En la mañana de este martes hubo una audiencia en la Cámara Federal de Rosario para resolver la situación del represor Víctor Hugo “Chuly” Rodríguez, cuya prohibición para salir del país puede ser revocada.
En la audiencia se presentó el fiscal a cargo de las causas de lesa humanidad en la ciudad, Adolfo Villate. En diálogo con El Ciudadano, el funcionario judicial recordó que el pedido de prisión preventiva mientras se diera el trámite del proceso fue realizado en 2012 y nunca se efectivizó.
El 14 de mayo de 1983, en el bar Magnum de Córdoba y Ovidio Lagos, fueron secuestrados y posteriormente asesinados los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. La causa que investigó esos crímenes bajo el nombre del subcomisario de la Bonaerense Luis Abelardo Patti tuvo una condena en 2016, pero hubo una elevación parcial del juicio para algunos imputados y otros de los acusados quedaron en la etapa de instrucción. Es en esta últma fase que está comprendido Rodríguez, quien está procesado por estos hechos.
En 1983 Rodríguez era el jefe de destacamento de Inteligencia del Ejército en Rosario; por la cadena de mando sería muy difícil disociar su responsabilidad en los hechos, evalúa la Fiscalía. La causa está demorada desde hace cuatro años y el pedido de prisión preventiva es desoído hace ocho años, recordó Villate.
Villate se refirió a este tipo de dilaciones en las causas de lesa humanidad: «Evidencia la capacidad que tienen personas imputadas en este tipo de causas de ejercer algún tipo de presión y el poder que todavía mantienen, como para lograr que el aparato judicial no emita las decisiones que tiene que emitir en tiempo y forma».
Tras la audiencia de este martes debe resolverse si el procesado represor puede salir o no del país; no hay fecha confirmada aunque el camarista Aníbal Pineda, que la presidió, dijo que se comprometía a hacerlo lo más rápido posible. No se espera que haya pronto una definición sobre el pedido de prisión preventiva que pesa sobre él.
La organización HIJOS señaló también que el acusado «en repetidas oportunidades consiguió que el juez de instrucción de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, le permita seguir en libertad y omitiera cumplir esa detención». Para el organismo «el único lugar para los genocidas es la cárcel».
Además desde HIJOS repudiaron el «uso realizado por el represor de la figura del general San Martín». «Bajo la movida del Cruce de los Andes, este represor pretende esconder sus crímenes de lesa humanidad, que son todo lo contrario al ideario sanmartiniano, que proyectó un ejército nacional, popular, latinoamericano y antiimperialista».
Rodríguez se encuentra procesado con prisión preventiva no ejecutada, con requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella particular y por el ministerio fiscal, y que el juez de grado considera que dicha resolución no se encuentra firme por estar su situación a estudio de la Cámara Federal de Casación Penal.
La Fiscalía y las querellas consideran que el auto de procesamiento y prisión preventiva que le dictara a Rodríguez la propia Cámara Federal tiempo atrás, «tiene plena y total vigencia» por lo que esperan que el represor sea eventualmente detenido.
