Ana Laura Píccolo
Este 27 de septiembre se conmemoró en la Argentina el día nacional de la Conciencia Ambiental. La fecha se fijó por ley dos años después de la tragedia acontecida en 1993, cuando un escape de gas cianhídrico se cobró la vida de siete personas en la localidad bonaerense de Avellaneda. En la misma provincia, una coincidencia fatal enlutó otro 27 de septiembre –de 2019– con la explosión de una fábrica química en Mercedes. Más de mil litros de agrotóxicos ardieron durante horas, un trabajador murió quemado y el veneno aún continúa en el suelo y el agua del lugar. Ninguno de los dos episodios fue azaroso.
La manipulación de sustancias peligrosas a nivel industrial por parte de compañías que operan en la absoluta ilegalidad (sin permisos obligatorios y emplazadas en zonas prohibidas), sumado a la falta de controles estatales y a una Justicia poco ejemplar a la hora de intervenir cuando el daño ambiental ya hizo estragos parece ser el factor común de los mal llamados accidentes. Basta analizarlos de cerca para advertir que la expansión del modelo agroindustrial en la Argentina requiere mucho más que conmemorar la conciencia ambiental una vez al año.
Derrame, explosión y muerte
A cuatro años de la explosión de la fábrica de agroquímicos Sigma Agro SA, vecinos de La Verde, un paraje rural ubicado en el partido bonaerense de Mercedes, mantienen indemne su reclamo inicial. El derecho a vivir en un ambiente sano, el acceso a la Justicia en un plazo razonable y que la empresa remedie la contaminación sin precedentes que ocasionó la madrugada del 27 de septiembre de 2019 a metros de una escuela, donde funcionaba desde 2014 sin permisos ambientales.
También reclaman que se investigue la responsabilidad de autoridades municipales y provinciales en el accionar ilegal de la fábrica que derramó más de un millón de litros de glifosato, paraquat y atrazina, entre otros químicos que produjeron una descomunal explosión y, además de cobrarse la vida de un trabajador de 42 años, contaminaron aire, suelo y agua.
Hasta el momento sólo hay dos responsables de la empresa imputados en la investigación penal por infracción a la ley de Residuos Peligrosos, mientras que la causa civil se encuentra a la espera del dictado de sentencia.
¿Accidente?
“Lo raro de estas catástrofes ambientales es que no se produzcan antes. No tienen nada de accidental”, dice a El Ciudadano Bárbara, una vecina del Paraje La Verde que junto a su compañero Martín lleva adelante un emprendimiento de productos agroecológicos y orgánicos ubicado a 2 kilómetros de la fábrica que explotó.
La vecina remarca que Sigma no contaba con ninguna de las habilitaciones que se necesitan para poner en funcionamiento una empresa de categoría 3, que por manipular sustancias peligrosas tiene que cumplir con una serie de requisitos ambientales como emplazarse en áreas industriales aptas para el tipo de actividad que desarrollan.
“No tenían ningún tipo de habilitación para su categoría, ni certificado de aptitud ambiental. Quedó todo acreditado en la Justicia”, continúa Bárbara y menciona que la fábrica tampoco contaba con un plan de contingencia para incendios ni había realizado estudios de impacto ambiental.
“Estaban al lado de una escuela y en una geografía inapropiada por ser la zona más alta de Mercedes, que es cabecera de dos cuencas, la de Luján y la del Riachuelo Matanza. Es el punto más alto de donde nace el río, es decir, el lugar menos apropiado para que haya un accidente de estas características porque a partir de ahí todo es río abajo”, menciona.
Al respecto señaló que parte de los químicos liberados al ambiente durante el derrame –calculan que el volumen de sustancias peligrosas superó el millón de litros– se fue por el río. “No sólo eran agrotóxicos sino también concentrados de agrotóxicos, porque lo que hace la fábrica es diluir eso”, explica Bárbara.
Entre los productos que se derramaron en una laguna interna del predio había glifosato, paraquat, 2-4D, imazetapir, haloxifop, metaloclor, clorpirifos, cletodim, atrazina y glufosinato. El obrero que cayó adentro de esa zanja murió una semana después por las quemaduras que esos químicos le provocaron en el cuerpo.
