La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades judiciales de Jujuy que se dispongan las acciones necesarias para frenar el hostigamiento contra Milagro Sala, privada de su libertad de manera arbitraria desde 2016, y se dé cumplimiento a las medidas de protección dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un contexto de una creciente persecución política, judicial y mediática, la dirigente social jujeña fue ingresada este lunes en una clínica local por una trombosis en una de sus piernas, un cuadro de salud grave por el que permanece internada.
Desde el momento de su internación, es acosada por miembros de las fuerzas de seguridad locales, que le impidieron tener cualquier tipo de intimidad con el personal médico y su familia. Los policías no se limitaron a aguardar en las puertas de terapia, sino que permanecen armados, al lado de su cama, y realizan constantes preguntas tanto a sus allegados y al personal de la clínica. Sus abogados defensores denunciaron también que le han tomado fotografías y la han filmado.
La situación de Milagro Sala es una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en Argentina. La dirigente política lleva ya casi siete años detenida con prisión preventiva, y se le iniciaron 11 causas penales y una actuación contravencional dirigidas contra ella y su familia.
Un paso más en esa persecución es la amenaza constante de trasladarla nuevamente a un penal provincial. En las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy expresó públicamente su intención de que vuelva a la cárcel y realizó varias presentaciones para revocar su detención domiciliaria.
A partir de una medida provisional dictada en 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino que “adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”.
Las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con esa resolución en tanto su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos.
