Un juez de la ciudad santafesina de Reconquista se negó a homologar el acuerdo alcanzado entre un exfuncionario de la Municipalidad de Avellaneda y una familiar en un caso de abuso sexual de menores, con el argumento de que carecía de «libertad» para fallar en virtud de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial que había adelantado que haría una investigación sobre el caso.
Se trata del juez Santiago Banegas, quien debía homologar el acuerdo entre Marcelo Galaz, exsecretario privado del senador nacional Dionisio Scarpín, y una mujer -familiar suya- que ahora es mayor de edad y de la que abusó sexualmente desde sus 4 hasta sus 10 años.
En el acuerdo que se alcanzó mediante un juicio abreviado, Galaz admitió los abusos, acordó una pena de 7 años de prisión y el pago de una indemnización de seis millones de pesos, con lo cual evitaba el juicio oral que lo exponía a una condena de 32 años de cárcel.
Sin embargo, Banegas se inhibió de firmar el acuerdo por declaraciones que el procurador de la Corte provincial, Marcelo Barraguirre, realizó a una radio de Rosario, en las que dijo que iban a «conformar un legajo de actuaciones para poder investigar las responsabilidades judiciales» y anticipó que se investigaría «la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos».
El 29 de abril pasado, el periodista de radio LT8 José Maggi consultó a Barraguirre por un audio con la voz del entonces fiscal del caso, Aldo Gerosa, refiriendo que el senador provincial Orfilio Marcón le pidió que terminaran con el caso Galaz antes de comenzar la campaña electoral 2023, ya que había sido secretario privado del radical Dionisio Scarpín cuando era intendente de Avellaneda.
Ante las declaraciones de Barraguirre, el juez Banegas se inhibió mediante un escrito: «Me coloca en una encrucijada de la que no puedo salir indemne, careciendo de libertad para fallar conforme a mi leal saber y entender. Es por ello que corresponde inhibirme», argumentó.
Para el magistrado, los dichos del procurador «resultan de una gravedad institucional extrema» y «se trata de una injerencia indebida e inaceptable que claramente me condiciona a la hora de dictar sentencia».
«Esta situación, de por sí alarmante, luce aún más grave cuando se advierte que la opción que podría acarrear consecuencias perjudiciales hacia mí, es aquella que posiblemente habría tomado, si me hubiese encontrado en condiciones de dictar sentencia libremente y sin presiones indebidas ejercidas por el funcionario referido», añadió.
A Galaz se le imputó ser autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número de determinado de veces.
Voceros del caso indicaron que los abusos se iniciaron en 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años, hasta que ella comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre.
Galaz, que está en libertad, le depositó 3 millones de pesos a la víctima como parte del acuerdo y debía depositar una suma idéntica el 29 de abril pasado, como paso previo para que el juez homologara el acuerdo, a lo que finalmente se negó.
Ante la inhibición del magistrado, la Oficina de Gestión Judicial debe remitir el expediente a un juez subrogante que podría quedarse con el caso o rechazarlo, con lo cual la decisión quedará en manos de la Cámara de Apelaciones.
