Con un desenlace casi cantado, el miércoles 29 se debatirá en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley promovido por el gobierno que declara la necesidad de reformar la Constitución de la provincia. El oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios para darle media sanción y girarlo al Senado; depende del acompañamiento de, al menos, dos de los espacios opositores, ya que se necesita una mayoría especial.
La iniciativa oficial, firmada por el gobernador Miguel Lifschitz, ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de abril. Dos semanas más tarde, los jefes de bloque resolvieron girar ese proyecto –en conjunto con los alternativos presentados por los justicialistas Luis Rubeo y Héctor Cavallero– a cinco comisiones. Luego, ingresaron otros dos proyectos: uno de los diputados de Igualdad –que promueve una reforma integral y no parcial– y otro de los senadores del Frente Progresista, en la Cámara alta.
El proyecto en debate es el que envió el gobierno, aunque en los últimos días –a partir del rechazo anunciado por parte de la oposición– los operadores legislativos del Frente Progresista retomaron las negociaciones con el resto del arco político, dispuestos a insertar algunos cambios con tal de lograr la media sanción. Difícil, pero no imposible.
Los plazos
Ante las demoras en el análisis del proyecto en comisiones –quedó estancado en Educación, la segunda de las cinco a las que fue girado–, el gobierno decidió acelerar los tiempos. Lifschitz instruyó a sus diputados para que planteen una sesión extraordinaria, con el objetivo de evitar más dilaciones y obligar a los legisladores a expresarse a favor o en contra.
El 9 de agosto, los diputados del Frente Progresista pidieron una sesión especial para el miércoles 29. La oposición accedió, pero casi de inmediato distintos espacios políticos plantearon que rechazarán el tratamiento del proyecto porque consideran que el verdadero objetivo de la reforma es consagrar la reelección del gobernador –hoy vedada– para que Lifschitz pueda competir por un segundo mandato en 2019.
El gobierno rechazó esa hipótesis y planteó, en distintos ámbitos, la necesidad de actualizar la Carta Magna para ponerla en línea con la reforma nacional de 1994. El último viernes, durante el acto en el cual le pidió perdón en nombre del Estado a una joven que fue violada por su padre, Lifschitz volvió a la carga al señalar que el juez que absolvió al acusado sólo puede ser destituido por la Corte: “Nuestra Constitución actual plantea un esquema de juicio político a los jueces que queda en manos de la Corte Suprema. Es como que la política casi no interviene, la sociedad civil no interviene y queda todo reducido al ámbito del Poder Judicial”.
Los tiempos juegan en contra del gobierno. Los plazos que prevé el propio proyecto para la elección de convencionales –siempre que las cámaras primero aprueben la necesidad de la reforma– son muy ajustados. La sanción de la ley en la Legislatura es sólo el primer paso; una vez promulgada la norma, corre un plazo de 120 días (cuatro meses) para la elección de convencionales constituyentes (el día de esa elección lo fija el Ejecutivo provincial) y luego hay un plazo máximo de 60 días para que sesione la convención.
En el proyecto se establece que la elección de los convencionales (69 en total, con criterio de paridad de género y lista de distrito único) “no podrá coincidir con otra elección”. En otros términos: la reforma sólo será posible antes del inicio del próximo proceso electoral provincial, que aún no tiene fecha, aunque se sabe que será desdoblado de las elecciones nacionales.
El poroteo
El 29 de agosto el Frente Progresista tiene tres desafíos. Primero, reunir quórum para la sesión: lo conseguirá si reúnen a 26 de los 50 diputados. Luego, conseguir el voto de dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento del proyecto sobre tablas, ya que no tiene dictamen. Tercero, lograr los dos tercios de la Cámara (34 votos) para darle media sanción y girarlo al Senado (donde también se requiere la misma mayoría agravada).
La distribución política de la Cámara baja diluye a priori las chances del gobierno. El oficialismo tiene 24 votos seguros y requiere de 34. El interbloque del PJ tiene 11 diputados, que anunciaron en conjunto ante la prensa que darán quorum pero luego votarán en contra del tratamiento sobre tablas. Los cuatro miembros del interbloque Igualdad se expresaron en la misma línea. Cambiemos, que tiene nueve diputados, no hizo ningún anuncio concreto, aunque el presidente del PRO santafesino, Federico Angelini, recordó que el suyo fue el primer espacio en declararse en contra de la reforma, en mayo, pocos días después del ingreso del proyecto.
Ante la negativa orgánica del PJ –avalada por las autoridades partidarias–, al Frente Progresista le queda como último recurso un acuerdo con Cambiemos y aun así le faltará un voto para llegar a la media sanción. ¿Logrará el oficialismo revertir las posiciones anunciadas por los diputados del PJ y de Igualdad? Las fuentes consultadas coinciden en que será muy difícil, aunque avisaron que lo intentarán hasta el mismo inicio de la sesión especial.
Puntos que pueden reformarse
La Legislatura sólo decide la necesidad de la reforma y los puntos a tratar, pero es la Convención Constituyente la encargada de darle forma al nuevo texto de la Constitución. El proyecto de la Casa Gris –el único habilitado para ser tratado el 29, aún con cambios– dispone reformas en las nueve secciones de la Carta Magna, actualizada por última vez en 1962.
En materia política, el proyecto incorpora la reelección del gobernador y vice por un solo período y fija el mismo límite para los senadores y los diputados provinciales, que hoy tienen reelección indefinida. Además, propone la figura del balotaje (o segunda vuelta) para la elección del gobernador. Y establece la paridad de género para las elecciones provinciales.
En cuanto a la autonomía municipal, determina que se deben reformar los artículos 106, 107 y 108 (régimen municipal) a criterio de la Convención Reformadora, aunque en su texto el gobierno establece dos pautas: la paridad de género para los comicios municipales y el mandato de cuatro años para las comisiones comunales.
Sobre la composición de la Cámara de Diputados, la Constitución vigente le otorga 28 bancas al partido que gana la elección y reparte las 22 bancas restantes según el sistema D’Hondt (proporcional a la cantidad de votos de cada partido). El nuevo texto deja de lado la mayoría automática y propone repartir las 50 bancas a través del sistema D’Hondt. Además, se busca ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
En otro capítulo, establece una serie de cambios y de nuevas figuras vinculadas con las instituciones de la provincia. Entre ellos, se destaca la propuesta de lograr una composición impar de la Corte Suprema de la provincia, que hoy está integrada por seis miembros.
Además, se buscará implementar un cambio sustancial para la designación del jefe de la Policía. Hoy es potestad exclusiva del gobernador; en el proyecto enviado a las cámaras se establece que deberá ser votado por la Asamblea Legislativa, que componen la totalidad de los senadores y diputados provinciales.
También se apunta a la incorporación, con rango constitucional, de las convenciones internacionales ratificadas por la Argentina en la reforma de 1994. Y se propone establecer la neutralidad religiosa del Estado provincial.
En otro punto, el proyecto fija criterios de progresividad en materia impositiva. Y determina además que las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del sector público seguirán bajo la órbita de la Caja de Jubilaciones de la provincia, con “carácter intransferible”.
