El periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, se cruzó duro con el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, durante el debate en el Senado sobre los proyectos de reforma judicial.
Verbitsky volvió a expresar su rechazo al proyecto que regula las medidas cautelares al sostener que su texto «se redactó de manera errónea y apurada», al tiempo que exigió cambios. Además, consideró que el proyecto «no refleja lo que dijo la Presidenta (Cristina de Kirchner)».
«La iniciativa de enviar este proyecto para reformar la Justicia es una deuda de la democracia. La política tiene que hacerse cargo del tema y esa es la lectura general. Pero esto no quiere decir que los proyectos nos parezcan perfectos. Algunos nos parecen buenos, regulares, otros malos, con objeciones de tipo constitucional que son en los que queremos concentrarnos», afirmó el periodista.
Verbitsky agregó: «Hemos utilizado a las medidas cautelares para la defensa de los derechos humanos, instrumento muy importante que no debería ser afectado por un reforma que tiende a la democratización de la justicia tal como está presentado el proyecto».
Asimismo, el periodista dijo que el CELS plantea objeciones que servirán para «blindar» la reforma judicial impulsada por el Gobierno. «Sabemos que hay presiones corporativas, por eso es fundamental blindar esta reforma para que sirva», lanzó.
Por su parte, Álvarez respondió: «Los fundamentos del documento del CELS son imprecisos, erróneos, y ayudan a la ensalada que generan quienes dan debate en los medios de TV y no en el Congreso».
Luego, el funcionario propuso tres cambios al proyecto. En primer lugar, planteó establecer como excepción a las cautelares contra el Estado los casos de «vida digna», según la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según explicó, el concepto contempla los casos que el CELS pide regular para proteger a los «sectores más vulnerables».
En segundo lugar, propuso introducir otro párrafo al proyecto oficial «para que no quede ninguna duda de que este Gobierno nacional va a cercenar la libertad sindical». El texto que se agregaría establece que en caso de «actos, hechos u omisiones en consecuencia de un conflicto colectivo de trabajo, las medidas cautelares podrán ser requeridas solo si se tratase de un servicio esencial y hubiera medido incumplimiento a las medidas de preavisar».
Por último, Álvarez también propuso establecer que «el otorgamiento de una cautelar contra el Estado impone al juez el deber de procurar una mayor celeridad en pos de la decisión jurisdiccional definitiva».
Si bien el proyecto de regulación de las medidas cautelares ya tiene dictamen de comisión, cualquier reforma puede ser incorporada en el debate en el pleno del cuerpo que se efectuará el próximo jueves en el marco de una sesión especial solicitada por el Frente para la Victoria.
En la Cámara de Diputados, la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la oficialista Diana Conti comenzó a debatir tres proyectos de los seis relacionados a la reforma judicial. Se trata de los vinculados al ingreso igualitario al Poder Judicial, y la publicación en Internet de las declaraciones juradas y las decisiones judiciales.
Conti, que según la agencia Télam anticipó que podrían realizarse cambios en los tres textos, encabezará los dos plenarios debido a las diferencias públicas que viene manteniendo el titular de la comisión de Justicia, el riojano Jorge Yoma, con las propuestas del gobierno desde hace un año, lo que generó un pedido público del titular del bloque Agustín Rossi, para que abandone ese cargo.
En caso de conseguir la firma de los dictámenes, el Frente para la Victoria llevará los temas al plenario de la Cámara en una sesión especial que ya fue pedida para este miércoles.
De esta forma, las dos cámaras parlamentarias abordarán las propuestas diseñadas por el Gobierno nacional para reformar la justicia, y empezar a transitar el camino para sancionar estos proyectos, que son respaldados desde el oficialismo y otras bancadas, pero rechazadas por un conglomerado heterogéneo de partidos políticos.
De hecho, dirigentes opositores de la UCR, PRO, Coalición Cívica, Peronismo Federal, y el FAP realizaron este mediodía un abrazo en Tribunales, para manifestarse en contra del paquete de leyes para democratizar la justicia, en la misma línea de pensamiento expresada por el moyanista y titular del gremio de empleados de Justicia, Julio Piumato.
