Hasta hace poco más de un mes, Jésica Domínguez vivía en casa de sus padres. Con sus 30 años, afirma que no tenía más posibilidades que compartir una habitación con sus dos hijos varones. “Y aunque ahora son chicos, ellos van a necesitar su privacidad y espacio. Por eso necesito mi casa propia, yo y todos los jóvenes de la ciudad”, justifica. Es que desde los primeros días de este año, Jésica vive en los terrenos ocupados de Avellaneda al 4300, donde las precarias viviendas de decenas de familias se esparcen por todo el predio, construidas con retazos de madera, chapa y cartón.
El domingo pasado, más de cien familias, la mayoría de las que el 20 de enero habían convenido con la Municipalidad abandonar el lugar a la espera de una solución, volvieron a ocupar esas tierras, tal como informó ayer El Ciudadano, e insisten en que las quieren comprar. “La gente no puede seguir esperando una reunión”, alegó Ángel, un joven de unos 20 años que ahora volvió para, según juró, no irse más. Sin embargo, desde la Municipalidad advirtieron que a primera hora de hoy elevarán un pedido al juez para que se desocupe el lugar, y desde el gremio UPCN, que tiene los terrenos para un plan de viviendas para sus afiliados, advirtieron que irán a la huelga si el Estado no se encarga de recuperarlos.
Los terrenos de Avellaneda al 4300 van tomando forma de barrio. Las precarias construcciones respetan la línea de edificación de las calles y también cuentan con conexiones de luz y agua, este último servicio a través de canillas comunitarias desde las que la gente carga baldes para las necesidades de cada familia.
La pequeña comunidad está formada por diversos grupos que responden a otros tantos “referentes”. Por ejemplo, están “los que nunca se fueron”, que, según afirmó Jésica, son 180 familias, aunque los datos de Control Urbano tengan apuntadas 50. “Me quedé desde el primer momento. Si hubiéramos confiado en la Municipalidad, ahora estaríamos con los que están volviendo”, explicó Jésica. En efecto, a mediados de enero el Ejecutivo negoció con gran parte de los ocupantes y la mayoría de las familias se fueron, luego de ser censadas y a la espera de una solución.
Sin embargo, parte de los que se fueron decidieron retomar la ocupación, y comenzaron a construir. “La única solución y alternativa es que la Muni se arremangue los pantalones, venga y nos escuche. Nos gustaría que nos dieran las hectáreas y pagarlas con una cuota mensual”, señaló Jésica, en nombre de gran parte de los vecinos.
Fruto de varias negociaciones y encuentros, el censo que llevaba adelante la Municipalidad era parte del trabajo de reubicación de las familias que habían ocupado las tierras, que pertenecen al municipio, a UPCN y a un particular. Hasta el momento, 500 registros de situación estaban encaminados y se supone que para el 9 de marzo habría resultados. Sin embargo, la historia tuvo otro vuelco.
“Nos patearon la reunión hasta el 9 de marzo. La gente no puede esperar más, a casi todos nos censaron en vano. Estamos así desde el 16 de enero”, señaló Ángel. El joven ronda los 20 años y durante la espera estuvo viviendo en la casa de su madre. “Pero yo soy carrero, y ella está enferma. No puede tener el caballo encima”, explicó. Por eso, ante la incertidumbre, él fue uno de los que también dejó de confiar: desde el domingo está nuevamente en Avellaneda, limpiando una parcela.
Empero, hay otro grupo: muchos de quienes en su momento dejaron los terrenos siguen apostando a la reunión del 9 de marzo. “Falta censar cerca de un 40 por ciento de las personas. Yo voy a esperar al censo, sin hacerme responsable de los que volvieron. Muchos no tenemos nada que ver, estamos viviendo de prestados en casa de parientes o alquilando y aguantamos hasta el 9”, señaló Mónica Ponce, referente de otro grupo de los vecinos.
“Los que volvieron dicen que no se van a ir. Nosotros nos acercamos a hablar, especialmente para que respeten nuestro espacio, porque ya llevamos muchos días acá. Pasamos el calor y las grandes tormentas”, dijo Jésica. Si bien esta situación es prácticamente sinónimo de conflicto, en el barrio no se vive de esa manera: según la joven, todos los ocupantes son hijos del barrio y los vecinos son sus padres y familiares. Y afirman que lo que los moviliza a tomar terrenos es la imposibilidad de comprar casa. “Nosotros no tenemos oportunidades. En realidad, ningún joven de Rosario. Tengo amigos profesionales que tampoco pueden acceder a su casa. Vivimos con nuestros padres, o de prestados, pero no podemos ser cuatro o cinco familias en una casa”, se plantó Jésica.
En ese marco, lo cierto es que al endurecimiento de los ocupantes le corresponde un agravamiento del conflicto. Hoy por la mañana el Ejecutivo local realizará un pedido a la Justicia para que ordene liberar la zona, tanto de aquellos que nunca se fueron como de los que decidieron volver.
Además, UPCN reiteró la amenaza de huelga si la ocupación persiste. De hecho, para esta semana se convocó a una asamblea del gremio, y los delegados tienen “mandato” para decidir un medida de fuerza si “continúa la inacción oficial”.
La mayor parte de las 5 hectáreas usurpadas –entre los barrios Acindar, Alvear y Vía Honda– tienen precisamente como destino planes habitacionales para sectores de bajos ingresos, para lo que ya están diagramados los trazados de calles y la provisión de servicios: además del lote de UPCN hay un lote fiscal, que la Municipalidad destinará a nuevas viviendas del Plan Hábitat.