El veneno también contaminó el aire. “Ese día había un viento impresionante. El incendio fue descomunal y todo el humo voló a un ritmo de 40 kilómetros por hora, de manera que los alcances de la contaminación no pueden saberse. Lo que quedó en el predio se sigue filtrando a las napas de agua. Por eso seguimos pidiendo que se haga una remediación. Porque mientras más tiempo pasa más penetran todas esas sustancias químicas al ecosistema”, agregó.
“Según la ley, lo primero que tiene que hacer la empresa es una categorización, que es como un diagnóstico para saber qué sustancias hay, en qué cantidad y dónde. Luego presentar un plan de remediación para sacar esas sustancias lo más posible del lugar. Hasta el momento no lo hicieron”, reclamó Bárbara.
Nada crece
En marzo de 2022 el Ministerio de Ambiente bonaerense multó a Sigma Agro SA por no llevar adelante la remediación en tiempo y forma. En diciembre de ese año, la firma contrató a una empresa especializada para realizar esas tareas y a comienzos de este año dio por concluida la remediación del desastre.
En el informe que elaboraron reconocen que en el agua subterránea de la zona del derrame quedan trazas de glufosinato y de imazetapir, dos herbicidas cuyo límite de concentración en agua no cuenta con legislación en la Argentina.
Pero los vecinos de Mercedes sostienen que tal remediación nunca existió y que lo único que hizo la empresa fue limpiar el lugar, rellenarlo con tierra y plantar césped y árboles de manera periódica porque nada volvió a crecer en el lugar.
“Siguen colocando pasto y árboles que se mueren sistemáticamente. Las lagunitas donde se dio el derrame siguen desnudas. No verdeó jamás. Parece que le hubieran aplicado los herbicidas ayer y ya pasaron cuatro años. Por eso pensamos que la tierra sigue contaminada”, dijo Martín, el compañero de Bárbara.
El abogado de los vecinos, Fabián Maggi, recordó que a los pocos días del hecho presentaron en la Justicia una tutela ambiental preventiva sobre la remediación del lugar que incluía el control ciudadano, ya que los mismos organismos estatales que permitieron que la fábrica funcione sin permisos durante años, son los encargados de controlar que remedien el daño ambiental causado. Pero la jueza del fuero civil no habilitó a que los pobladores supervisen tareas de saneamiento.
En la causa penal, que investiga la responsabilidad en delitos contra la salud y el ambiente, recién este año se imputó a dos directivos, el presidente de la empresa Jerónimo Araujo Muller y su apoderado Gustavo Ruffa.
Los funcionarios municipales y provinciales que no impidieron el funcionamiento de la fábrica pese a que operaba sin permisos ambientales nunca fueron citados a indagatoria. Para el abogado Maggi deberían ser investigados por incumplimiento de sus deberes e incluso falsedad ideológica de instrumento público.
La conciencia ambiental escasea en todos los poderes de la Argentina. Conmemorarla a través de fechas trágicas no alcanza para darle la magnitud que necesita. Meses atrás, Sigma Agro SA protagonizó un nuevo derrame seguido de incendio a pocos kilómetros de la planta que tenía en Mercedes.
Los vecinos contaron que el episodio de contaminación ocurrió en febrero, cuando un camión que circulaba por la autopista Acceso Oeste, a la altura de Ituzaingó, con cientos de litros de herbicida comenzó a chorrear las sustancias químicas que transportaba y se prendió fuego. Además de consumir el vehículo las llamas provocaron una descomunal nube tóxica.
“Otra vez la misma empresa, transportando sustancias peligrosísimas con olas de calor como si fueran manzanas, por caminos de tierra llenos de pozos. Siguen como si nada. Tarde o temprano iba a pasar. La Justicia no puede mirar hacia otro lado viendo como se repiten este tipo de catástrofes”, dice Bárbara para dejar en claro que no son hechos azarosos.
Más tarde se supo que el camión llevaba una carga de 2400 litros de concentrado de Cletodin vencido, procedente de China, rumbo a Sigma Agro, que continuó su actividad en General Rodríguez, a pocos kilómetros de La Verde, ese paraje rural en el que operó durante años sin permisos ambientales y donde el pasto, un testigo innegable, todavía no crece.
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