La Oficina de Defensa al Consumidor de Rosario recibió en lo que va del año 500 denuncias por abusos e incrementos en los alquileres, la misma cantidad que las registradas todo el año pasado. Las principales quejas son por las locaciones, problemas edilicios, aumentos a la hora de renovar y abusos por parte de las inmobiliarias como cobros excesivos de comisión y gastos administrativos, por ejemplo.
Unas ochenta mil familias alquilan a través de inmobiliarias en Rosario y el 92 por ciento son trabajadores asalariados, informaron desde la Cámara de Empresas Inmobiliarias de la ciudad.
La gran mayoría de las denuncias que recibe el Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos, dependiente de la Oficina de Defensa al Consumidor, son por problemas con los alquileres. Algunas pocas van contra los consorcios, pero todavía son una minoría. Los problemas que más sufren los inquilinos no sólo están relacionados a lo costoso que es tener un techo en Rosario sino también a las condiciones en que se reciben los hogares temporales: problemas de humedad, falta de agua corriente o gas natural y dificultades para entregar la propiedad son algunos de los motivos que señalaron desde el Consejo.
Carrera despareja
En Rosario hay unas 80 mil familias que alquilan. El 92 por ciento de los inquilinos son trabajadores asalariados. El Consejo de Defensa de la Vivienda e Inquilinos indicó que en diez años –de 2003 a 2013– el precio de los alquileres se incrementó un mil por ciento y los salarios un 600 por ciento. Este año los alquileres tendieron a aumentar un 31 por ciento, porcentaje al que no llegó ninguna paritaria.
Carlos Rovitti, presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias Rosario, señaló, por el contrario, que desde esa asociación se decidió manejar un aumento del 25 por ciento anual teniendo en cuenta que la mayoría de los clientes dependen de su salario para pagar.
Agregó que siguiendo esta lógica los alquileres no correrán riesgos y que por ahora no hay casas deshabitadas por cuestiones económicas, contrario a lo que sucede con los locales para comercios.
Aumentos exorbitantes a la hora de renovar son otros de los motivos que resaltan desde el Consejo Asesor, donde también destacaron la existencia de contratos –los menos– que aumentan cada seis meses e incluso cada cuatro.
Rovitti descartó que el aumento tan escalonado sea tendencia. Sin embargo, advirtió que si se hacen tienen que estar espescificados en el acuerdo de partes que se firma en el contrato.
Ante estos números, que todos los años aumentan, Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor, llamó al Estado para que controle e intervenga.
“El Estado no controla y el abuso es más factible. Las inmobiliarias son juez y parte. No intervienen, y cuando lo hacen protegen el interés del propietario. No son un árbitro neutral. Ese rol debería cumplirlo el Estado generando herramientas para equiparar”.
