El gobierno de Giorgia Meloni impulsa una reforma constitucional para modificar la estructura del Poder Judicial italiano. Para quienes la apoyan, se trata de un paso clave hacia una “justicia justa”; para sus críticos, es un intento de condicionar a los fiscales y debilitar la autonomía de la magistratura.
En este escenario, la comunidad italiana en América Latina —y especialmente en Argentina— puede tener un rol decisivo en el resultado del referéndum.
Qué propone la reforma
La iniciativa plantea tres cambios centrales sobre el modelo vigente desde 1948, tras la caída del fascismo:
- Separación de carreras
Actualmente, un magistrado puede desempeñarse como fiscal y luego como juez. La reforma prohíbe esa alternancia: quien elija ser juez no podrá ejercer como fiscal y viceversa. El argumento oficial es reforzar la imparcialidad del juez, evitando que haya tenido una función acusatoria previa.
- Cambios en el Consejo Superior de la Magistratura (CSM)
El Consejo Superior de la Magistratura es el órgano que gobierna a los magistrados: designa, evalúa y aplica sanciones disciplinarias.
La propuesta contempla:
Dividirlo en dos organismos: uno para jueces y otro para fiscales.
Incorporar un sistema de sorteo para su integración, en lugar de que sea elegido únicamente por votación entre pares, con el objetivo declarado de reducir el peso de las “correnti” (facciones internas).
- Creación de una Alta Corte Disciplinaria
Se establecería un tribunal externo encargado de juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados, quitándole esa atribución al CSM.
Quiénes apoyan y quiénes rechazan
En el bloque del SÍ se encuentra la coalición gobernante –Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia– junto con la Unione delle Camere Penali Italiane, que agrupa a abogados penalistas. Desde este sector sostienen que la reforma equilibra el proceso penal y fortalece la posición de la defensa frente a fiscales que hoy comparten estructura con los jueces.
En el frente del NO, la principal oposición proviene de la Associazione Nazionale Magistrati (ANM), que nuclea a cerca del 90% de jueces y fiscales. También se suman fuerzas de centroizquierda como el Partito Democratico (PD), el Movimento 5 Stelle y sectores académicos, que consideran que el sorteo del CSM es un experimento sin antecedentes en democracias occidentales y advierten sobre un posible debilitamiento institucional.
“No hay ningún país en el mundo que tenga el modelo italiano actual. Cualquier modelo, incluido el argentino, es un modelo a seguir. Necesitamos que Italia se aggiorni”, explicó Claudio Zin, exsenador y referente del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE), aliado del oficialismo. “Separar la investigación y la acusación de la garantía de la sentencia es básico en cualquier división de poderes”, agregó.
Desde la vereda opuesta, el diputado por América del Sur Fabio Porta (PD) cuestionó los argumentos oficiales: “Cada sistema es fruto de su historia. En Italia, los datos dicen que menos del 1% de los magistrados pasa de una carrera a otra. Es una excepción rarísima”. Según Porta, el verdadero objetivo sería “debilitar la autonomía de los magistrados para hacerlos permeables al Ejecutivo”.
El peso electoral en Rosario
En Rosario hay 60 mil ciudadanos italianos, de los cuales 55 mil están habilitados para votar y 5 mil son menores. En la circunscripción consular de Rosario –que incluye Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones– hay 173 mil ciudadanos italianos, con 150 mil electores habilitados.
“Es un referéndum confirmatorio: no se necesita quórum del 50%, sino que se gana por simple mayoría, aunque sea por un voto”, explicó el diputado italiano Franco Tirelli, también del MAIE.
Por cantidad de electores, Rosario es la tercera jurisdicción del mundo, detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Pablo (Brasil), lo que convierte al voto de la diáspora en un factor potencialmente decisivo en el resultado final.
