, se estaría «poniendo en riesgo la investigación desarrollada hasta el momento».
