Gremios y cámaras empresarias coincidieron en un reclamo poco habitual en el marco del debate por la reforma laboral: rechazar la eliminación de los aportes obligatorios establecidos en los convenios colectivos. Sin embargo, desde cámaras locales advierten que esa discusión está lejos de reflejar la realidad cotidiana de las pequeñas y medianas empresas. Es el caso de la Federación Gremial de Comercio e Industria (Fecoi), que mantiene fuertes diferencias con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y considera necesaria una reforma laboral, aunque cuestiona que el debate actual esté completamente desconectado de las urgencias que atraviesan las pymes.
Desde Fecoi señalan que mientras los gremios y las grandes cámaras empresarias concentran la discusión en la defensa de aportes y cajas sectoriales, las pequeñas empresas están “peleando contra viento y marea” para sostener sus estructuras. En ese sentido, aseguran que “la producción y el empleo no está en la agenda del debate” y que de hecho “las pymes no fueron convocadas”. En un contexto de actividad deprimida, dificultades crecientes para acceder al crédito, aumento de la morosidad y un fuerte salto en la cantidad de cheques rechazados, advierten que la agenda de la reforma debería poner el foco en la supervivencia del entramado pyme y no sólo en disputas por financiamiento institucional.
En paralelo, la CGT y entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Came y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) confluyeron en una estrategia común para intentar frenar o modificar el proyecto oficial que se va a discutir en el Senado. La central sindical apuesta a negociaciones reservadas con el oficialismo y a dilatar el tratamiento legislativo, mientras observa con atención la fractura que la iniciativa provocó dentro del empresariado.
La tensión se profundiza porque no todas las cámaras empresarias tienen la misma postura. Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades respaldan la reforma impulsada por el Gobierno, CAC, Came y Adimra cuestionan que se avance sobre aportes compulsivos que (según argumentan) fueron acordados libremente en paritarias y cuya eliminación podría derivar en una ola de judicialización.
El conflicto atraviesa sectores clave como el comercio y la metalurgia. En el primero, está en discusión el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (Inacap), financiado por los empleadores. En el segundo, el eje está puesto en el aporte del 1% sobre las remuneraciones que beneficiaba a Adimra, un esquema que ya había generado resistencia entre pymes y derivó en reclamos judiciales.
En este escenario, la CGT y las cámaras críticas del proyecto oficial terminaron alineando posiciones. En ámbitos sindicales y empresariales circula la idea de que si el Gobierno decide preservar las cuotas solidarias que sostienen a los gremios, podría aplicar un criterio similar con los aportes empresariales. Del otro lado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mantiene su ofensiva contra estos mecanismos, a los que define como “cajas” millonarias que la reforma laboral busca desarticular al convertir los aportes en voluntarios.
