Beatriz Busaniche (*)
El proyecto presentado por el Diputado Federico Pinedo sobre regulación de servicios de internet tiene incorporada una falacia: la idea de que en internet no hay regulación. De hecho, lo dice explícitamente en los fundamentos al ofrecer las opciones posibles para el legislador: 1) la abstención absoluta de intromisión legislativa en el ciberespacio; 2) la autorregulación a partir de un marco propiciado por todos los sujetos involucrados; 3) la regulación legislativa, con mayor o menor rigurosidad
Pretender que en internet no hay ley no es inocente, sino que es una de las viejas estrategias para tratar de imponer en la red leyes más duras y restrictivas que las vigentes, incluyendo la eliminación de garantías constitucionales como la libertad de expresión y la presunción de inocencia.
El proyecto de Pinedo, quien ha hecho gala de un dominio envidiable de la neolengua orwelliana, pretende “liberar a las empresas de responsabilidad” otorgándoles responsabilidad si no ejecutan tareas de censura pronta y veloz, dando de baja contenidos supuestamente ilegales u ofensivos. En materia de libertad de expresión y de medios de comunicación, pues de eso se trata toda regulación de internet, imponer responsabilidades a las empresas no parece una buena idea, esencialmente porque ellas serán las encargadas de dar de baja contenidos de manera preventiva.
La iniciativa del PRO avanza de manera severa sobre garantías tales como el debido proceso y la presunción de inocencia, sobre la libertad de expresión y pretende construir un campo minado en la red. Si linkear a sitios ajenos puede hacernos penalmente responsables de lo que aquellos hagan o digan, entonces se quebrará uno de los principios esenciales de internet.
¿Podríamos pensar que el artículo 6 es la cláusula Taringa? Puede ser.
Por cierto, si bien el diputado macrista expresa su preocupación por temas como la pornografía infantil o las calumnias e injurias contra algunas personas, lo que se desprende del proyecto sin mención alguna, son los intereses de la industria del entretenimiento de dar de baja todo contenido que pueda perjudicar sus intereses comerciales. Al menos eso queda de manifiesto en iniciativas similares que son más explícitas como el proyecto de Ley Lleras en Colombia y los apartados sobre responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet de los Tratados de Libre Comercio de la Unión Europea, que se incluyen directamente en los apartados de Propiedad Intelectual. La Ley Lleras y los TLC están escritos de forma similar a la Ley Pinedo, todo parece salido de las mismas cabezas.
Todo parece obra de las mismas plumas, e incluso es similar a la cuestionada Ley Sinde, con la cual nadie se quiere comparar. Lo que propone Pinedo es habilitar la posibilidad de dar de baja contenidos de manera rápida y sin que medie defensa de las víctimas de esta forma de censura, sin importar las garantías constitucionales a la libertad de expresión y el derecho a una justa y debida defensa. Para todas las preocupaciones de Pinedo, ya existen leyes vigentes. Esta ley no suma nada en ese sentido, simplemente resta derechos a quienes, no siendo empresas, no nos podremos defender.
(*) Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Integrante de Fundación Vía Libre. Public Leader de Creative Commons en Argentina y Directora Ejecutiva de Wikimedia Argentina. Docente de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en Ciencias Sociales, Ayudante de Primera en el Taller de Datos, Cátedra Becerra y Titular de Cátedra del Seminario Copyright / Copyleft.
