La Corte Suprema de Justicia recibirá esta semana un pedido de ex combatientes de la Guerra de Malvinas para que se investiguen maltratos, torturas y hasta casos de homicidio en las islas durante el conflicto bélico luego de que la causa fuese declarada prescripta por el paso del tiempo.
La Cámara de Casación Penal denegó por mayoría la última semana un recurso de la fiscalía para que el caso vaya a la Corte con lo que virtualmente dejó firme la prescripción de la causa iniciada en 2007, y en la que se investigaba a medio centenar de militares, muchos de ellos en función.
Por ello, el fiscal ante la Casación Javier De Luca presentará esta semana, posiblemente mañana, un recurso de queja para que la Corte Suprema determine la reapertura de la causa en la cual están suspendidas más de medio centenar de indagatorias.
La sala I de Casación dictó una resolución que da la espalda a los ex combatientes, a días de cumplirse el desembarco de los soldados argentinos en las islas Malvinas, y mientras hay un cruce fuerte de declaraciones entre funcionarios del gobierno británico y el de la Argentina, a raíz del reclamo de soberanía que viene realizando la presidenta, Cristina Kirchner.
Los jueces Raúl Madueño y Luis María Cabral coincidieron en que “se pide una nueva investigación y un nuevo pronunciamiento sobre un tema ya decidido”, ello en referencia a que en 2009 el Tribunal ya había declarado que esos delitos no son de lesa humanidad, y por lo tanto prescriben con el paso del tiempo.
Además, recordaron que es aplicable a los hechos investigados el Código de Justicia Militar, “hoy derogado pero vigente al momento de los hechos en cuanto contemplaba el delito de abuso de autoridad, sin que puedan configurarse delitos de lesa humanidad”.
En su voto disidente, el juez Borinsky sostuvo que la definición “debe ser valorada y resuelta por la máxima autoridad judicial del país, la Corte Suprema de Justicia”, y por eso entendió que debían “concederse los recursos interpuestos” tanto por la fiscalía como por los querellantes en la investigación.
De todas maneras, el caso llegará a la Corte Suprema por vía del recurso de queja más allá de que en la práctica esta vía tiene menores chances tener aceptación y ser tratado a lo que ocurre cuando llega por vía de apelación.
Es por ello que las fuentes judiciales del caso interpretaron el fallo de la sala I de Casación como un obstáculo a los denunciantes en su objetivo por conseguir un pronunciamiento definitivo.
La investigación a cargo de la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego), Lilian Herraez, contaba con una gran cantidad de prueba, entre ellos innumerables testimonios de ex combatientes, quienes relataron las situaciones de torturas a las que fueron sometidos durante el conflicto bélico con Gran Bretaña en 1982.
Ahora, la causa está paralizada a la espera de la definición sobre la prescripción o no, y por ello quedaron suspendidas las más de 50 indagatorias requeridas.
Entre los testimonios, muchos ex soldados recuerdan haber matado ovejas u otro tipo de animales que se encontraban en campos desérticos de las islas y que ingerían casi crudos para poder sobrevivir a las hambrunas, consecuencia de la mala distribución de los alimentos que llegaban para la tropa argentina mientras los altos mandos tenían asegurada su ración por demás.
Según coincidieron muchos de los ex soldados los castigos incluían estaqueos durante toda la noche gélida y largas guardias a la intemperie que desembocaron en muertes por congelamiento y/o mutilaciones y/o principios de congelamiento.
El recurso sobre el cual tendrá que expedirse la Corte es caratulado “Taranto, Jorge Eduardo”, el nombre de uno de los militares imputados, quien planteó la prescripción apenas fue llamado a indagatoria.
