Casi 24 mil personas adhirieron a una petición para que el Senado de la provincia de Santa Fe convierta en ley la media sanción que la Cámara de Diputados le dio a un proyecto para que establece el dictado de la prisión preventiva para quienes violen una orden de restricción perimetral en caso de violencia de género.
La iniciativa, impulsada por una víctima de violencia, fue lanzada en abril pasado a través de la plataforma digital Change.org y ya había reunido 23.998 firmas (www.change.org/PrisionPreventiva).
Un proyecto similar presentó a fines del año pasado el diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Leandro Santoro, en la Cámara baja, con el fin de penalizar a quienes incumplen prohibición de acercamiento a víctimas de violencia fundada en cuestiones de género.
El objetivo de la petición es que el Senado provincial le de sanción definitiva a un proyecto aprobado el 9 de marzo pasado en Diputados, por el cual se modifica el artículo 121 del Código Procesal Penal santafesino con el fin de que la violación de una restricción perimetral sea considerada como “peligrosidad procesal”.
De ese modo, señalaron sus impulsores, a quien incumpla la “perimetral” la Justicia podría dictarle prisión preventiva.
“Somos muchas las mujeres que sufrimos esta situación. Algunas de nosotras pudimos sobrevivir y por eso podemos contarlo y pelear por esta ley, pero muchas otras ya no pueden hacerlo, porque las han asesinado”, sostuvo en la petición su impulsora, María Fernanda Fernández.
También recordó que “todos los días tenemos noticias de hechos de violencia familiar en los que lamentablemente muchos tienen como resultado la muerte de la víctima”, y explicó que Santa Fe “tiene uno de los índices más altos de femicidios de todo el país, casi el doble del promedio nacional”.
El proyecto de modificación del Código Procesal Penal de Santa Fe para considerar de “peligrosidad procesal” a quien viola una orden judicial de acercamiento por violencia de género, y por lo tanto pasible de prisión preventiva, obtuvo media sanción en Diputados en la sesión del 9 de marzo pasado.
Su impulsor en la Cámara baja, el diputado del Frente Renovador Oscar Martínez, dijo entonces que “cada vez son más los casos en que previo al hecho que termina con la muerte de la víctima se dieron una serie de pasos previos en los que a pesar que el sistema judicial ya intervino y tuvo conocimiento de la situación de violencia no pudo evitar que el hecho trágico finalmente acaeciera”, sostuvo el legislador.
Explicó que “tenemos que ser capaces de recuperar el sentido común y darle las herramientas a los operadores judiciales para que puedan actuar con rapidez y conforme a derecho” y, en ese sentido, señaló que “incumplir una manda judicial además de un delito autónomo es peligroso procesalmente”.
Por esa razón, para Martínez “mientras se sustancia el proceso motivado por las lesiones, amenazas o por el incumplimiento de una manda judicial debe transitar el mismo en prisión preventiva”.
La media sanción del proyecto pasó al Senado provincial, pero aún no fue tratada.
Fernández, la impulsora de la petición a través de change.org, señaló por su parte que “los senadores, que nos representan, tienen que ser capaces de recuperar el sentido común y darle las herramientas a los operadores judiciales para que puedan actuar con rapidez y conforme a derecho”.
