“Voy a seguir impulsando la reforma de la Constitución hasta el último día de mi mandato”, señaló el gobernador Miguel Lifschitz a través de una carta abierta publicada en su cuenta de Facebook, donde además les exige a los legisladores provinciales una definición sobre el proyecto que quedó empantanado en la Cámara de Diputados.
El mandatario socialista insistió en que la reelección no es el objetivo más importante del proyecto. Y criticó a los legisladores –propios y ajenos– por las dilaciones en el tratamiento de la ley que declara la necesidad de la reforma, que está varada en la comisión de Educación de Diputados.
De entrada, el gobernador reconoce que la reforma iba a ser difícil para el oficialismo ya que se requieren de los dos tercios de cada cámara para sancionar la ley: “Sabíamos que no teníamos votos propios en ninguna de las dos cámaras. Siempre supimos, también, que no todos los que se dicen a favor de la reforma tenían la convicción necesaria para llevar adelante el proceso con garantía de éxito. Pero aun así asumimos la tarea. Hemos arrimado la pelota al área como nunca, aunque no siempre se mete el gol en la primera llegada. Habrá que ensayar otras jugadas y así lo seguiremos haciendo”.
En su carta, Lifschitz hizo un recorrido desde la primera convocatoria a los partidos políticos para debatir el tema –en 2016– hasta el envío del proyecto oficial en abril de este año. Allí repasa los encuentros con instituciones de la sociedad civil, especialistas, constitucionalistas, intelectuales, dirigentes políticos y ciudadanos particulares.
La iniciativa tuvo dictamen favorable en la comisión de Asuntos Comunales pero quedó trabada en Educación, donde el oficialismo es minoría. Se trata de la segunda de las cinco comisiones a las que fue girado el proyecto. El paso del tiempo y la falta de consenso político diluyeron la posibilidad de lograr la reforma durante 2018.
“Pareciera que todo se reduce a una cuestión de tiempos”, continuó Lifschitz. Y propuso: “Pongámonos de acuerdo con los tiempos. Siempre creí que lo principal es lograr el objetivo. Queda claro que algunos de los que impidieron la reforma durante 24 años desde el gobierno, ahora lo siguen haciendo desde la oposición. Y algunos de quienes se suponía que venían a representar el cambio y la nueva política, puede ser que terminen optando por la posición más cómoda y conservadora de mantener el statu quo”.
Aunque no menciona nombres propios, esas críticas parecen dirigidas a los legisladores del PJ, en primer lugar, y a algunos de los legisladores del Frente Progresista, como el diputado socialista Eduardo Di Pollina, que ha advertido en declaraciones públicas sobre las dificultades políticas para avanzar con el tema: “Si la reforma tuviera consenso unánime, ya la estaríamos tratando”, dijo Di Pollina a fines de junio.
En su escrito, el gobernador también se refirió al “menú de excusas” que han planteado dirigentes de la oposición: “Están quienes dicen que hay que hacer una reforma total (en referencia a Héctor Cavallero y a los diputados del interbloque Igualdad), aunque eso no lo creen ni ellos, nunca se hizo una reforma total de ninguna Constitución y eso no lo votaría nadie. Otros dicen lo clásico, de manual, que hay temas más urgentes como la seguridad, la inflación o las tarifas (en alusión a los diputados de Cambiemos). Compartimos esas preocupaciones, por supuesto, pero no por eso tenemos que dejar de trabajar en construir un modelo de futuro para nuestra provincia, partiendo del fortalecimiento de nuestras instituciones. De hecho, es nuestra obligación hacerlo, como lo hicieron otros. ¿O será que en 1853 o en 1962 o en 1994 no había problemas en el país?”.
Según el gobernador, la sociedad “espera una definición de sus legisladores”. En ese punto, criticó por igual a oficialistas y opositores por “sacarse de encima la responsabilidad de un debate, derivando el proyecto a muchas comisiones, lo cual, con el habitual ritmo legislativo, prolongará el tratamiento de manera indefinida”.
