La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó un informe acerca de los represores que solicitaron atravesar la cuarentena en sus casas. El relevamiento sostiene que se rechazó el 72 por ciento de los pedidos de detenciones domiciliarias o excarcelaciones en causas de lesa humanidad en todo el país, pero unos 34 genocidas ya gozan de ese beneficio.
En total, las solicitudes presentadas desde marzo fueron 177, formuladas por parte de 137 imputados y condenados en causas de lesa humanidad en las distintas jurisdicciones del país. La diferencia entre el número de pedidos y la cantidad de personas se debe a que en algunos casos una misma persona está imputada o condenada en más de un expediente o ha realizado más de una petición.
Las solicitudes comenzaron a llegar cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia la transmisión del virus Covid-19, y el gobierno nacional dictó el DNU 260/20, una semana antes de decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La Procuraduría confeccionó un compendio que agrupa las decisiones jurisdiccionales a tales solicitudes según se trate de resoluciones de primera instancia (instrucción o juicio) o apelaciones, ordenadas por sección judicial. Integra decisiones hasta el 24 de abril de 2020.
Así, de un total de 177 solicitudes, el 72 por ciento (127) han sido denegados, y en el 19 por ciento (34 casos) se ha concedido el arresto domiciliario o excarcelación. Por otra parte, existe un 9 por ciento (16) que no han sido resueltos aún y se encuentran en trámite.
Desde la Procuraduría informaron que de las 34 solicitudes que han sido otorgadas, 25 concedieron el beneficio de arresto domiciliario efectivo, 8 concedieron un arresto domiciliario provisorio –que no se hace efectivo ya que el solicitante se encuentra imputado en otra causa donde interesa su detención– y en un caso se concedió la excarcelación.
