El primer pedido de per saltum relacionado con la reforma judicial llegó ayer a la Corte Suprema. El planteo fue presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra uno de los seis proyectos que forman parte de la reforma, el que limita el régimen de medidas cautelares contra el Estado.
El abogado recurrió al máximo tribunal ante el rechazo “in limine” del planteo por parte de la jueza subrogante en lo contencioso administrativo federal Nº8, Cecilia Gilardi, quien argumentó que esas normas aún no habían sido promulgadas por la presidenta Cristina Kirchner.
Gil Domínguez dijo que en el caso hay “gravedad institucional”, que es uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación del per saltum.
“Después del fallo de primera instancia oportunamente apelé y me tocó la sala I del fuero contencioso, pero interpuse un per saltum y le notifiqué a la Cámara planteando que hay una situación de gravedad institucional”, señaló el abogado.
Los fundamentos
Al fundamentar su presentación, Gil Domínguez dijo que para las Naciones Unidas “la ley viola el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos”; al tiempo que justificó el planteo “por los derechos que la ley deja indefensos y porque la comunidad jurídica se ha expedido en contra”
Si bien indicó que el recurso interpuesto se limita a la ley que regula las cautelares, el planteo de gravedad institucional se expande a otras dos normas sancionadas: la reforma del Consejo de la Magistratura y la ley de creación de nuevas cámaras de casación.
Ahora la Corte debe determinar si hay gravedad institucional y en ese caso abrirá el grifo para intervenir en los planteos de las otras leyes cuestionadas del paquete de reforma judicial.
El último proyecto es ley
Por otra parte, en la madrugada de ayer se sancionó el sexto y último proyecto de la reforma judicial impulsada por el gobierno, el relacionado con el “acceso democrático” al Poder Judicial mediante concursos para cubrir cargos disponibles.
La iniciativa fue avalada con 130 votos del oficialismo, tras un extenso debate sobre la propuesta de blanqueo de dinero no declarado, la que también el kirchnerismo logró convertir en ley en una sesión que comenzó al mediodía del miércoles y que concluyó en la madrugada de ayer.
El arco opositor en su conjunto votó en contra –reunió 84 sufragios–, aunque no hubo debate al respecto.
